El ajedrez que se mueve en la Justicia frente a las demandas contra el DNU

La Justicia aún no ha dado definiciones a los cuestionamientos que le han hecho al decreto de necesidad y urgencia de desregulación económica que puso en marcha el gobierno de Javier Milei. Más allá de los distintos planteos, ningún fallo hizo lugar a los reclamos de medidas cautelares para frenar su aplicación que ya empezó a regir, con la derogación implícita de decenas de leyes. Tampoco a declarar la inconstitucionalidad de ese texto completo o en parte. El escenario está abierto a la espera del veredicto de los tribunales y sin plazos inmediatos, mientras en el Congreso todavía no se terminó de constituir la comisión bicameral ni el decreto llegó oficialmente, vía Ejecutivo, al recinto.

“Al final no pasó nada”, decían en tribunales sobre el final del último día hábil del año. Por lo pronto, la Corte Suprema de Justicia ya recibió el primer planteo minutos antes de la medianoche del viernes. Lo impulsó el gobernador de La Rioja Ricardo Quintela, uno de los mandatarios provinciales que hace un año, junto al ex presidente Alberto Fernández, impulsaron el juicio político contra los ministros del máximo tribunal.

La Rioja promovió una acción declarativa de certeza contra el DNU en la que se busca se declare su inconstitucionalidad y el dictado de una medida cautelar de no innovar que disponga la suspensión total de los efectos de la norma y que se ordene al Poder Ejecutivo de la Nación no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la presente causa.

Lo que hizo la Corte, a través de la secretaría de asuntos originarios, al mediodía del viernes fue remitir el tema a la Procuración General para que dictamine por la competencia, pero avisar: “Sin perjuicio de ello, y por disposición del Tribunal, se hace saber que esta Corte estudiará las cuestiones sometidas a decisión luego del receso correspondiente a la próxima feria judicial del mes de enero”. Según ya estaba previsto, durante toda la feria estará el presidente de la Corte Horacio Rosatti y solo durante la primera semana de enero será acompañado por sus colegas Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La decisión, no obstante, fue celebrada por el constitucionalista Raúl Ferreyra, quien junto a su colega y ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni, elaboró la presentación en nombre de la provincia de La Rioja. “Se abrió el juego -dijo Ferreyra- La Corte adoptó su decisión en menos de 12 horas, porque la demanda se presentó el jueves 28 a las 23 horas. Las decisiones de los jueces de la Corte significan una tarea institucional muy valorable del Más Alto Tribunal de Justicia de la República por su prontitud y determinación jurídica”.

La provincia de Buenos Aires también objetó el DNU y pidió su inconstitucionalidad, pero lo hizo a través del Defensor del Pueblo de la provincia Guido Lorenzino, y no ante la Corte Suprema sino ante un juzgado federal de La Plata. Le tocó al juez Alberto Recondo, que le denegó a un abogado una cautelar contra el DNU por no estar legitimado para actuar por su simple rol de ciudadano que alegaba lesiones a disposiciones constitucionales de un modo genérico y amplio.

Todas las mirada se las lleva el juez en lo contencioso administrativo Esteban Furnari, quien se perfila como el encargado de agrupar todas las demandas que impugnan el decreto. Fue el responsable de recibir la presentación que interpusieron el 21 de diciembre representantes del Observatorio del Derecho a la Ciudad, la CTA Autónoma, ATE y la agrupación Unión Popular, con su referente, el economista y ex funcionario Claudio Lozano. Lo que hizo Furnari fue ordenar su inscripción en el Registro de Procesos Colectivos, sin pronunciarse sobre si es admisible avanzar contra el DNU.

En el mientras tanto, más de una veintena de presentaciones se hicieron en los tribunales. Incluso algunas, como la del constitucionalista Andrés Gil Domínguez o el ex titular del Colegio Público de Abogados porteño, el integrante del Consejo de la Magistratura porteño Jorge Rizzo, que pedían expresamente que sus demandas corrieran por cuerda separada. Pero todas fueron derivadas al juzgado de Furnari.

“AMPAROS DNU 73 2023. Por favor, no presenten más, chicos. Si quieren estar elijan uno de los que están y adhieran por sus propios fundamentos. Vamos a armar un cuello de botella y no van a resolver ni para 2084. Es la estrategia del gobierno, que se le llene el juzgado a Furnari -escribió Rizzo en su red social X-. Ocurre que en los procesos colectivos hay una sentencia única. Es decir, hasta que el último de los expedientes no esté para dictar sentencia el juez no va a fallar. Si entra cualquier cantidad de amparos, le hacemos el juego al Gobierno”.

No obstante, la Confederación General de los Trabajadores ya había hecho su propia presentación y no en el fuero de la gobernabilidad, como se conoce a los tribunales en lo contencioso administrativo. El reclamo fue hecho en el fuero laboral: pidieron que se frenara la aplicación del derecho por los derechos laborales que se veían afectados.

Justo mientras la masiva movilización que se hizo al edificio de la calle Talcahuano tenía lugar, el juez laboral José Ignacio Ramonet rechazó el miércoles hacer lugar a una “medida cautelar interina” contra el DNU por el solo hecho de que para ese momento no había entrado en vigencia, pero se declaró competente, le dio tres días al Estado para que conteste el amparo y hasta detalló quiénes eran las autoridades de su fuero en enero para pedir la habilitación de feria, en una clara señal de intentar resolver con premura.

Pero estratégicamente la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Rodolfo Barra, hizo un planteo de inhibitoria para que la justicia en lo contencioso administrativo federal le pidiera a la laboral que se declare incompetente para intervenir en el amparo de la CGT. Y el juez Furnari siguió este viernes el pedido del Gobierno.

El juez Ramonet también reaccionó y decidió dar pelea en su causa. Anoche, el magistrado dejó en claro que no había sido notificado formalmente de la inhibitoria (”solo una comunicación ‘de cortesía’”, dijo) para poder pronunciarse al respecto.

“Sin perjuicio de esta cuestión formal -por la que pareciera que, al menos para el Fuero Contencioso Administrativo Federal, esta cuestión no es urgente-, lo cierto es que el tenor de las presentaciones efectuadas por el distinguido letrado de la parte actora (la CGT, oponiéndose a que pase), tornan inoficioso -de momento- plantear una cuestión de competencia con aquél fuero, por cuanto el recurso interpuesto suspende los efectos de la inhibitoria dictada, hasta tanto sea resuelto”, escribió en el fallo al que accedió Infobae.

Y añadió: “En función de lo expuesto, y sin perjuicio de mantener el suscripto los fundamentos expresados en la resolución en la que asumí competencia, por cuanto si bien hay intereses colectivos afectados, los mismos no son homogéneos por cuanto no puede aplicársele tal adjetivo a situaciones tan disímiles como la afectación de derechos de trabajadores y sindicatos (planteada específicamente en esta causa), y, por ejemplo, la situación de los inquilinos ante las modificaciones procuradas por la norma cuestionada, o la de los consumidores frente a la eliminación de diversos registros de contralor, por solo mencionar algunos, ya que la norma dictada, resulta inédita en nuestro derecho, no tanto por la forma (que podrá o no resultar válida de acuerdo a lo que resulte del trámite legislativo), sino por la cantidad de normas que ha modificado, o lisa y llanamente derogado, corresponde tener presente lo manifestado y ordenar que sigan los autos según su estado”.

No obstante, trabado el conflicto de competencia, la decisión quedará en manos de la Cámara en lo Contencioso, según lo establece el artículo 20 de la Ley 26.854, de la ley de cautelares de 2013. “Todo conflicto de competencia planteado entre un juez del fuero contencioso administrativo y un juez de otro fuero, será resuelto por la Cámara Contencioso Administrativo Federal”, dice ahí.

Con ese escenario, las miradas apuntan a ese tribunal. Y un detalle llamó la atención. En la feria estarán trabajando los jueces Sergio Fernández y Carlos Manuel Grecco. Sergio Fernández es uno de los hombres fuertes del fuero. Grecco cumplió 75 años en 2018 y recibió entonces la reválida por cinco años que se vencen en abril. El gobierno anterior había enviado un nuevo mensaje al Senado para que se evalúe volver a renovarle por cinco años más.

Un detalle: a inicios de la gestión de Javier Milei, el ministro Mariano Cúneo Libarona había retirado los pliegos del candidato a Procurador general, el juez Daniel Rafecas, y de otros 62 candidatos a jueces. Pero habían quedado algunos pliegos más en la Cámara Alta. Este jueves, el 28 de diciembre, el Ejecutivo, con la firma de Cúneo y Milei, mandó un nuevo mensaje al Senado: “Tengo el agrado de dirigirme en a su honorabilidad de con el fin de solicitar el retiro de los mensajes por los cuales se solicitó el acuerdo para la designación de los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial de la Nación”. Había cuatro nombres: el primera era Grecco.