Se cumple un año de la condena a Cristina Kirchner y en 2024 la Justicia debe definir si la ratifica

“Condenar a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión…..”. Hace un año terminaba el juicio oral contra la Vicepresidenta por el caso de las obras públicas en Santa Cruz, El presidente del Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py, Jorge Gorini, leía la condena. No era la primera vez que un ex presidente recibía una condena. Ya había pasado con Carlos Menem. Pero sí por primera vez recaía en una vice en ejercicio y la dirigente más importante del oficialismo.

El juicio oral contra la titular del Senado y otros 12 acusados comenzó en mayo del 2019. El 2 de diciembre de ese año fue su indagatoria. “Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mi me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia”, dijo quien entonces era Vicepresidenta electa. Desde hoy atraviesa sus últimos días en el cargo.

Tras cuatro años de juicio –con la pandemia de por medio- CFK fue condenada. Recibió la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Así lo votaron los jueces Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu. En disidencia, Andrés Basso se inclinó por sumar a la condena el delito de asociación ilícita.

Tanto la defensa como la Fiscalía apelaron y el año que viene la Cámara Federal de Casación Penal definirá si la condena queda firme como se dictó, se agrava por el delito de asociación ilícita o Cristina Kirchner es absuelta.

La ex mandataria no fue la única condenada. El empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y cinco ex funcionarios de Santa Cruz recibieron penas de entre seis meses y tres años de prisión. Y fueron absueltos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, los ex funcionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Kirchner -primo del ex presidente Néstor Kirchner- y el ex funcionario de Santa Cruz Héctor Garro.

“Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión”, dijo el fiscal federal Diego Luciani al cerrar sus alegatos en agosto del año pasado y en los que pidió que Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión. “No tuvo arrepentimiento y ostentaba el cargo máximo del estado nacional y empleó su poder sobre el resto de los imputados para alcanzar la finalidad de lucro tan anhelada”, agregó.

El fiscal dio por probado que durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se benefició de manera irregular con 52 obras públicas para Santa Cruz a Báez, lo que después retornaba en parte en dinero a empresas de la familia Kirchner. Para la Fiscalía el fraude al estado fue de 5.321 millones de pesos.

El fiscal relevó en el juicio una prueba clave que denominó “plan limpiar todo”. Se trató de los mensajes de WhatsApp que se encontraron en el celular de López cuando fue detenido en junio de 2016 en el convento de General Rodríguez con bolsos con nueve millones de dólares y por los que fue condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito.

Esos mensajes dan cuenta de reuniones de López con Cristina Kirchner, con Báez, comunicaciones con Julio Mendoza -presidente de Austral Construcciones- y de encuentros del empresario con la entonces presidenta en noviembre de 2015, a pocos días de que Mauricio Macri asuma. Allí se hace referencia a que Báez tenía que cobrar todo lo que se de le adeudaba antes que Cristina Kirchner deje el gobierno para después cerrar las empresas.

El 6 de diciembre de hace un año Cristina Kirchner reaccionó ante su condena. Habló desde su despacho en el Senado: “El 10 de diciembre del 2023 no voy a tener más fueros, así van a poder dar la orden de que me metan presa. Sí, presa, pero nunca una mascota. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora, mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a mi casa, la misma de la que salí un 25 de mayo de 2003 para acompañar a quien fue mi compañero”.

En marzo pasado, el tribunal oral dio los fundamentos de su decisión y lo hicieron con una figura histórica. “Tras haber examinado los hechos en toda su extensión -´la película completa´, apelando a la metáfora-, la política pública que su gobierno pregonaba presagiando un beneficio sin precedentes para la extensa provincia patagónica, en verdad escondía, cual caballo de Troya, al presupuesto indispensable para el desarrollo exitoso de la empresa criminal y sus múltiples aristas”, dijeron los jueces.

Los magistrados señalaron que hubo un “interés personal” de Cristina Kirchner en los beneficios a Báez y “licitaciones fraudulentas, justo a favor de las empresas pertenecientes a Lázaro Báez”.

“En conclusión, la prueba reunida a lo largo de este proceso penal nos presenta una imagen esclarecida de determinadas acciones singulares de Cristina Fernández de Kirchner dentro del plan defraudatorio único, penalmente relevantes por su adecuación típica en orden al delito de administración fraudulenta agravada, que le son reprochables a nivel de su culpabilidad, y en base a ello es que habremos de emitir el juicio de responsabilidad penal que por derecho corresponde”, cerraron los jueces sobre la responsabilidad de la ex jefa de Estado.

La defensa de la Vicepresidenta apeló. “La condena dictada en contra de Cristina Fernández de Kirchner no cuenta con pruebas directas que la avalen, sino antes bien se basó en una serie de circunstancias que los magistrados calificaron como indicios”, sostuvieron los abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy. También apeló el fiscal Luciani, que planteó que “las gravísimas circunstancias fácticas comprobadas por el Tribunal se ajustan, sin mayores esfuerzos, a las exigencias del tipo penal de asociación ilícita”.

Todo eso llegó a la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que para esta causa quedó integrada con los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos. El tribunal comenzará la semana que viene a analizar el caso.

El 14 de diciembre tendrá una audiencia preliminar con todas las partes para organizar lo que van a hacer las audiencias en las que se expondrán los argumentos. Fueron fijadas para el 22 y 29 de febrero, el 7, 14 y 21 de marzo y el 4 de abril a las 10.

Luego de la última audiencia, la Cámara tendrá 20 días hábiles para resolver si confirma la condena de Cristina Kirchner, si la agrava por el delito de asociación ilícita o si la absuelve. Si la agrava puede pedirle al tribunal oral que dicte un nuevo cómputo de la pena.

Para entonces, Cristina Kirchner no tendrá fueros. De todos modos, si la condena queda firme no corre riesgo de ir a prisión porque le queda la instancia de apelar el fallo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que sea revisado nuevamente.

A la ex presidenta le quedan otros juicios por afrontar. Son los de los cuadernos de la corrupción, la firma del memorándum de entendimiento con Irán y “Los Sauces-Hotesur”. Todos en distintas etapas a la espera que se fije la fecha de juicio.

El caso de la obra pública tiene una segunda etapa elevada a juicio oral y también a cargo del tribunal oral 2. Es la acusación por los mismos hechos a las segundas líneas tanto de las empresas de Báez como a ex funcionarios. Todavía no tiene fecha de inicio.