Espionaje a jueces: Stiuso analiza ser querellante en la causa en la que está preso el ex policía Zanchetta

Después de la elecciones y a la espera de terminar de analizar no solo los celulares de Ariel Zanchetta, el ex policía preso acusado por espionaje, sino de empezar a ver qué hay en los dispositivos del funcionario de La Cámpora Néstor Fabián “Conu” Rodríguez, el ex agente de inteligencia más conocido, Antonio Horacio Stiuso, se presentó en la causa para conocer el expediente y decidir si se presenta como querellante, revelaron a Infobae fuentes del caso.

“Según ha trascendido en diversos medios, en la presente causa se investiga una organización criminal dedicada a tareas de inteligencia de carácter ilegal, que ha tenido como víctimas de los ilícitos a innumerables personas como ser funcionarios públicos del Poder Ejecutivo, jueces, empresarios, etc. Por diversos comentarios he tomado conocimiento que algunas de esas tareas se han realizado respecto a mi persona. A los fines de evaluar la posibilidad de presentarme como Particular Damnificado, vengo a solicitar se me otorgue acceso al expediente, de modo de poder constatar si ello pudo haber sucedido”, sostuvo la presentación a la que accedió Infobae firmada por Stiuso, siempre asesorado por sus históricos abogados Santiago Blanco Bermúdez y Julián Subías.

El escrito de Stiuso llegó ayer, martes, al juzgado federal de Marcelo Martínez De Giorgi, quien lleva la causa junto al fiscal Gerardo Pollicita. Y forma parte de otro grupo de presentaciones que tendrá que evaluar el juez para aceptar a quiénes serán querellantes. En las últimas horas se sumaron más políticos: apareció el nombre de una funcionaria clave.

Es que después de la definición del balotaje en donde Javier Milei se convirtió en presidente, también se presentó para ser víctima en el expediente la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz. Precisamente, sobre ella hablaban Zanchetta y “Conu” Rodríguez en octubre del año pasado, diálogo que apareció en el celular del ex policía y se convirtió en el eje de la acusación contra el funcionario de la AFIP. El fiscal Pollicita llegó a pedir su detención para indagarlo al acusarlo de ser partícipe del espionaje ilegal que llevó adelante Zanchetta.

En la presentación, Tolosa Paz cita esos diálogos entre Zanchetta y “Conu” Rodríguez y las palabras del dictamen fiscal en torno a que “surge de las evidencias digitales halladas que Ariel ZANCHETTA tenía en su poder dos ‘informes de inteligencia’ en su computadora en los que sistematizó la información obtenida en relación a la ministra Victoria Tolosa Paz, que incluía la reunión de antecedentes laborales, monto de salarios, información crediticia, bancos y cifras con las que opera, constancias de AFIP, participaciones societarias en dos empresas, expedientes civiles y estatuto social, titularidad de automotores e inmuebles, declaraciones juradas patrimoniales de los años 2018 y 2019, imágenes satelitales de su vivienda, información de un supuesto testaferro —con fotografía— y de una propiedad en Miami, Florida, Estados Unidos de América registrada a nombre de aquel —de la que recolectaba características y foto satelital”.

Y también los archivos de la publicación que hizo en el sitio Enclave, “a través del cual ZANCHETTA difundió la información reunida —y aquella aportada por RODRÍGUEZ respecto del country Grand Bell— con el objeto de perjudicar a la Ministra de Desarrollo Social”.

“En definitiva, y a efectos de no sobreabundar, existen elementos que indican que se han practicado sobre mi persona actividades de inteligencia ilegal en infracción a la ley n° 25.520 ‘de Inteligencia Nacional0 —modificada por la ley n° 27.126 y por el Decreto de Necesidad y Urgencia n° 214/2020. De esta manera, resulta claro que me encuentro alcanzada para ser querellante”, dijo Tolosa Paz, quien no había hecho ningún movimiento antes de que pasaran las elecciones.

El diputado del PRO Gerardo Milman y el gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet también presentaron escritos para ser víctimas en el expediente. A Milman y a su hija Zanchetta lo investigó, algo que también puso en observación el fiscal Carlos Rívolo, a cargo de la investigación del ataque a Cristina Kirchner. Del dictamen fiscal no surgieron detalles sobre en qué modo Zanchetta investigó a Bordet, pero su nombre fue consignado por el fiscal en la lista de “objetivos” políticos del ex policía.

Así las cosas, la lista de pretensos querellantes o de personas que pidieron tener acceso a las actuaciones para poder actuar como tales superó la veintena. En esa lista figuran el presidente electo Javier Milei, el ex presidente Mauricio Macri, el ministro de Economía Sergio Massa y su esposa Malena Galmarini, el diputado y lider camporista Máximo Kirchner, el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, el viceministro de Justicia Juan Martin Mena, el dirigente social del frente oficialista Juan Grabois, la ex candidata a gobernadora y futura titular del ANSeS Carolina Píparo, la ex candidata a presidenta Myriam Bregman y el ex titular de la AFI Gustavo Arribas.

También el diputado del PRO Fernando Iglesias, el ex intendente del PRO Joaquín de la Torre, el intendente del PRO Jaime Nicolas Mendez Curutchet, el intendente de Escobar Ariel Sujarchuk, los legisladores del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Martín Doñate y los diputados de JxC Alberto Emilio Asseff y Mónica Frade. A la lista se suman el periodista Christian Eduardo Sanz, el fiscal Carlos Stornelli, el ex juez Eduardo Freiler, el jefe de la AFA Claudio Fabian Tapia, el ex líder de Boca Junior Daniel Angelici y el ex futbolista Juan Sebastian Verón.

Tal como lo reveló Infobae hace diez días, el juez Martínez De Giorgi le ordenó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) que elabore un informe técnico sobre la información que recolectó el ex policía Ariel Zanchetta, detenido en la causa por el espionaje ilegal a jueces, sobre cada una de las personas que se presentaron en el expediente pidiendo ser querellante. En base a ese informe, que será exhibido a las partes, el juez decidirá a quiénes acepta como particulares damnificados en esta megacausa.

Hasta hoy, el único querellante es Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti. Zanchetta lo buscó más de una decena de veces en las bases de SudamericaData, una página que también quedó en la mira de los investigadores.

La causa empezó con la investigación de una serie de líneas creadas a nombre de los ministros de la Corte Suprema y se fusionó con otro expediente en donde se analizaba el hackeo de los celulares a un grupo de jueces claves de Comodoro Py 2002: dos jueces de Casación y dos magistrados que en ese momento definiendo lo que resultaría la condena de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el juicio Vialidad.

El hackeo a esos celulares se dio también en momentos en que atacaban los teléfonos de Marcelo D’Alessandro, entonces ministro de Seguridad porteño; y del diputado del PRO Diego Santilli. La investigación determinó que todo pasó por las manos del hacker misionero Ezequiel Nuñez Pinheiro, quien está preso y asegura que las maniobras para llevar adelante la operación se las encargó un misterioso usuario de Telegram que le pagó y desapareció.

La pista sobre los celulares hackeados también llevó a Zanchetta, un policía retirado de Junín que, según el fiscal Pollicita, era un agente de inteligencia inorgánico. Al analizar sus teléfonos, se abrió una tercera hipótesis por la cantidad de personalidades políticas a las que espió.

El contenido de sus dispositivos aún no fue terminado de analizar, pero la investigación llevó al allanamiento de las oficinas y la casa de “Conu” Rodríguez, un hombre clave en la comunicación de La Cámpora que hoy ocupa un puesto estratégico en la AFIP. Según un diálogo de Telegram encontrado, en foto, en el celular de Zanchetta, “Conu” Rodríguez le encargó una operación contra la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz. Zanchetta le preguntó si seguía reportando a él y la respuesta fue afirmativa.

En los allanamientos no lo encontraron. Tres días después, el fiscal pidió su detención a los fines de indagarlo. El juez lo rechazó y le prohibió la salida del país. Rodríguez se presentó en tribunales para entregar su celular. Hasta ahora solo se hizo una copia forense del material, que aún no empezó a ser analizado.