La Cámara del Crimen decidirá sobre la situación de los directivos de Wenance

La Sala V de la Cámara del Crimen debe convalidar o no los sobreseimientos y los procesamientos que dictó la jueza de Instrucción Paula González a los directivos de la fintech Wenance. En octubre pasado la jueza había procesado a Alejandro Muszak, CEO de la compañía por la estafa a tres ahorristas que solicitaron préstamos pequeños y cuando finalizaron sus pagos, les continuaron debitando dinero de forma inapropiada de sus cuentas.

Wenance, fintech conocida por ofrecer préstamos a gente que no califica para recibirlos en el sistema bancario comercial, operaba mediante marcas como Luquitas, Presto hoy, Más salario, Welp y Mango. Los préstamos eran con intereses excesivos y además seguían debitando dinero de las cuentas de los clientes, una vez cancelados los préstamos.

La jueza González procesó a Muszak y a otra de las integrantes de la estructura directiva de Wenance, Paula Vallone, por casos similares. Pero sobreseyó a Santiago Hardie y Gustavo Molas.

Pero además de esos procesamientos contra Muszak y Vallone, la jueza los sobreseyó parcialmente y les dictó falta de mérito por otros casos que se sumaron a las denuncias iniciales de los estafados.

Contra los sobreseimientos presentó una apelación la fiscal Mónica Cuñarro quien tuvo a su cargo la investigación desde que comenzó en 2017, hasta este año que la reasumió la jueza González. El Caso Wenance, desde que se inició, ya tuvo tres jueces diferentes porque son subrogantes que cambian cada tanto.

La fiscal, recordó en su apelación que había imputado a “Alejandro Muszak, a Santiago Hardie, a Gustavo Molas y a Paola Vallone integrar una organización criminal -en la que no se descarta la intervención de otras personas- con la finalidad de desplegar distintas conductas delictivas contra la propiedad de manera sistemática y reiteradas en el tiempo, constitutivas de defraudaciones -incluso mediante el uso no autorizado de sus datos, aunque se hiciera por medio de una operación automática-, a través de las que ofrecían y otorgaban préstamos personales obteniendo una ventaja pecuniaria desproporcionada y lesionando el bien jurídico protegido”.

Y también expresó que “estos hechos comenzaron aproximadamente en 2016 y continúan hasta la actualidad, lo que refleja un accionar habitual y continuado de este tipo de empresas que afecta, fundamentalmente, a los ciudadanos más vulnerables del país y por ello debe cesar”.

La fiscal agregó que: “Como se determinó a través de la documentación obrante en estas actuaciones, Muszak, jefe de la asociación ilícita, cumplía el rol de presidente de las diferentes sociedades y creadas con el fin de defraudar a particulares. Por su parte, Paola Vallone, Santiago Hardie y Gustavo Miguel Molas, en calidad de partícipes necesarios, iban intercambiando sus roles entre directores, vicedirectores, vicepresidentes, directores suplentes y accionistas de las distintas empresas que formaban parte de la organización delictiva cuyos objetos sociales declarados son similares, casi calcados o tienen vinculación con el objeto social de Wenance S.A.”.

La fiscal pidió que se revoquen los sobreseimientos por prematuros y señaló que: “…Estamos frente a una organización, sostenida en el tiempo, con planes de defraudar en diferentes formas y modalidades en tanto los aquí imputados fueron creando y mutando por diferentes sociedades y cambiando sus roles con el único fin de engañar a la gente y poder seguir adelante con su macabro plan”.

La jueza González no había abierto el recurso de apelación presentado por Cuñarro contra los sobreseimientos de Hardie y Molas y la fiscal planteó una queja ante la Cámara del Crimen. Los camaristas Ricardo Pinto y Rogelio Pociello Argerich le dieron la razón a la fiscal y revisarán también esos sobreseimientos junto a los de Muszak y Vallone. El tercer juez que integra la Sala V de la Cámara y que intervendrá en la resolución sobre la situación de todos los indagados en el Caso Wenance es Hernán López.

En la causa judicial que acumula varios expedientes se investiga también la situación denunciada por inversores que no han recibido los beneficios prometidos tras colocar su capital en fideicomisos de Wenance. Según estimaciones que hacen los propios damnificados los ahorristas defraudados alcanzan el número de 8000 y calculan que el dinero en juego es de unos 250 millones de dólares.

Según explicó la jueza en una resolución -a la que accedió Infobae a través de fuentes judiciales- en esa parte de la causa “se investiga la constitución de varios fideicomisos y contratos de mutuo y préstamo cuyos términos han sido incumplidos”. Y agrega el escrito: “Concretamente Wenance S.A. (en su carácter de fiduciante) habría constituido junto a Promotora Fiduciaria S.A. (como fiduciaria) los fideicomisos financieros privados Fintop, Cilsa y Merchant; en tanto que Créditos al Rio S.A. (en su rol de fiduciante) con la misma fiduciaria constituyó el fideicomiso financiero, también privado, Finup”.

Además, el documento notifica: “Conforme surge de las distintas denuncias, Wenance S.A. y Créditos al Río S.A., (en su rol de Fiduciantes) cedieron a los Fideicomisos Privados diversas carteras de créditos que fueron vendidas a distintos inversores mediante un Título de Valor de Deuda Fiduciaria (VDF). Empero, a partir de los primeros días de julio de 2023 Wenance S.A y Créditos al Río no habrían remitido el dinero recaudado a Promotora Fiduciaria S.A lo que habría ocasionado que los inversionistas - beneficiarios- dejaran de percibir el dinero acordado”.

A raíz de la presentación de una damnificada la jueza González determinó que Promotora Fiduciaria “deberá abstenerse de efectuar o autorizar extracciones y o disponer de cualquier modo del dinero que reciba con motivo de esas operaciones”.

En su resolución la jueza determinó que la medida tiene como finalidad: “La conservación del capital que ingresa a los fideicomisos aludidos…con motivo del cobro de las carteras cedidas. En esa senda, en este estadío de la investigación corresponde la adopción de medidas de preservación del capital de los inversores, destinadas a evitar que el capital del fideicomiso, fungible por tratarse de sumas de dinero, se diluya, máxime cuando existirían gran cantidad de créditos duplicados, lo que tiene directa incidencia, en la forma en que se fije la prelación de los pagos a los distintos inversores”.

Fue por ello de que determinó “mantener el ingreso de las sumas de dinero que se recauden, pero disponer la prohibición de extracción de esos fondos de las cuentas de los fideicomisos Fintop, Finup, Merchat y Cilsa”.

Será la Cámara la que revise la decisión de la jueza sobre la situación de los sobreseídos por las estafas a los que pidieron dinero. La otra parte, la de los que prestaron dinero y Wenance no se los devolvió, está un poco menos avanzada.