El Gobierno deja una ola de nombramientos en los Registros del Automotor: los casos más polémicos

Durante los últimos dos meses, la directora nacional puso en funciones a más de 40 encargados de todo el país. La sospecha sobre los concursos y el proyecto para reformar el sistema

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El Gobierno deja una ola
El Gobierno deja una ola de nombramientos en los Registros del Automotor

El manejo discrecional de los registros del automotor otra vez volvió a quedar expuesto en el final de un gobierno kirchnerista. En los últimos dos meses, en pleno proceso electoral, la directora nacional de los Registros Nacionales de Propiedad Automotor, María Eugenia Doro Urquiza, una funcionaria cerca a la vicepresidenta Cristina Kirchner, designó a más de 40 encargados de todo el país, según un relevamiento al que tuvo acceso Infobae. Los nombramientos se apuraron en las últimas semanas por el recambio de Gobierno. Ayer, la funcionaria firmó dos designaciones muy observadas desde el mundo registral.

En el último año se realizaron decenas de concursos que venían retrasados desde la pandemia. Eso generó una avalancha de nombramientos en el último tramo de la gestión. “La mayoría son interventores que ganaron sus concursos y ahora los ponen en funciones”, explicó un funcionario de carrera.

Normalmente los concursos para acceder a un registro del automotor llevan meses. Luego de los exámenes (escrito y oral) se estudian las ternas y se propone un candidato que debe ser aprobado por el ministro de Justicia. “Tras la aprobación hay que habilitar el local, pedir garantías, y se hacen auditorías antes de la puesta en funciones. Todo eso tarda meses pero acá se hizo rápido por el cambio de gestión”, denuncia un encargado de lleva años dentro del sistema.

Solo en el mes de octubre hubo 21 puestas en funciones en registros de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, Río Negro y Córdoba. A esos se suman intervenciones por renuncia o fallecimiento, que son habituales.

En noviembre, se sumaron otras 20 puestas en funciones en Santiago del Estero, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Catamarca, Tucumán y Córdoba.

El ministro Martín Soria y
El ministro Martín Soria y Doro Urquiza

Luego del balotaje del 19 de noviembre, Doro Urquiza siguió firmando designaciones. “Esto ya lo vivimos en 2015, sobre el final del gobierno de Cristina Kirchner. En ese momento, salieron a designar encargados a dedo”, se quejó un encargado titular de una provincia del norte. Ahora el modus operandi fue distinto.

Entre las últimas designaciones, hay varios casos polémicos. Ayer, a través de la resolución 402, Doro Urquiza puso en funciones a Florencia Weber, hija del Director de Fiscalización y Control de la DNRPA, Eduardo “Rolo” Weber, un histórico del sistema que fue ascendido a mediados de 2020, apenas asumió la actual directora nacional.

Weber quedó a cargo del registro de San Isidro N° 2, el mismo que que había sido otorgado a Doro Urquiza en 2008. “Cuando asumió como Directora de Registros Seccionales, en 2012, renunció a ese registro”, dijo un allegado.

Ayer, la directora nacional también le puso su firma a otra designación muy observada por el mundo registral. Se trata del registro N°3 de Centenario, muy cerca de la capital de Neuquén. Ese registro había sido otorgado de manera provisoria a Emilce Angélica Aiello, concuñada del ministro de Justicia Martín Soria.

Tras la revelación de este medio, Aiello renunció y se designó a un interventor, Facundo Machín, que ganó el concurso en tiempo récord y finalmente ahora quedó designado.

Se trata de un registro estratégico porque tiene jurisdicción sobre la zona de Vaca Muerta.

El nombramiento de Florencia Weber
El nombramiento de Florencia Weber

“En los primeros dos años y medio de gestión hicieron una sola etapa de concursos, la número 20, y mandaron auditorías a todos lados. En el último año hicieron las etapas 21, 22 y 23. Y ahora los ponen en funciones a todos para que tengan estabilidad. El nuevo gobierno debería tomar cartas en el asunto. Si hacen auditorías de los exámenes se van a dar cuenta que hay gente con escasa antigüedad que terminó sacando un diez”, se quejó otro encargado del sur de la provincia de Buenos Aires.

Hay varios ejemplos de registros intervenidos este año, que se terminaron “regularizando” mediante concursos exprés. “Los titulares del registro 13 de Rosario y el 51 de Capital Federal ingresaron en marzo y abril, sin saber nada nada del mundo registral, y en cinco meses quedaron primeros en las ternas, es muy llamativo”, apuntó otra fuente.

En este contexto, ya hay proyectos para eliminar los Registros del Automotor. “Llego al Congreso para terminar con los curros de la política. En los próximos días voy a presentar proyectos para terminar con este robo. Otro de los inventos de la política para saquearnos con impuestos, burocracia y trámites”, anunció Patricia Vásquez, diputada electa por el bullrichismo.

El funcionamiento de los Registros del Automotor también está bajo la lupa del próximo gobierno. Hay datos que revelan los manejos discrecionales y el impacto de la política en los nombramientos. A comienzos de este año, según datos oficiales, de los 1556 registros que hay en el país apenas 809 estaban en manos de encargados titulares (con concurso) y otros 747 quedaban en manos de interventores. Los datos fueron suministrados por la Dirección Nacional de los Registros del Automotor a raíz de un pedido de acceso a la información presentado por el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López.

El porcentaje de intervenciones tiene consecuencias negativas para todo el sistema. “Los interventores tienen la espada de Damocles, no tienen estabilidad, están a tiro de firma de los funcionarios de turno, los pueden apretar políticamente y sacarles el registro en cualquier momento”, graficó una fuente que conoce el sistema.

El año pasado, una jueza federal de Neuquén denunció un “plan sistemático” del actual Gobierno para correr a los interventores elegidos durante el gobierno de Mauricio Macri. En un informe oficial, el Ministerio de Justicia admitió que el 92% de las auditorías fueron contra interventores designados durante la gestión anterior.

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