La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) presentó su “Informe de Gestión Anual” donde relevó un total de 17.850 denuncias en lo que van del año, de las cuales 9162 fueron por violencia doméstica. A su vez, el 99% de los casos se derivaron a la Justicia Nacional en lo Civil y, a su vez, se entregaron un total de 820 botones antipánico.
Dicho “Informe de Gestión Anual” fue presentado por la OVD ante su Grupo de Trabajo Asesor, conformado por un grupo de jueces de distintas instancias, y contó con la presencia del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz.
En lo que va del año, esta oficina, creada en 2006 por el Máximo Tribunal para facilitar el acceso a la justicia de personas en situaciones de vulnerabilidad, recibió presentaciones de un total de 17.850 personas, de las cuales 9162 fueron por violencia doméstica, 6962 fueron consultas informáticas y 1726 consultas telefónicas.
“De las denuncias recibidas, el 99% de los casos fueron derivados a la Justicia Nacional en lo Civil, un 16% al fuero Criminal y Correccional y un 68% a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires (una misma denuncia puede tener múltiples derivaciones)”, informó la OVD en un comunicado.
A su vez, a raíz de los casos recibidos “se confeccionaron 2.074 informes médicos y se gestionó el ingreso de 28 mujeres a refugios de la Dirección General de la Mujer dependiente del Gobierno porteño”. También se organizó la entrega de 820 botones antipánico y “3.672 casos con menores afectados o expuestos a situaciones de violencia y vulneración de derechos fueron derivados al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del GCBA”, detalló el comunicado.
La OVD funciona todos los días del año durante las 24 horas. Según el informe, el 68% de las personas atendidas fueron en horacio extrajudicial.
Este año la dependencia de la Corte Suprema llevó a cabo la implementación de un “Protocolo único de Examen de Víctimas de Violencia Sexual” y realizó un total de 13 capacitaciones externas. Además lanzó siete publicaciones estadísticas y casi 1100 afiches de difusión, que fueron colocados en diferentes establecimientos de votación.
Según se informó, el Grupo Asesor de la OVD está compuesto por Julio Marcelo Lucini (presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional); Carlos Carranza Casares (vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil); Fernando R. Ramírez (juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n.° 9); Analía Monferrer (jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n.° 2); Silvia Mónica Fariña (vocal de cámara de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca); Yamile Susana Bernal (jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n.° 8); Carlos Federico Cociancich (juez del Juzgado de Menores n.° 6); Alejandro Javier Siderio (juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n.° 82); Agustina Díaz Cordero (jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n.° 23 y miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación) y María Eugenia Capuchetti (jueza de cámara del Juzgado Criminal y Correccional Federal n.°5).
La OVD se creó por medio de la Resolución 39/2006 y fue inaugurada por la jueza Elena Highton de Nolasco el 15 de septiembre de 2008. Su primer propósito fue trabajar en asuntos de violencia doméstica con acento en las situaciones de especial vulnerabilidad. En 2016 se amplió el foco y empezaron a atenderse casos de trata de personas con fines de explotación sexual.
El cuerpo profesional del organismo está constituido por un equipo multidisciplinario, con abogados, psicólogos, trabajadores sociales y personal médico que recibe cada denuncia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. En base a esta se elabora un acta, se analiza el nivel de riesgo y se confecciona -en el caso de proceder- un informe médico para constatar lesiones. Luego, en función de los hechos, se lleva adelante una derivación que resulta judicial o no judicial.
La OVD, por otra parte, depende de la vicepresidencia de la Corte Suprema en virtud de la Acordada 17/2008.
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