A días de abandonar el poder y perder los fueros, se reactiva el frente judicial de Cristina Kirchner

Una condena a seis años de prisión que espera revisión, tres juicios en camino y la reapertura de una investigación que hackeó el final de su presidencia y en la que había conseguido ser sobreseída. Así está el frente judicial de la vicepresidenta Cristina Kirchner que, a partir del 10 de diciembre, se aleja de los cargos públicos y carecerá de fueros. Ya no quedan, sin embargo, prisiones preventivas que pesen sobre ella y que amenacen su libertad. Esas órdenes cayeron poco después de haberse convertido en vicepresidenta.

Las ordenes de detención en su contra habían comenzado a dictarse cuando a fines de 2017 ya se había convertido en senadora electa. El juez Claudio Bonadio ordenó su detención en la causa Memorándum que nunca se efectivizó porque tenía fueros. Más tarde, cayeron sobre ella otras prisiones preventivas dictadas por el mismo juez en la causa Cuadernos.

Ese escenario fue dejado sin efecto por la Cámara de Casación Penal. El 10 de febrero del 2020, a dos meses de volver al poder, Casación entendió que no existían riesgos procesales que justificaran la medida. Pero ya el 23 de diciembre del 2019, en el caso de Memorándum también había levantado su orden detención el tribunal que la sobreseyó más tarde, teniendo en cuenta su rol como vicepresidenta y los permisos solicitados para salir del país.

Aquí un detalle de la situación judicial de Cristina Kirchner en los tribunales de Comodoro Py 2002:

- Vialidad: es la causa más avanzada que tiene sobre sus hombros. Hace casi un año, el 6 de diciembre pasado, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a Cristina Kirchner por las irregularidades en las 51 obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez. También fueron condenados el empresario, Nelson Periotti, el ex secretario de Obras Públicas José López y cinco ex funcionarios de Santa Cruz a penas de entre seis y tres años de prisión. Y quedaron absueltos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, los ex funcionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Kirchner -primo del ex presidente Néstor Kirchner- y el ex funcionario de Santa Cruz Héctor Garro. Las condenas se dictaron por el delito de administración fraudulenta y por mayoría rechazaron hacerlo por asociación ilícita. El fallo fue dictado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso (este último que se inclinó por la condena por asociación ilícita)

“Tenemos la certeza de que, mediante la tramitación de cincuenta y un procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal”, sostuvo el tribunal. La maniobra buscó “asegurar y disimular un beneficio ilegítimo a favor de, por lo menos, dos de las personas imputadas en este proceso: Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Antonio Báez”.

El fiscal Diego Luciani había pedido condena por los dos delitos y el fiscal ante Casación Mario Villar sostuvo ese pedido. Las defensas, en tanto, reclaman la absolución.

La revisión está en manos de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. En febrero se realizarán las audiencias por el caso de la obra pública y culminarán en abril. A partir de allí, los jueces quedarán en condiciones de resolver si confirman o modifican la sentencia sobre la vicepresidenta y el resto de los implicados. Después del fallo de Casación, sólo quedaría recurrir a la Corte Suprema.

- Memorándum con Irán: Se trata de la denuncia que impulsó antes de morir Alberto Nisman contra la entonces presidenta Cristina Kirchner, por el presunto encubrimiento a los iraníes acusados de haber planificado la voladura de la mutual judía AMIA, que provocó el 18 de julio de 1994 el asesinato de 85 personas. El caso fue sustanciado por el juez Claudio Bonadío que ordenó detenciones y elevó a fines de diciembre del 2017 la causa a juicio oral. Además de CFK fueron acusados el Procurador del Tesoro Carlos Zannini, el viceministro de Justicia Juan Martin Mena, el ministro bonaerense Andrés Larroque, el senador Oscar Parrilli, el piquetero Luis D’Elía junto al ex funcionario de Cancillería y hoy embajador Eduardo Zuain y la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, entre otros.

El caso recayó en el Tribunal Oral Federal 8, que avanzaba hacia el juicio oral. La defensa, sin embargo, reclamó a nulidad de la causa. Sostuvieron que no había existido imparcialidad de los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos que reabrieron esa denuncia, luego de corroborarse que mantuvieron encuentros con el entonces presidente Mauricio Macri. Pero además reclamaron volver a revisar lo que, a su criterio, es la llave de la cuestión: que el Memorándum no constituyó delito. La fiscalía abrió la puerta a los planteos pero reclamó llevar el caso a juicio oral.

En octubre del 2021, los jueces Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado, como integrantes del Tribunal Oral Federal 8, sobreseyeron a CFK y al resto de los acusados al entender que no fue un delito el pacto entre Argentina e Irán, firmado en 2013. “El Memorándum, más allá de que se lo considere un acierto o desarcierto político, no constituyó delito”, dijeron. Parte de las querellas apelaron.

Casi dos años después y con duros cuestionamientos hacia el tribunal oral que intervino, la Cámara Federal de Casación resolvió que debía hacerse el juicio contra los acusados. Para los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, los argumentos del tribunal oral eran “forzados”, “arbitrarios” y “caprichosos”. Para Casación, el TOF no estaba habilitado para tomar esa decisión excepcional y por eso los terminó apartando de un futuro debate.

Hubo un sorteo para integrar el nuevo tribunal. Los sorteados fueron Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos para llevar adelante ese juicio oral. Sin embargo, Giménez Uriburu y Basso pidieron apartarse del caso por cúmulo de trabajo ya que actúan en otros tribunales. Casación lo rechazó la semana pasada. Ahora, esos jueces tendrán que resolver la recusación que les planteó la defensa de CFK contra los tres porque ya intervinieron en otros expedientes ligados a la causa AMIA.

- Hotesur-Los Sauces: Lo que se investiga en el caso es si a través de las sociedades “Los Sauces” y “Hotesur”, se canalizaron fondos del Estado nacional de manera ilegal. Puntualmente, a través de contratos de alquileres. Las dos empresas fueron creadas por Néstor y Cristina Kirchner y de sus directorios formaban parte sus hijos, Máximo y Florencia. “Hotesur” era la compañía propietaria de hoteles de los Kirchner como “Alto Calafate” o “Las Dunas”, que administraba el empresario Lázaro Báez a través de su empresa “Valle Mitre”. Los Sauces era una compañía similar pero que alquilaba viviendas y departamentos de los Kirchner tanto en la provincia de Santa Cruz como en la ciudad de Buenos Aires. Allí también aparece Báez como locatario junto a otros dos empresarios también acusados, Cristóbal López y Fabián de Sousa, también receptores de contratos de obra pública y otros negocios de parte de los gobiernos de los Kirchner.

Según la acusación, Cristina Kirchner “diseñó, ejecutó y dirigió” ese esquema y otras personas “crearon y mantuvieron una compleja estructura societaria, financiera económica y contable en la que intervinieron con diferentes roles, a los fines de poner en marcha y ejecutar el proceso de blanqueo de fondos ilícitos”.

A fines de noviembre de 2021, con los votos de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, y la disidencia de la jueza Adriana Palliotti, el Tribunal Oral Federal 5 sobreseyó a Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos Máximo y Florencia, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa, a Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Cristina Kirchner e hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y al contador Osvaldo Sanfelice, socio de la inmobiliaria de los Kirchner en Río Gallegos, entre otros. El voto mayoritario se amparó en un artículo del Código Procesal Penal que permite dictar el sobreseimiento antes del juicio cuando por pruebas nuevas se comprueba la inimputabilidad del acusado, cuando exista una causal de extinción de la acción penal o cuando el imputado está en condiciones de quedar exento de la pena en virtud de una ley penal más benigna.

Sin embargo, la fiscalía apeló. El mismo día en que se reabrió la causa por el Memorándum, Casación también ordenó activar el juicio por Hotesur y Los Sauces para todos los implicados, salvo a Florencia Kirchner, la única sobreseída. Para los jueces Barroetaveña y Petrone, no había elementos nuevos para resolver en esa instancia del proceso el sobreseimiento y ordenaron avanzar con el juicio. La defensa apeló a la Corte Suprema.

- Cuadernos: Entre la noche del 31 de julio de 2018 y la madrugada del 1° de agosto del día siguiente, una orden de Comodoro Py 2002 sacudía el tablero de la política, la justicia y el mundo empresario. El juez Claudio Bonadío ordenaba la detención de Oscar Bernardo Centeno, que durante muchos años fue chofer de Roberto Baratta, el segundo de Julio De Vido en el ministerio de Planificación durante el kirchnerismo. Y luego, el encarcelamiento de un grupo de ex funcionarios de Planificación, encabezados por Julio De Vido, y de empresarios de primera línea, acusados de haber formado una asociación ilícita que recaudó coimas con negocios del Estado. Todo estaba relatado en los cuadernos de Centeno que habían estado en poder de un amigo suyo, Oscar Bacigalupo, quien a su vez decidió entregárselos a un periodista del diario La Nación, Diego Cabot. Asimismo, Cabot se los llevó al fiscal Carlos Stornelli.

Así nacía la causa de los “cuadernos”, que cobró volumen con las declaraciones de decenas de empresarios y ex funcionarios que se convirtieron en “arrepentidos” y detallaron el sistema de pagos en el manejo de la obra pública. En esa causa se fusionaron otras que ya existían o se abrieron nuevas. “Estamos frente a una asociación ilícita que fue comandada por Néstor Kirchner y Cristina Elisabet Kirchner”, dijo Bonadio. “No se trata de una ‘persecución’, sino de una verdadera investigación judicial. Como epílogo de este apartado, con el cual se clausura la instrucción de este grupo de causas conexas, identificadas como ‘Los Cuadernos de las Coimas’, se estima ilustrativo recordar la anotación de Oscar Bernardo Centeno, de fecha 7 de septiembre de 2015: ‘...La verdad que cada vez que veo toda esta corrupción me duele el alma por la manera que roban sin escrúpulos y sin medir consecuencias…’, escribió el juez en diciembre de 2019.

El caso quedó radicado en el Tribunal Oral Federal 7, que deberá encargarse de organizar lo que podría ser un megajuicio si es que se hiciera con los protagonistas de todos los expedientes juntos. Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Andrés Castelli deben analizar los pedidos de prueba, de cara al futuro debate oral, que hicieron las partes. Aún no se sabe cuándo se podrá llevar adelante.

- Dólar futuro: Esta causa dólar futuro es la primera en la que CFK fue procesada. Se abrió en 2015 con una denuncia de un grupo de diputados del PRO y de la UCR, en pleno proceso electoral de aquel año. Allí se sostuvo que entre agosto y noviembre de 2015, el Banco Central vendió contratos a “dólar futuro” a $10,6 y $10,8 por unidad al sector privado para liquidar entre febrero y junio-julio de 2016. Para esa época, el dólar “blue” se cotizaba a 16 pesos. Y el precio de mercado de esos contratos (en Nueva York y otras plazas) era de entre $14 y $15.

A criterio del juez Claudio Bonadío, el Banco Central llegó a tener por esta operatoria contratos abiertos en el ROFEX y el MAE, a diciembre de 2015, casi 17 mil millones de dólares. En mayo de 2016, Bonadío procesó a Cristina Kirchner, Axel Kicillof –en su rol de ministro de Economía– y a los entonces responsables del Banco Central. En ese fallo aseguró que la autoridad monetaria reportó quebrantos para su patrimonio por más de 77 mil millones de pesos: la cifra exacta es $77.325.739.338,60. La Cámara Federal confirmó el fallo y la causa se elevó a juicio en mayo de 2017.

A raíz de un peritaje solicitado la defensa de Miguel Pesce, a cargo de Andrea Casaux, los analistas del Cuerpo de Peritos de la Corte dijeron que los balances arrojaron ganancias por $147.116.885.000 en 2015 y $67.448.520.000″. Las partes pidieron cerrar la causa, el Tribunal Oral Federal 1 lo rechazó pero se apeló a Casación. En esa audiencia, desde su sillón desde la presidencia del Senado, la vicepresidenta habló del “lawfare” y acusó a los jueces de haber permitido el endeudamiento de la Argentina en la gestión de gobierno de Mauricio Macri con el FMI, marcando un contraste con la investigación en su contra.

En abril del 2021, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, a cargo de los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, decretó los sobreseimientos de CFK, Axel Kicillof y el resto de los acusados porque no había existido perjuicio para el Estado y porque se trataba de cuestiones de política económica no son judiciables. El fiscal Raúl Pleé presentó un recurso extraordinario, en queja. La causa está ante la Corte Suprema de Justicia.

- Ruta del dinero k: La vicepresidenta Cristina Kirchner seguirá siendo investigada en la causa conocida como la “ruta del dinero k”, por la que ya fueron condenados a prisión el empresario santacruceño Lázaro Báez, sus hijos, el arrepentido Leonardo Fariña y un grupo de financistas, entre otros, según resolvió en las últimas horas la Cámara Federal, haciendo lugar a un planteo de una ONG que se convirtió en querellante en la causa.

El caso comenzó en abril de 2013, y gran parte de esa investigación ya se debatió en juicio. Allí Lázaro Báez fue condenado junto a otros 17 imputados, entre ellos sus hijos, por haber llevado adelante s maniobra millonarias de lavado de dinero, que rondaron los 55 millones de dólares. En el juicio oral se sostuvo que ese dinero provenía de la facturación ilegal y de la obra pública. En Casación confirmaron las condenas, aunque bajaron las penas. Y solo uno de los votos ratificó que el dinero venía de la obra pública. Pero en instrucción quedaba abierto un expediente: el que debatía el rol de CFK en el caso. Fue la única causa en la que fue llamada a declarar y no fue procesada.

El 24 de mayo pasado, el fiscal Guillermo Marijuan, que impulsó la causa durante una década, pidió su sobreseimiento. “No tengo duda alguna de la estrecha y directa relación personal entre Cristina Elisabet Fernández y Lázaro Antonio Báez”, dijo pero afirmó aun así que eso no alcanzaba y que a su criterio el fallo de Casación había cercenado su hipótesis. Una ONG ligada al macrismo se presentó para ser querellante en la causa y pedir la nulidad del dictamen, el juez Sebastián Casanello lo rechazó pero apelaron. Por dos votos a uno, en la Cámara Federal aceptaron a esa organización como querellante primero y ahora ordenaron revocar el sobreseimiento y que el tribunal investigue con un nuevo acusador. En sus fundamentos, el fallo pidió profundizar sobre pruebas que aparecieron en otras causas e incluso fueron expuestas por el fiscal Diego Luciani en el juicio a Vialidad.

- Aviones. Se trata de la causa que se abrió en el marco de la tramitación del expediente de los cuadernos cuando llamaron a declarar a los pilotos de los aviones presidenciales y allí se reveló que se habrían trasladado en vuelos oficiales muebles que habrían tenido como destino los hoteles de la familia Kirchner. En su momento, el expediente se conoció como los “vuelos canillita” porque también se hacían llevar diarios al sur, pero la Cámara Federal entendió que el trasladado de los diarios no era delito: esa información hacía a la función presidencial.

En mayo del 2022, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió hacer lugar a un planteo de la defensa de CFK y anular una resolución en donde se había confirmado su procesamiento por el delito de malversación de fondos. El fallo de Casación abre la puerta a que toda la causa quede en la nada porque lo que se cuestiona es que el caso haya sido investigado por el fallecido juez Claudio Bonadio. El caso volvió entonces a la Cámara Federal.

Pero allí los jueces ratificaron el procesamiento a fines de septiembre del 2022. Es más: el juez federal Mariano Llorens se pronunció por la detención de la vicepresidenta y notificar al Senado para que avance en su juicio político por considerar que se estaba frente a “una matriz de corrupción especialmente dañina para los destinos de la Nación que debe ser prevenida, erradicada y sancionada, que evalúe los extremos aquí indicados para precisar la senda que se habrá de transitar”. Las defensas apelaron.

Y en junio pasado, a pedido de la defensa, Casación anuló todo lo actuado en una causa en donde se investigaba a la vicepresidenta por malversación de fondos y la dejó a foja cero. El fiscal Pleé presentó un recurso extraordinario en queja para que la Corte Suprema reabra la causa.