Sergio Massa o Javier Milei. Uno de los dos será hoy electo presidente de la Nación y desde el 10 de diciembre se encontrará con varios escenarios judiciales que esperan una definición, en algunos casos desde hace ya varios años, y que ni Alberto Fernández ni Mauricio Macri pudieron resolver.
Por eso, en tribunales genera mucha expectativa el cambio de gobierno, aunque la concentración política del próximo Presidente pasará por la economía –con eje en la inflación- y lo judicial estará en un segundo plano. Pero los problemas estarán y las definiciones deberán llegar. Desde la relación con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el reacomodamiento de fichas en el Consejo de la Magistratura de la Nación hasta la cobertura de vacantes y la puesta en marcha de Códigos claves en materia penal son algunos de los cinco escenarios más importantes con el que se encontrarán Massa o Milei. Ninguno de los dos, previo a la elección, dijo quién será su ministro de Justicia.
El juicio político a la Corte Suprema y la relación con el máximo tribunal
Una primera definición del próximo Presidente deberá darla antes de iniciar su mandato. Será sobre el juicio político que Alberto Fernández le inició a los cuatro jueces del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, por los fallos de la coparticipación a favor de la ciudad de Buenos Aires y la reforma al Consejo y al que después el kirchnerismo en la Comisión de Juicio Político de Diputados le sumó otros hechos.
El 9 de diciembre vence el plazo para que la Comisión dictamine si aprueba la acusación o si la rechaza. Milei ya dijo que está en contra del juicio político. Massa que tiene que estudiar la acusación. El candidato de Unión por la Patria fue quien pidió que las sesiones del Congreso se extiendan hasta el 9 de diciembre porque sino la definición se debería haber tomado durante la campaña electoral para el balotaje.
La postura de Massa será clave si es presidente. La Comisión tiene 31 integrantes: 16 del oficialismo y 15 de la oposición. Por un voto el oficialismo está en condiciones de aprobar la acusación. Pero dos de su diputados – Ramiro Gutiérrez y Micaela Morán- son del Frente Renovador, el partido de Massa. Sin esos dos votos el juicio político que impulsa el kirchnerismo se cae en la comisión. De todas las formas si el dictamen es aprobado, el oficialismo no tienen en el pleno de la Cámara los votos para seguir avanzando. El juicio quedará ahí.
Pero lo que ocurra en la comisión será una prueba de fuego política para Massa en caso de ser Presidente. No solo por su relación con Cristina Kirchner, sino por cómo encarará los vínculos con la Corte Suprema. Es una acusación en la que se cruza el espionaje ilegal que quedó patentizado en este caso con las revelaciones que se conocieron hace dos semanas de la computadora del agente Ariel Zanchetta.
En el máximo tribunal en particular y en la Justicia en general esperan que el próximo gobierno tienda puentes institucionales y se puedan generar canales de comunicación que hoy no existen. En la Corte Suprema no tienen diálogo con el ministro de Justicia, Martín Soria, ni con Alberto Fernández. “Lo que la Corte resuelve el Gobierno se entera por los diarios”, grafica un hombre del Poder Judicial.
El máximo tribunal tiene causas clave para resolver. Una que involucra directamente al gobierno nacional y es por la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires. La Corte resolvió una cautelar a favor de la Ciudad pero todavía tiene pendiente la efectivización de la devolución de la plata y la cuestión de fondo. Pero a la Corte pueden llegar todos los reclamos administrativos de un gobierno. Un escenario muy previsible para el próximo presidente sobre todo porque es unánime que deberá tomar medidas para la crisis económica.
Además la Corte tiene para resolver causas penales de impacto político. Las más importantes son las que involucran a Cristina Kirchner y que llegarán cuando deje la vicepresidenta. El máximo tribunal tiene que resolver su sobreseimiento en dólar futuro y su envío a juicio oral en “Los Sauces-Hotesur” y la firma del memorándum de entendimiento con Irán. También le llegará la condena a la vicepresidenta por la obra pública.
En 2024 la Corte tendrá sus propias elecciones. En septiembre del año que viene vencen los tres años de la presidencia de Rosatti y de la vicepresidencia de Rosenkrantz. Podrían ir por un nuevo período o renovarse las autoridades. Si cambia el presidente también lo hará la titularidad del Consejo. Es porque la ley vigente establece que el titular de la Corte es además el del Consejo.
Una primera llave de la relación entre gobierno y Corte Suprema será el ministro de Justicia. Milei adelantó los nombres de gran parte de su Gabinete pero no el de Justicia. Circuló un abogado muy reconocido, Mariano Cúneo Libarona. Milei lo reconoció como posible y hasta dijo que tenía el aval de la Corte. En el máximo tribunal lo niegan.
Massa no aventuró ningún nombre. Por sus amplias relaciones en la Justicia muchos creen que para algunos temas sensibles no pasarán por su ministro de Justicia, sino directamente por él.
La cobertura de cargos clave
El reclamo es histórico y de toda la justicia: las vacantes de jueces y fiscales. Y es un problema que se le critica a toda la clase política pero que la justicia forma parte de la no solución.
Massa o Milei se encontrarán con dos cargos de alto voltaje político para cubrir. Uno es en la Corte Suprema por el cargo que dejó en noviembre de 2021 Elena Highton de Nolasco cuando renunció. Desde entonces, ya dos años, Alberto Fernández no propuso a ninguna candidata ya que se entiende que será una mujer. El otro es del procurador General de la Nación que ocupa Eduardo Casal de manera interina desde 2017 cuando se fue Alejandra Gils Carbó. Primero Macri propuso a la jueza Inés Weinberg de Roca, rechazada por el peronismo, y Fernández al juez Daniel Rafecas, rechazado por el kirchnerismo.
Quienes sean propuestos para esos cargos necesitarán un amplio acuerdo político porque para su aprobación en el Senado se requieren los dos tercios de los votos, un número que ninguna fuerza política tendrá por si solo desde el 10 de diciembre. Se requerirán consensos que no se lograron en cuatro años del gobierno de Fernández.
Pero el nuevo Presidente tendrá que tomar otra decisión en diciembre del 2024. Es una fecha muy lejana en la coyuntura de un país como Argentina pero el dato está sobre la mesa de la política para las negociaciones. El 29 de diciembre del año que viene Maqueda cumple 75 años, la edad máxima que establece la Constitución Nacional para ser juez.
Maqueda deberá decidir si se jubila o si le pide al gobierno seguir cinco años más como permite la Constitución. Si ocurre lo último, el nuevo presidente deberá resolver si lo acepta y si el Senado lo aprueba. Así, hoy está en el aire otra silla en la Corte.
Otra cargo –de menor relevancia política pero que sirve para las negociaciones en un escenario de consensos necesarios- es el del defensor del Pueblo de la Nación. El cargo está vacante hace 13 años.
Por debajo de esos cargos también preocupan las vacantes en el resto del Poder Judicial. Según datos del Consejo de la Magistratura, el 28 por ciento de los cargos de jueces nacionales y federales están vacantes: de 1002 lugares, 282 están sin jueces titulares. De las 282 vacantes, 176 están en el Consejo de la Magistratura en trámite en concursos; 48 en el gobierno nacional a la espera que elijan uno de los postulantes; y 47 en el Senado para su aprobación.
De los muchos reclamos que la justicia le hace a la política el principal es el de las vacantes. Y no escapa a ningún partido porque el promedio de vacantes del 25 por ciento se mantiene hace por lo menos una década en la que pasaron tres gobiernos y no se pudo resolver.
Entre los lugares a ocupar hay algunos que la política mira más de cerca. Son los de Comodoro Py, los tribunales por donde pasan las causas que involucran a funcionarios y empresarios. Allí están vacantes cuatro juzgados de primera instancia, dos lugares en la Cámara Federal – en rigor ocupados pero por trasladados que la Corte dijo que deben ser reemplazados-, seis en Tribunales Orales Federales y dos en la Cámara de Casación que podrían ser tres dependiendo cómo se termine resolviendo la situación de la jueza Ana María Figueroa. Son demasiados cargos libres, demasiado poder.
Esos lugares libres tramitan en concurso del Consejo y la gran mayoría ya están concluidos hace más de un año pero no se aprueban. Lo impide la falta de acuerdos políticos de los que los representantes de la justicia en el organismo son parte. La expectativa está en que la llegaba del nuevo gobierno permita avanzar en su aprobación.
Los realineamientos en el Consejo de la Magistratura
El Consejo es el órgano más político de la Justicia. Está integrado por jueces, abogados, diputados, senadores, representantes académicos y por uno del gobierno. Desde el año pasado está integrado por 20 miembros tras un fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional su composición de 13. Con esa resolución, Rosatti llegó al cuerpo como presidente, lo que fue criticado duramente por el kirchnerismo y es una de las acusaciones del juicio político.
En el Consejo hay representantes del kirchnerismo, del PRO, de la UCR y aliados a esos sectores que por si solos no tienen los votos para imponer las decisiones clave y que, por ejemplo, tienen frenados muchos concursos de jueces.
Pero todos apuestan que el resultado de hoy generará reacomodamientos. En principio habrá otro representante del Poder Ejecutivo. Inclusive si gana Massa. Si bien tiene buena relación con el actual, Gerónimo Ustarroz, hombre de La Cámpora y hermano de crianza de Eduardo “Wado” de Pedro, todo indica que buscará un hombre que le responsa directamente. Con Milei la expectativa es quien puede ser porque en tribunales su equipo judicial es una incógnita más allá de algunos nombres que circularon.
Pero el resultado de las elecciones y cómo quede la política nacional será fundamental en el Consejo. La ruptura no oficializada de Juntos por el Cambio puede impactar en el organismo donde hay radicales y del PRO. Inclusive con líneas distintas. También cómo actuarán los representantes del kirchnerismo –todos responden a Cristina Kirchner- si gana Massa. Y si gana Milei con quienes buscará hacer alianzas. Y cuál será el posicionamiento de Rosatti como presidente que hasta ahora fue en busca de consensos en los temas posibles.
Un nombre apareció hace un tiempo. Es el de Diego Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora, ex integrante del Consejo y que en su armado político logró llevar a tres representantes al cuerpo. Molea es un hombre cercano a Massa a quien se lo vio en algunos de los últimos actos que hizo el candidato.
El Consejo tiene más preguntas que certezas. Un escenario muy abierto que comenzará a tener más luz el año que viene después de la feria judicial de enero. En ese escenario se espera que se resuelva el consejero número 20 que le corresponde al Senado y cuyo nombramiento nunca se dio por la disputa entre oficialismo y la oposición y la Corte sobre a qué bloque le corresponde.
Las causas políticas
Todos los presidentes dicen que no, pero si. Sí les importan las causas judiciales porque muchas de ellas pueden tener impacto en su gobierno o en sus alianzas de gobierno. Por eso los expedientes que tramitan en Comodoro Py tienen una sensibilidad mayor.
Si bien la “temporada alta” de causas penales pasó y tuvo su punto máximo durante el gobierno de Macri, hay varios expedientes que todavía tienen repercusión y sobre el que se esperan definiciones.
La Cámara Federal de Casación Penal definirá el año que viene si confirma la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de Cristina Kirchner por la obra pública en Santa Cruz. Sobre la vicepresidenta también se deben resolver los juicios orales por “Los Sauces-Hotesur” y la firma del memorándum con Irán. En el primero de ellos está imputado su hijo y diputado nacional Máximo Kirchner. Por otra parte, la expectativa es que antes de fin de año se fije para el primer semestre del 2024 la fecha para el comienzo del juicio oral por el intento de homicidio de Cristina Kirchner.
Macri también espera definiciones. La más importante es si Casación confirma su sobreseimiento en la causa por el espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan. Es una de las varias causas que el macrismo tiene abiertas por espionaje, algunas de ellas ya confirmadas por la Corte Suprema y en condiciones de ir a juicio oral.
Sobre el espionaje dos semanas antes de la elección de hoy se activó la causa por espionaje ilegal a jueces federales que llevó hasta Fabián “Conu” Rodríguez, funcionario de la AFIP y hombre clave del kirchnerismo en comunicación, quien fue allanado y con un pedido de detención.
La justicia encontró chats entre Rodríguez y un agente de inteligencia inorgánico –Zanchetta- en el que el funcionario le pedía que espiara ilegalmente a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Toloza Paz. En la computadora de Zanchetta se encontraron más de mil carpetas de personas y de todo el arco político. Entre ellos los dos candidatos presidenciales que competirán hoy.
Se trata de un expediente que convulsionó el mundo político y judicial y con derivaciones que no todos tienen claras. Y pueden salpicar a más de uno. Un caso que no pasará desapercibido para el próximo gobierno.
Las reformas penales
Massa y Milei tuvieron una coincidencia en el debate presidencial. Y fue la necesidad de avanzar en reformas en los Códigos Penal y Procesal Penal Federal, dos herramientas que muchos consideran imprescindibles para mejorar la justicia penal.
Se trata de dos iniciativas que están paradas en el Congreso Nacional y que ambos candidatos se comprometieron a impulsar.
El proyecto de reforma al Código Penal fue presentado en 2019 en el Senado por la comisión que encabezó el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky y que se creó durante el gobierno de Macri.
La iniciativa prevé aumento de penas para los delitos de corrupción y de narcotráfico, la creación de nuevos delitos como los de terrorismo, los tecnológicos, el acoso y maltrato laboral y que sean efectivas en prisión las condenas por delitos de género.
Especialistas expusieron en el Senado sobre el proyecto pero nunca fue analizado ni tratado en comisión. Quedó suspendido. Por ser una reforma a un código no pierde estado parlamentario. La misma iniciativa fue presentada el año pasado por diputados de Juntos por el Cambio.
El Código Procesal Penal Federal ya fue aprobado por el Congreso. Establece el sistema acusatorio en todo el país con tiempos más breves para las investigaciones y que las causas están a cargo de los fiscales. Se estableció un sistema por el cual el Código se iba a aplicar en etapas en el país. Primero se hizo en Salta y Jujuy donde ya funciona. Pero luego la implementación se frenó. Lo que sí se hizo fue poner en marcha en todo el país algunos pocos artículos. Son los que fijan que una condena queda firme cuando la Corte Suprema rechaza el último recurso posible y el que establece que antes de detener en prisión preventiva a una persona se deben analizar si no aplican otras restricciones menos lesivas como una domiciliaria o una tobillera electrónica.
La puesta en marcha del Código Procesal está a cargo de una comisión bicameral del Congreso que tiene una particularidad: no tiene integrantes. Este año ni el Senado ni Diputados eligió a sus representantes por lo que en un tema clave como es la justicia penal no hubo legisladores que trabajen el tema. Será esa integración un primer paso tanto para Massa como para Milei.