Final para la pelea por Ana María Figueroa: la ex jueza inicia sus trámites de jubilación

Fue una historia desgastante, que terminó como anunciaban en tribunales: Ana María Figueroa, la jueza que este año presidía la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal penal más importante del país, anunció su decisión de acogerse a la jubilación.

La Corte Suprema había sido tajante a la hora de considerarla cesante. La derrota de Sergio Massa en las elecciones presidenciales la obligó a convencerse. “Si alguna esperanza le quedaba, con ese resultado se esfumó”, dijeron a Infobae en tribunales. Y un gesto de esta semana del Consejo de la Magistratura selló su suerte.

Había cumplido 75 años el 9 de agosto pasado. Es la edad límite de la Constitución Nacional para que un juez pueda ejercer como tal. Salvo una condición: tener el aval del Senado y el Ejecutivo para seguir en su cargo por cinco años más. El kirchnerismo buscó a toda costa darle esa continuidad. Era una de las integrantes de la Sala I que debía votar si se reabrían o se mantenían cerradas las causas Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces, dos juicios contra Cristina Kirchner.

Pero para cuando llegó su cumpleaños, la jueza no tenía el okey del Senado. Solo la intención del Ejecutivo en mandar su pliego y del Senado en haberla escuchado en una audiencia pública. Era bastante, pero la discusión era si eso alcanzaba. La jueza ponderaba que otros de magistrados, con menos luz pública que ella, había logrado esquivar al calendario.

En vez de tomarse licencia, la jueza decidió seguir yendo a tribunales. A sus pares les avisó que dejaba momentáneamente la presidencia y que no iba a votar fallos. Pero que esperaba el trámite complejo que dependía de otros poderes del Estado.

Figueroa quedó así en un limbo. ¿Era jueza? ¿Ya no lo era? Si era jueza, ¿por qué no votaba? Si no lo era, ¿por qué seguía yendo? Y en el medio, la expectativa política por las definiciones en torno a las causas de la vicepresidenta.

Al día siguiente de su cumpleaños, cinco integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, reunidos en acuerdo de superintendencia, decidieron notificar al presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, que su colega había alcanzado la edad prevista en la Constitución Nacional para ejercer como jueza y que “como es de público conocimiento no se ha completado al día de la fecha el trámite parlamentario para un nuevo nombramiento”. En base a ello, advirtieron: “La situación podría devenir en el cese de sus funciones”. La pelota quedó ahora en manos del Consejo. Y también de la Corte.

El viceministro de Justicia Juan Martín Mena, uno de los también involucrados en la causa del Memorándum, le pidió al Consejo de la Magistratura en nombre del Estado nacional que frene cualquier decisión sobre la continuidad de la jueza de Casación. El viceministro dio cuenta del trámite iniciado en el Ejecutivo que contaba con trámite parlamentario, y también de la intención del oficialismo de que la magistrada se mantuviera en su cargo.

El Consejo de la Magistratura no hizo nada. En la Casación llamaron a un acuerdo para intentar destrabar la cuestión. Ana Figueroa se sentó en la cabecera. La reunión fue tensa. Figueroa les recriminó que a otros jueces, como superintendencia, los habían dejado quedarse. Y también que estaban ensañados porque era mujer. “A un hombre no le hubieran hecho lo mismo”, llegó a decir. Anunció su intención de tomarse licencia.

Una vez más volvía la misma pregunta: ¿es jueza para poder tomarse licencia? Nadie se atrevía a responderla. La reunión se postergó para el dia siguiente.

En medio de sanguchitos de miga y gaseosa, la reunión del plenario volvió a comenzar. Pero la jueza desempolvó una lista de causas demoradas en otras salas. Todo se tensaba otra vez. Imprevistamente, varios jueces se levantaron de sus sillas por compromisos asumidos y prometían volver en un rato. “Te juro que es verdad”, aseguraban a Infobae. Figueroa se quedó adentro de la sala.

En ese interín, la Corte Suprema de Justicia dio por terminado el asunto. Con la firma unánime de los cuatro ministros y por vía administrativa, el máximo tribunal determinó que Figueroa había quedado cesante el día anterior a cumplir 75 años. “¿Es verdad?”, le preguntó incrédula a los presentes que todavía estaban en la reunión. Tomó sus cosas y se fue. No volvió a pisar a tribunales.

Ni siquiera lo hizo después de que el oficialismo del Senado aprobara su pliego, desafiando la palabra de la Corte Suprema. Fue tal el cruce entre oficialismo y oposición que el pliego se aprobó con la doble votación de la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma. Cristina Kirchner no estuvo en la sesión. Después de unos días, el presidente Alberto Fernández firmó el decreto de nombramiento. En tribunales miraban ese texto y buscaban los errores que, sospechaban, eran a propósito. Los jueces de Casación se reunieron y reacomodaron las salas de Casación, sin incluirla.

Más allá de las especulaciones y del enojo de la propia Figueroa con sus colegas, -a algunos no les volvió a dirigir la palabra-, lo cierto es que después del decreto ni siquiera hubo un acto formal desde el Ministerio de Justicia notificando al Consejo de la Magistratura o la Casación que la jueza tenía que retomar sus funciones. Y así tampoco se concretó ningún escenario en donde la magistrada podía empujar una batalla porque la no la dejaban asumir. Era un tablero de ajedrez en donde nadie movía.

“La empujaron, la empujaron y después la dejaron sola”, decían algunos en tribunales. El 18 de septiembre, los jueces de Casación Diego Barroetaveña y Daniel Petrone resolvieron reabrir las causas Memorándum y Hotesur-Los Sauces para que se llevarán adelante los juicios que habían quedado frenados por decisión de los tribunales orales que intervinieron. Solo dejaron afuera a Florencia Kirchner, la hija de la vicepresidenta. En la resolución quedó asentado que Figueroa había participado de las deliberaciones pero su firma no estaba.

El 1 de noviembre, con las elecciones generales que posicionaban primero a Sergio Massa y la inminencia del balotaje, Figueroa hizo su primer gesto en esta batalla. Presentó una nota en el Consejo de la Magistratura pidiendo su “inmediata asunción de funciones de gobierno, superintendencia y jurisdiccionales como jueza titular de la Vocalía 10 de la Cámara Federal de Casación Penal”, que se le rehabilitara el acceso informático a las causas y que “se ordenara el pago de los salarios, retroactivos y derechos laborales que fueron suspendidos desde el 1 de setiembre de 2023″. La nota fue presentada en ante Fernanda Vázquez, presidenta de la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura de la Nación.

El Consejo de la Magistratura no hizo nada. Pero sí dio un gesto clave esta semana: le pidió al juez de la Cámara del Trabajo Gregorio Corach que deje su cargo. Había cumplido 75 años y no había conseguido acuerdo del Senado. A diferencia de Figueroa, sí obtuvo una medida precautelar de la justicia para seguir en el cargo, pero para el organismo que selecciona y controla a los jueces eso no alcanzaba. Corach anunció que dejará su cargo desde el 1 de diciembre.

“C’est fini”, dijeron a Infobae en los pasillos del Consejo de la Magistratura. En tribunales especulaban que sin sueldo y sin jubilación la situación no iba a extenderse mucho más. Y sobre todo después del resultado de las elecciones.

A partir de ahora, la Cámara de Casación, que tiene 13 sillas, queda con tres lugares vacíos. A los cargos vacantes, que dejaron Liliana Catucci y Eduardo Riggi, se suma ahora el de Figueroa.