“Un caso único en la historia de estos juicios”, describió el fiscal Pablo Parenti, durante su alegato, el hecho que llevó a juicio al exoficial de la Armada Adolfo Donda Tigel, acusado de participar en la sustracción y posterior ocultamiento de la hija de desaparecidos Victoria Donda, su sobrina, quien fue apropiada durante el secuestro de su madre María Hilda Pérez en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en la última dictadura militar.
El marino está imputado ante el Tribunal Oral Federal N°6 de la Capital Federal como “partícipe necesario” de la sustracción de su sobrina y como “coautor” de su retención y ocultación posterior en la ESMA, donde funcionaba uno de los centros clandestinos de detención durante el gobierno de facto de 1976 y 1983. Donda Tigel se desempeñó allí dentro del Grupo de Tareas 3.3.2, según consignó el Ministerio Público Fiscal (MPF).
“Entendemos que el crimen cometido por el acusado es un caso especialmente atroz. Por un lado, muestra la atrocidad propia de toda apropiación de niñas y niños nacidos en cautiverio de sus madres en el marco del terrorismo de Estado. Pero en este caso, además, se suma que el acusado, como parte del sistema represivo, cometió estos delitos contra su propia familia, lo que lo convierte en un caso único en la historia de estos juicios”, expresó el fiscal Parenti, titular de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños y Niñas durante el Terrorismo de Estado.
El alegato del fiscal Parenti, que interviene en el juicio con su auxiliar Iván Polaco, comenzó ayer de forma híbrida y tiene previsto durar una serie de jornadas. En la primera audiencia, el magistrado consideró que “quedó probado que Donda era un oficial de Marina, integrante de la Fuerza de Tareas III, que toma intervención en el hecho, ve a su cuñada cuando estaba secuestrada en la ESMA antes de tener a Victoria. Y luego de este hecho, afianza aún más su relación con la ESMA, a tal punto que, meses después, es destinado formalmente a ese lugar y hace una carrera ascendente hasta convertirse poco tiempo después en uno de sus jefes”.
“A pesar de la férrea clandestinidad del sistema represivo -detalló la fiscalía- y a pesar del silencio y las mentiras de los perpetradores, los testimonios de los sobrevivientes han permitido sacar a la luz que el imputado asumió un rol activo en la escena de los hechos. Numerosos testimonios indican que Donda estuvo en la ESMA durante 1977, en días cercanos al parto, tanto antes, como después del nacimiento de Victoria”.
En esa línea, y con respecto al acusado, la acusación explicó: “Donda ya aparece interviniendo en el hecho en momentos previos al nacimiento de Victoria. También vamos a ver que Donda tenía un vínculo con la ESMA, como integrante de la Fuerza de Tareas III, ya desde antes de su nacimiento, y también en tiempos concomitantes al hecho e inmediatamente posteriores. Un vínculo que incluso se fue consolidando luego del nacimiento y apropiación de Victoria”.
A su vez, Parenti analizó que la trayectoria del imputado en la ESMA “no puede desvincularse del hecho que aquí se juzga y de su actitud frente a la detención de sus familiares y, concretamente, frente a la permanencia de su cuñada en la ESMA, el nacimiento de su sobrina y su entrega a un integrante del Grupo de Tareas de la ESMA”.
De acuerdo al acta de elevación a juicio, firmada en noviembre del año pasado, a finales de marzo de 1977 María Hilda Pérez y su marido José María Laureano Donda -hermano del acusado- fueron secuestrados por un grupo de tareas de la Fuerza Aérea. Luego, entre el 10 y el 15 de mayo de ese año, la mujer, que estaba embarazada, fue trasladada desde la Comisaría de Castelar hasta la ESMA, su segundo lugar de cautiverio. En agosto de ese año dio luz a su hija, a quien llamó Victoria, publicó el MPF en su sitio web.
Según se consignó, Pérez fue asistida por el médico Jorge Luis Magnacco -condenado por este mismo hecho en otro debate oral- en la sala de embarazadas de la ESMA, que se ubicaba en el piso más alto del Casino de Oficiales. Luego, por intervención del imputado y otras personas del lugar, la beba fue sustraída e inscripta bajo otros nombres y el apellido de quien fuera su apropiador, el prefecto Juan Antonio Azic, y como hija de éste y de su esposa, Noemí Esther Abrego. Su madre fue trasladada por personal de la Fuerza Aérea quince días después y nunca más se conoció su paradero.
Al referirse al accionar del imputado, el fiscal Parenti dijo: “se ajustó a los planes delictivos del Grupo de Tareas de la ESMA, mostró su fidelidad a la Armada nada menos que en crímenes cometidos contra su propia familia y eso le valió asumir responsabilidades cada vez mayores dentro del centro clandestino de detención”.
Asimismo añadió: “No hay posibilidad de que Adolfo Donda no conociera los hechos. No hay ninguna posibilidad de que la Armada haya hecho todo esto a sus espaldas”.
Por su parte, al analizar la actitud del acusado luego de la sustracción de su sobrina, el acusador consideró que ocultó la información de forma sistemática a su propia familia, lo cual “era clave para la búsqueda y para que se pudiera restablecer el vínculo entre la víctima y su familia”. Y remató: “La prueba recabada sobre la intervención de Adolfo Donda en los hechos es contundente”.
El alegato continuará el próximo lunes 27 de noviembre a las 14:00 horas y podrá ser seguido a través del canal de Youtube del Poder Judicial de la Nación.