Stornelli denunció a la PSA del kirchnerismo por espionaje: Lago Escondido y el teléfono de Sabag Montiel en la mira

El fiscal Carlos Stornelli denunció penalmente a los “autores, cómplices y encubridores” que llevaron adelante tareas de inteligencia desde la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La acusación surge del fallo que hace una semana cerró la causa por el viaje de un grupo de jueces y empresarios a Lago Escondido, ocurrido en octubre de 2022, y dispuso el sobreseimiento de todos los involucrados: los jueces Julián Daniel Ercolini, Carlos Alberto Mahiques, Pablo Yadarola, Pablo Gabriel Cayssials, el procurador porteño Juan Bautista Mahiques y el ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, entre otros. Allí se sostuvo que existió una “actividad de seguimiento irregular” por parte de esa fuerza.

Puntualmente, Stornelli acusó, sin dar nombres, a la PSA de espionaje ilegal. Y aseguró que hubo una “irregular actividad “ en donde se intentó incorporar a causas “registros de comunicaciones telefónicas, excediendo sus atribuciones por ser medidas de estricto carácter jurisdiccional, intentando disimular dichas circunstancias”.

Y también incluyó en su acusación la destrucción del teléfono de Fernando Sabag Montiel, acusado de haber intentado matar a la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner. El contenido del teléfono se perdió en las primeras horas posteriores a la detención y la querella de CFK apuntó contra la jueza María Eugenia Capuchetti. La PSA fue la responsable de haber dejado expuesto aquel primer tropiezo y de haber recuperado parte del material que había en el equipo. Sin embargo, un peritaje de Gendarmería afirma que el reseteo a modo fábrica del celular ocurrió cuando el celular ya estaba en poder de la PSA, luego de haber recibido instrucciones de avanzar con el intento de la extracción de información.

Aquí Stornelli actuó como denunciante. Por sorteo la denuncia recayó en el juzgado a cargo de Ariel Lijo, quien correrá vista a la fiscalía para resolver si impulsa la investigación y, en ese caso, hace lugar a las medidas de prueba sugeridas.

El rol de la PSA siempre estuvo en la mira para los jueces de Comodoro Py luego de la explosión del escándalo de Lago Escondido, pero cobró notoriedad pública cuando se conocieron supuestos chats de los participantes del viaje en los que hablaban de la difusión de la noticia. Esos diálogos -registrados en la aplicación Telegram- habrían sido sustraídos de un hackeo al teléfono celular de D’Alessandro, uno de los viajeros, a través de la duplicación de la tarjeta SIM. El ex ministro de Seguridad porteña denunció el ingreso ilegal a su móvil y que los chats fueron adulterados. Esos supuestos diálogos se conocieron el fin de semana previo a la condena de la vicepresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión en la causa Vialidad y fueron parte de la exposición que hizo la ex jefa de Estado tras su condena.

Sin embargo, antes de que esos chats se filtraran, la planilla de ese vuelo privado había sido difundida en redes sociales. Sobre ese punto hizo hincapié la semana pasada el juez Sebastián Ramos cuando sobreseyó a todos los pasajeros. También apuntó a la declaración de los pilotos que precisaron que personal de la PSA les hizo firmar de puño y letra ese formulario y que también los escoltó hasta la pista de despegue. “Cuando ingresé al aeropuerto fue esa mujer de la PSA la que me preguntó si ese era el vuelo que llevaba a los jueces. Esto me llamó la atención ya que ellos no deberían tener conocimiento de los pasajeros”, contó uno de los pilotos.

Si bien dentro de la denuncia de Ramos hay otra pata que investiga si existió espionaje, Stornelli recoge el guante de los fundamentos del fallo, suma otros hechos y reclama investigar a la PSA que comandó José Glinsky por espionaje.

“En su conjunto, tales circunstancias obligan, más allá de lo que cada magistrado ha decidido, efectuar una profunda investigación respecto de las actividades desarrolladas por esta fuerza -afirmó Stornelli en la denuncia a la que accedió Infobae-. Imperioso resulta conocer, no solamente el fundamento de la existencia de una ‘oficina de inteligencia’ en la PSA, sino qué actividades ha desarrollado y a quienes las ha reportado. Fácilmente se podrá bucear en las diversas solicitudes efectuadas a cualquier base de datos, desde las claves asignadas a esa dependencia”.

El fiscal también advirtió que la PSA " ha sido utilizada numerosas veces, entiendo que de manera desprevenida, como ‘mini’ policía para realizar diversas diligencias que nada tienen que ver con su gestión”. Y añadió: “estoy en condiciones de afirmar, al menos en cuanto a la necesidad de promover una investigación, que esta fuerza, desde hace algún tiempo que no puedo precisar, ha desnaturalizado su función específica y se ha dedicado, entre otras cosas, a seguimientos, intromisión en la vida privada de las personas, seguimientos fílmicos y fotográficos que lejos están de sus obligaciones específicas y más bien podrían, quizás, enmarcarse en actividades de inteligencia ilegal”.

En ese contexto, el denunciante sugirió que se analicen la totalidad de los procedimientos en los que la PSA intervino en los últimos cinco años y “se recabe, con toda urgencia, la totalidad de accesos, desde la PSA, a bases de datos con individualización de cada una de ellas y las claves utilizadas”. También reclamó que “se establezca, sin excepción, la totalidad de claves que por cualquier circunstancia estuvieses asignadas a la PSA y cada uno de sus integrantes”. Y se lleve adelante “una auditoría profunda sobre todas !os registros fílmicos, fotográficos efectuados por dicha Fuerza”.

El objetivo apunta además a reconstruir las “tareas del área de inteligencia así como de los reportes de sus actividades, no solamente al ministerio de seguridad sino al sistema nacional de inteligencia”. Y quiénes intervenían, si había expedientes clasificados y con qué tipo de equipamiento contaban.