El Consejo de la Magistratura de la Nación tendrá el próximo miércoles su último plenario del año con, por lo menos, tres hechos salientes. El primero será el debut en el organismo del senador del PRO Luis Juez, que se incorpora luego de un año de batalla judicial con el kirchnerismo por ese lugar. El segundo es que el gobierno de Javier Milei no designó a su representante, una de las piezas fundamentales en el engranaje de funcionamiento. Y el tercero: se aprobará el proyecto de concursos anticipados para jueces, una iniciativa que impulsa el presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo, Horacio Rosatti.
En ese escenario, el miércoles a las 9.30 se reunirá el Consejo en el que ya se observa la “nueva era” del país con eje en los recortes presupuestarios. Saben que el “no hay plata” de Milei llegará al Poder Judicial.
La nueva era también incluye la reconfiguración de las alianzas políticas dentro del organismo que permitan avanzar en la aprobación de los concursos para jueces -hay un 28 por ciento de vacantes en la Justicia nacional y federal. Ese reclamo lo compartieron Rosatti y el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, el jueves en la cena de fin de año de la Asociación de Magistrados.
Mañana a las 12, Juez jurará como integrante del Consejo en una ceremonia que se realizará en la Corte Suprema. El senador cordobés se incorpora luego de un año de pelea judicial. Ese lugar fue disputado entre el kirchnerismo y la oposición. La pelea la saldó la Corte Suprema con un fallo a favor del PRO el 7 de diciembre pasado, a tres días de la salida de Alberto Fernández-Cristina Kirchner y de la llegada de Milei.
Juez completará los cuatro representantes del Senado. Así, el Consejo volvía a tener 20 miembros ya que durante un año funcionó con 19 por la silla vacía del Senado. Sin embargo, el miércoles se sentarán 19 ya que el gobierno nacional no designó a su representante. El nombramiento debe salir en el Boletín Oficial y quien sea designado luego tendrá que jurar ante la Corte, como hacen todos los consejeros.
“La jura es un trámite administrativo que se resuelve rápido. Si el nombramiento se da el lunes o el martes la jura se puede armar para que el miércoles esté en el plenario”, explicó un consejero.
Pero nadie sabe si eso va a ocurrir. Hasta fines de la semana pasada todo indicaba que el representante del gobierno en el Consejo iba a ser Diego Guerendiain, hombre de suma confianza de Cúneo Libarona y su jefe de Gabinete en el Ministerio de Justicia. Sin que el nombre de Guerendiain quede descartado, en los últimos días se le puso un signo de interrogación a su designación, según varias fuentes consultadas del Consejo. Ese cargo generó una fuerte pelea porque son varios los sectores que lo quieren. Desde el macrismo, hasta sectores de la justicia con vínculos en la inteligencia y, obviamente, propio gobierno.
El representante en el Consejo es una persona clave en el organismo. Su pie en el gobierno lo pone como uno de los negociadores habituales con todos los sectores del cuerpo. A como están las cosas, en el organismo creen que la sesión del miércoles será sin la presencia del representante del Poder Ejecutivo.
Ese lugar durante los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández lo ocupó Gerónimo Ustarroz, hermano de crianza de Eduardo “Wado” de Pedro, ex ministro del Interior y actual senador nacional.
Por estos días sobre Ustarroz se generó una pregunta en el Consejo: si seguirá en el organismo. Es que antes de ser el representante del gobierno, Ustarroz integraba la vocalía de De Pedro cuando fue consejero y en 2019 fue designado de manera interina en el Cuerpo de Auditores del Poder Judicial con rango de secretario de Corte Suprema. Ese cargo lo licenció cuando asumió como representante del Poder Ejecutivo.
Ahora tiene que decidir si lo vuelve a tomar. “Gerónimo se va a quedar si ve que el gobierno buscará generar consensos con todos los sectores. Si es así puede funcionar como enlace. Estamos esperando a conocer qué va a hacer el gobierno”, plantea un hombre del oficialismo. En la oposición creen que un cargo en Auditores le puede servir para controlar la gestión.
También el plenario del Consejo puede revocar esa designación. Y allí se abre otra incógnita: el presupuesto. “La situación económica es mucho más preocupante de lo que podemos imaginar”, dijo Cúneo Libarona en la cena de la Asociación de Magistrados. Hablaba de la situación del país, pero muchos lo leyeron como mensaje para la Justicia. Lo escuchaban los cuatro jueces de la Corte Suprema y varios integrantes del Consejo. Los dos organismos que administran los recursos del Poder Judicial.
El gobierno de Milei prometió la autarquía financiera para el Poder Judicial y en la Justicia esperan con ansias que eso se concrete. Pero para muchos es inevitable un recorte de presupuesto que empezará -como ocurrió en el gobierno nacional y en varios provinciales- por el personal. En el Consejo creen que se analizarán varios contratos y designaciones. Para eso es clave el administrador general. Ese cargo lo tenía Claudio Cholakian que renunció y el miércoles el Consejo tratará su partida. ¿Quién lo reemplazará? Quien sea, será clave en el futuro.
Rosatti anunció en la cena de los jueces -como lo había anticipado Infobae- que el Consejo aprobará el proyecto de concursos anticipados de jueces. Será el tema destacado del plenario. Se trata de un sistema para hacer los concursos públicos antes que se produzcan las vacantes y así tener lista la mayor parte del proceso para cuando se necesite nombrar magistrados.
Así el Consejo cerrará el 2023 pero pensando en el año que viene. Después de la feria judicial de enero todos empezarán a calentar motores para jugar en lo que será un nuevo mapa político del Consejo. Principalmente para determinar de qué manera se harán las alianzas que permitan aprobar concursos de jueces. Y principalmente -para la política- los de los tribunales de Comodoro Py.
El bloque kirchnerista es sólido y sin fisuras. Son cinco representantes: los senadores Mariano Recalde e Inés Pilatti Vergara, los diputados Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley y el abogado Héctor Recalde. Todos responden a la ex presidenta Cristina Kirchner.
En la otra vereda están los senadores Juez y Eduardo Vischi (UCR), los diputados Álvaro González (PRO) y Roxana Reyes (UCR) y los abogados Miguel Piedecasas y Jimena de la Torre. Todos están englobados en Juntos por el Cambio y actuaron hasta ahora -con la excepción de Juez que ingresará mañana- en tándem. Pero la ruptura de ese espacio a nivel nacional genera la pregunta de si lo mismo no ocurrirá en el Consejo.
Por otro lado están los jueces Alberto Lugones (lista Celeste), Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero (Bordó) y Alejandra Provítola (Compromiso Judicial). La primera jugó más cerca del kirchnerismo y las dos restantes de la oposición. En los reacomodamientos apareció una pregunta: ¿podría haber un acuerdo entre la Bordó y la Celeste para tener más peso en los nombramientos de jueces de sus espacios en detrimento de los de Compromiso Judicial? El quinto juez del Consejo es Rosatti.
Otro bloque es el de abogada María Fernanda Vázquez y los académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamrit. Los tres llegaron al Consejo de la mano de Diego Molea, ex integrante del Consejo y actual rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
Ninguno de los sectores tiene por si solo la fuerza para aprobar los temas clave. Algunos especulan con que si el gobierno logra unir a todos los espacios tendrá los 14 votos necesarios para dejar relegado al kirchnerismo y así obtener el poder para avanzar con los temas centrales. Pero esa es una primera etapa. Después está el Senado donde también se necesita una mayoría calificada de votos para designar a los jueces y que es la carta del kirchnerismo para no perder poder en el Consejo.
Escenarios abiertos, de poder y de incertidumbre. Un aroma similar a la política nacional y al día a día de la gente.