Espionaje a jueces: la Fiscalía pidió la indagatoria de los tres agentes de la AFI que hablaban con Zanchetta

Gerardo Pollicita también insistió en llamar a declarar como sospechosos a Zanchetta y a “Conu” Rodriguez, funcionario de la AFIP

Guardar
Gerardo Pollicita  (archivo Adrián
Gerardo Pollicita (archivo Adrián Escandar)

El fiscal Gerardo Pollicita pidió la indagatoria de tres agentes de la Agencia Federal de Inteligencia que hablaban con el ex policía y espía inorgánico Ariel Zanchetta, detenido y procesado en la megacausa que investiga el espionaje a jueces de la Corte Suprema y de Comodoro Py 2002, revelaron a Infobae fuentes judiciales. Además, el fiscal insistió en que se le tome declaración como sospechoso a Néstor Fabián “Conu” Rodríguez, el hombre clave en la comunicación de La Cámpora que es funcionario de la AFIP. Y al propio Zanchetta, para que se defienda de los nuevos hechos de espionajes a más jueces, políticos y dirigentes que se descubrieron en sus teléfonos. El dictamen fue presentado por Pollicita al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

Si bien los nombres de los agentes no se conocen, para no violar la ley de inteligencia, sí se pudo determinar, en base a información que envió la central de espías, que uno de ellos era jefe de área, el otro agente de reunión y el tercero agente operativo. Dos de ellos ya están retirados. “Se ha logrado demostrar que al menos desde 2009 el policía federal Zanchetta realizó actividades prohibidas por la ley de inteligencia a pedido de tres agentes de dicho organismo quienes le seleccionaron objetivos y le encomendaron la realización de distintas operaciones ilícitas”, dijo el acusador. Según detalló, los encargos llegaban vía correo electrónico: el blanco seleccionado por los agentes de la AFIZanchetta conseguía la información y contestaba por el mismo medio. “En algunos pocos casos quienes le enviaban la información al nombrado eran los agentes de la SIDE”, precisó.

“En definitiva, la información que Zanchetta enviaba a los agentes de inteligencia del Estado sobre los objetivos que aquí se seleccionan quedaba en poder de los funcionarios públicos que a través del ex policía reunían y sistematizaban información prohibida por la ley de inteligencia nacional, ocultando su actividad prohibida detrás del funcionario policial”. Para el fiscal Gerardo Pollicita, no hay dudas en torno a que Zanchetta “se desempeñó durante 25 años —entre 1988 y 2013— como agente de la Policía Federal Argentina y que, en ese marco, habría sido incorporado como ‘agente inorgánico’ de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) / Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante al menos seis años —entre 2009 y 2015—”. Para la fiscalía, esos tres agentes habrían coordinado las actividades clandestinas de Zanchetta por lo menos durante ese período y que, no obstante, siguieron durante 2016 y hasta que el ex policía quedó detenido en junio pasado.

La causa se inició con dos investigaciones. Por un lado, las líneas creadas en Misiones a nombre del presidente de la Corte SupremaHoracio Rosatti, que fueron el origen de la denuncia y que revelaron que había otros jueces a los que se les había fabricado líneas a su nombre como Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El otro punto a esclarecer era el hackeo a las líneas que sufrieron dos jueces de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos; y a dos jueces que llevaban adelante el juicio contra CFKRodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Esa pista llevó a la detención de un hacker misionero, Ezequiel Núñez Pinheiro, que aseguró haber sido contactado por Telegram por un desconocido para tomar el control de una lista de personas que él desconocía: entre ellos estaban varios jueces, el diputado Diego Santilli y el ex jefe de Seguridad de la ciudad, Marcelo D’Alessandro, cuyo teléfono hackeado expuso las conversaciones de Lago Escondido y sirvió para impulsar el juicio político a la Corte Suprema. Y ahí es donde aparece Zanchetta, el ex policía de Junín que el mismo día del hackeo a Borinsky había hurgado en información sobre él, Hornos y los jueces de la Cámara Federal porteña Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. El análisis sobre las consultas en SudaméricaData solo en 2022 reveló el objetivo de más jueces, políticos, dirigentes y artistas. Pero del análisis de los teléfonos y computadoras de Zanchetta se determinó que el ex policía sería un espía inorgánico que llevó adelante miles de operaciones con distintos blancos.

Guardar

Últimas Noticias

Allanaron al padre del ex tenista Pérez Roldan: avanza la investigación por lavado de dinero

Es parte de la causa en donde Raúl Pérez Roldan, ex entrenador de jóvenes tenistas, está acusado de explotación sexual, lesiones y, abuso
Allanaron al padre del ex

Investigan misteriosos llamados a oficinas de la Policía Federal: se hacían pasar por un juez de la Corte Suprema de la Nación

Se registraron dos hechos similares en los que la voz de un hombre decía ser Horacio Rosatti, presidente del Máximo Tribunal: uno en una dependencia en San Luis y otro en Capital Federal
Investigan misteriosos llamados a oficinas

Cerca de ser deportado, le concedieron refugio provisorio a un ucraniano que desertó del ejército

El joven llegó con su esposa rusa y quedó retenido en Migraciones por una alerta naranja de Interpol. Luego de un amparo, consiguió ingresar con la idea de asentarse en Argentina. En diálogo con Infobae, dice que su país busca expatriarlo para llevarlo a combatir en la guerra contra Rusia
Cerca de ser deportado, le

Declararon inconstitucional la norma que permitía a los funcionarios acusados de corrupción pagar para cerrar una causa penal

Se trata de uno de los artículos del nuevo Código de Procedimiento Penal que entró en vigencia y habilita la conciliación en causas penales. El fallo apunta contra la comisión del Congreso que puso en vigencia selectivamente los artículos a implementar
Declararon inconstitucional la norma que

La Justicia rechazó un pedido de inmunidad de Petrobras y juzgará los delitos cometidos por la empresa en Argentina

La compañía brasileña había planteado que los tribunales locales no tenían jurisdicción para investigar. La causa se originó por una denuncia de la PROCELAC que acusó a la petrolera de ofrecer valores negociables de manera fraudulenta y consignar datos falsos en sus balances contables
La Justicia rechazó un pedido