La Procuración General de la Nación le envió una nota al gobierno nacional de Javier Milei en la que señaló “la profunda preocupación institucional” por las críticas que Venezuela realizó a través de un comunicado.
El escrito estuvo dirigido a la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona, y a otro funcionario de la Procuración, luego que la semana pasada dictaminó a favor del decomiso del avión iraní-venezolano que había llegado al aeropuerto de Ezeiza a mediados de 2022.
La Procuración señaló que Venezuela “pretende descalificar a la titular de la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora, doctora Cecilia Patricia Incardona, y al titular de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de este Procuración General, doctor Diego Solernó, por la sola circunstancia del estricto cumplimiento a sus funciones en el marco de un proceso donde les toca intervenir por imperio legal”.
La nota fue enviada a la Cancillería, a cargo de Diana Mondino, y lleva la firma de Juan Manuel Olima Espel, a cargo de Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, en la que dice que la remite “por expresa disposición del Procurador General de la Nación (i), doctor Eduardo Ezequiel Casal”.
A fin de año, Incardona había dictaminado para que el avión sea decomisado, tal como también había pedido el gobierno de Estados Unidos. Se trata del Boeing 747 de la aerolínea estatal venezolana Emtrasur que había arribado a la capital argentina el 6 de junio de 2022 y, dos días más tarde, tenía previsto viajara hacia Montevideo.
Pero Uruguay le denegó acceso a su espacio aéreo, por lo que debió regresar al aeropuerto de Ezeiza, donde fue incautado luego de quedar varado por falta de combustible. La justicia federal de Lomas de Zamora abrió una investigación para saber si el avión fue utilizado para realizar actividades sospechosas.
Los ocupantes del avión recibieron la falta de mérito y el gobierno de Estados Unidos había solicitado la extinción de dominio de la máquina, lo que le permitiría tomar posesión de la misma.
La medida fue ordenada finalmente por la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia. En agosto, un juez norteamericano había pedido el decomiso del avión y su registro para obtener una serie de pruebas. El juez federal Federico Villena hizo lugar a esos requerimientos y le encomendó la tarea a la PSA y al FBI.
La causa que tramita en los Estados Unidos está basada en la transferencia irregular por parte de la aerolínea iraní Mahan Air a Emtrasur. “La aerolínea iraní Mahan Air, también conocida como Mahan Airlines y Mahan Airways (Mahan Air), hizo una transferencia del Boeing a la aerolínea venezolana Empresa de Transporte Aerocargo del Sur, S. A. (EMTRASUR) y, después, EMTRASUR reexportó el Boeing a destinos que incluyen Irán y Rusia, todo ello en violación de la ley estadounidense, específicamente la Ley de Reforma del Control de las Exportaciones (en adelante ECRA, por sus siglas en inglés) de 2018, sección 4801 y siguientes del título 50 del Código de los Estados Unidos”, explica el pedido de colaboración que llegó a la Argentina en agosto.
Ante el dictamen del avión, el gobierno de Venezuela emitió un comunicado que fue replicado en las cuentas de la red social X (ex Twitter) de la embajada de Venezuela en Argentina, del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz y del canciller Yvan Gil.
Allí sostiene que Venezuela “rechaza de manera categórica” el dictamen de la Fiscalía de decomisar de la aeronave que señala está “ilegalmente retenida”.
“La Justicia argentina pretende desconocer el contenido del artículo 27 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional que establece la prohibición o paralización o embargo de una aeronave en servicio por cuestiones de patentes, y que luego de probarse en un juicio, lleno de arbitrariedades en incumplimiento del propio ordenamiento jurídico interno, que la tripulación, la aeronave y la carga, cumplieron todas y cada una de las normas internacionales para la navegación aérea y del ordenamiento jurídico argentino”, sostuvo el gobierno de Nicolás Maduro.
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