Brasil ofreció juzgar a un sospechoso del atentado a la AMIA y la decisión final será del Gobierno argentino

Uno de los últimos sospechosos de haber sido partícipe del atentado a la AMIA podría ser juzgado en Brasil, si prospera un planteo que formalizó el país vecino. Se trata de uno de los últimos prófugos de la causa, identificado como Farouk Abdul Hay Omairi, un hombre de casi 80 años, origen libanés y con residencia en la zona de la Triple Frontera que se hizo ciudadano brasileño. Esa situación complicaría el proceso judicial: las autoridades brasileñas avisaron que, por su constitución, no van a entregarlo a la Argentina pero ofrecieron juzgarlo en esas tierras.

Según pudo saber Infobae, el fiscal de la causa Sebastián Basso dio el visto bueno para avanzar con un juicio oral solo contra este sujeto. Ahora se invitó a las querellas a opinar. No obstante, resolución final la tomará el Poder Ejecutivo porque se trata de una resolución política. Por los tiempos, quedará para el futuro Gobierno.

El ministro de Justicia de la Nación Argentina, Martín Soria, tramitó las gestiones políticas para que esto avanzara, según destacaron en tribunales. Los responsables de la investigación por el ataque fueron informados de la situación. En este sentido, el fiscal Basso señaló que un proceso judicial contra el acusado en Brasil sería “la opción más factible de avanzar firmemente en el objetivo de hacer justicia, que siempre se ha tenido como horizonte que marca nuestra actuación”.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) amplió sus fundamentos al subrayar que “la colaboración prestada por las autoridades judiciales del vecino país se ha constituido en uno de los pilares sobre los que se asientan las certezas que se han logrado en torno a las personas que tuvieron participación en el atentado terrorista”.

“Sin la ayuda prestada por Brasil, no se podría haber logrado el grado de esclarecimiento del hecho criminal al cual se ha arribado. Si nos remitimos a las evidencias y pruebas incorporadas como evidencias de cargo contra Farouk Omairi, podemos observar que la mayoría de ellas fueron aportadas por las autoridades judiciales y policiales del Brasil”, remarcaba el dictamen judicial al que tuvo acceso este medio. Asimismo, el ente judicial aportó detalles sobre la investigación al comunicar que “al día de la fecha se encuentran en trámite ante el Ministerio Público Fiscal brasileño diversos pedidos de colaboración con miras a la obtención de nuevas pruebas”.

A su criterio, el ofrecimiento de Brasil debe ser aceptado. Básicamente por dos razones, el acusado es una persona de casi ochenta años y, según su historial migratorio y delictivo en el Brasil, “fue condenado por el delito de tráfico de estupefacientes y falsificación de documentos a la pena de 11 años y 8 meses de reclusión, al pago de 303 días de multa y no ha tenido viajes fuera del Brasil en los últimos treinta años”. Es decir, nada hace presumir que Omairi viajará fuera del Brasil en los próximos tiempos. “En ese contexto, es difícil imaginar que Omairi sea detenido por autoridades de otro Estado y sometido a un proceso de extradición”, apuntaron.

El atentado a la AMIA sacudió las entrañas del país el 18 de julio de 1994. Provocó la muerte de 85 personas y heridas en más de 300. En la Argentina hubo dos juicios contra los presuntos partícipes del crimen, en torno a la llamada conexión local. En el primero fueron juzgados el reducidor de autos Carlos Telleldín y un grupo de policías bonaerenses que habían sido culpados por Telleldín de llevarse la camioneta bomba. Esa acusación, hecha en vísperas del segundo aniversario del atentado, fue consecuencia de un pedido de 400 mil dólares por parte del detenido, que fue pagado por la SIDE, con aval del juzgado. La sentencia de ese priner juicio implicó que todos terminaran absueltos, pero, por orden de la Corte Suprema, Telleldín volvió a ser juzgado, por el tramo que se investigó antes de que él denunciara a esos funcionarios policiales. En el segundo debate, un tribunal volvió a absolverlo, tras argumentar que no se pudo probar que supiera el uso que se le daría a la camioneta.

A los sospechosos de haber organizado y planificado el ataque contra el edificio de la Comunidad Judía en Argentina nunca se los pudo indagar. Varios de ellos tienen captura internacional desde hace años, pero Irán no los entrega. La causa sostiene que la explosión fue ideada y preparada por quienes, por ese entonces, ejercían el poder en la República Islámica de Irán, y que fue ejecutada por la organización terrorista libanesa Hezbollah. Hay ocho pedidos de captura sobre los presuntos involucrados que se resisten a ser indagados por los tribunales argentinos. Algunos de esos imputados circulan por el mundo sin ser atrapados gracias a pasaportes diplomáticos, a pesar de que pesan sobre ellos cinco alertas rojas de Interpol renovadas hasta 2027.

La Justicia argentina sostiene que los funcionarios iraníes considerados responsables de decidir, planificar y ejecutar el acto terrorista fueron: el ex presidente de la República Islámica de Irán Alí Akbar Hashemi Bahramaie Rafsanjani, el ex Ministro de Información iraní Alí Fallahijan, el ex Ministro de Relaciones Exteriores de la nación persa Alí Akbar Velayati, el ex jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria “Pasdaran” Mohsen Rezai, el ex encargado de la fuerza de elite “Al Quads” pertenenciente a la Guardia Revolucionaria Ahmad Vahidi, el ex Consejero Cultural de la Embajada iraní en nuestro país Mohsen Rabbani, el ex Tercer Secretario de la representación diplomática iraní en Argentina Ahmad Reza Asghari o Mohsen Randjbaran y el ex Embajador de la República Islámica de Irán en Buenos Aires Hadi Soleimanpour.

A esa lista se sumó Imad Fayez Moughnieh, por entonces a cargo del Servicio Exterior de la agrupación terrorista libanesa, acusado de dirigir el grupo que atacó la sede de la mutual judía en Buenos Aires. Según se pudo establecer, ya falleció al igual que el ex presidente Rafsanjani y, por lo tanto, se ordenaron sus respectivos sobreseimientos.

Hay un último sospechoso sobre el que la Justicia argentina ha puesto todas las miradas: Samuel Salman El Reda o Salman Raouf Salman, un miembro activo del Hezbollah que vivía en la Triple Frontera y estuvo en Buenos Aires en julio de 1994 cuando ocurrió el atentado. A él se le adjudica haber transmitido información indispensable para la concreción del ataque. Se cree que fue un nexo de los agentes internacionales que actuaron en territorio argentino.

Durante el gobierno de Cristina Kirchner se intentó llevar adelante un Pacto de Entendimiento con Irán para destrabar el conflicto, pero no llegó aplicarse. Además, el fiscal Alberto Nisman, cuatro días antes de morir, acusó a la entonces presidenta, sus funcionarios y otro grupo de personas por encubrimiento a los iraníes a raíz de ese documento. Dijo que detrás de ese acuerdo se buscaba hacer caer las alertas rojas dw Interpol. En septiembre pasado, Casación ordenó juzgar a la vicepresidenta y los otros acusados por ese caso.

Por el momento, la investigación del atentado a la AMIA sigue sin poder llegar a los responsables. Y, tal como informó Infobae, el juez federal Daniel Rafecas ordenó en junio pasado la captura nacional e internacional de cuatro sospechosos de haber participado en el atentado a casi 29 años de la voladura de la mutual judía. La medida fue en respuesta a un planteo formulado el 30 de noviembre de 2022 por la fiscalía de la UFI AMIA.

“Existen suficientes evidencias como para convocar al proceso penal a cuatro personas de origen libanés, pero afincados hace varias décadas en la zona conocida como ‘Triple Frontera’”, indicaron al considerar que prestaron algún tipo de colaboración a la organización “Hezbollah”, acusada de llevar adelante el ataque a asociación israelita el 18 de julio de 1994 y que provocó la muerte de 85 persona. Los cuatros imputados, todos nacidos en la República del Líbano, fueron identificados como Abdallah Salman (a) José Salman El Reda, Hussein Mounir Mouzannar, Alí Hussein Abdallah y Farouk Abdul Hay Omairi.

El 13 de junio de 2023, el juez federal interinamente a cargo del caso, Daniel Rafecas, interpretó como viable el pedido de la Fiscalía y ordenó sus capturas nacionales e internacionales para escucharlos en indagatoria. Según la información que recolectó el Ministerio Público, Farouk Abdul Hay Omairi adquirió la nacionalidad brasileña el 3 de agosto de 1987 y reside en Foz de Iguazú, una de las ciudades ubicadas en la “Triple Frontera”. No ha registrado movimientos migratorios desde hace más de cuarenta años.

Farouk Abdul Omairi es señalado como uno de los líderes del grupo terrorista por ser uno de los más encumbrados comerciantes de la Triple Frontera y también activo religioso. Su vínculo con la mezquita Husseinia y con la Sociedad Benéfica Islámica sirve como contacto con la comunidad y puerta de entrada para coordinar sus tareas. Incluso es considerado el “gran coordinador” por los libaneses de ese triángulo geográfico. A Omairi se le atribuyó haber montado un esquema de narcotráfico desde la Triple Frontera. Omairi estuvo preso pero “consiguió escapar de la cárcel pública local de Foz de Iguazú, en un extraño y, hasta hoy, mal explicado equívoco de cumplimiento de órdenes”, según describió la jueza que lo investigó.

En tanto, Alí Hussein Abdallah también obtuvo también la ciudadanía brasileña y vivió en la zona de la “Triple Frontera” hasta el año 2000, fecha en la cual partió hacia el Líbano. Allí falleció de COVID-19 el 20 de noviembre de 2020, de acuerdo con lo informado recientemente por la oficina INTERPOL de ese país.

Abdallah Salman, en tanto, es conocido en la Argentina bajo la falsa identidad obtenida ilícitamente en Colombia como José El Reda. Actualmente está en el Líbano, según INTERPOL. Vivió durante un largo tiempo en la “Triple Frontera”, donde habría obtenido la nacionalidad paraguaya.

Por su parte, Hussein Mounir Mouzannar vivió en la Triple Frontera hasta que se enteró de que era buscado por la Justicia argentina y se fue al Líbano. También tiene ciudadanía paraguaya. Desde el 18 de junio de 2023 reside en Líbano, país al cual se le ha requerido que lo detenga y lo entregue a las autoridades argentinas. Un abogado argentino busca convertirse en su representante pero hasta ahora no lo logró. Quiere que su cliente declare pero sin quedar detenido.

La República Federativa del Brasil, mediante nota recibida en la Cancillería Argentina y enviada el 3 de noviembre de 2023, informó que en virtud de que Farouk Abdul Hay Omairi es ciudadano brasileño, y por imperio de la constitución de dicho país, no va a ser entregado para ser juzgado por las autoridades argentinas. Sin embargo, ofreció que Omairi sea juzgado por las autoridades judiciales de su país, conforme lo expresamente establecido por el artículo 1°, parte primera, del Tratado de Extradición firmado entre Argentina y Brasil en 1961 e incorporado a nuestro derecho interno mediante la ley 17.272. Según esa normativa, las autoridades del Estado argentino deberán decidir si aceptan la invitación cursada por el gobierno del vecino país y, de ser viable, aportar todas las pruebas para el procesamiento y enjuiciamiento de Omairi de acuerdo a las reglas del derecho que allí se encuentran vigentes.

No obstante, el fiscal remarcó que serán las autoridades ejecutivas las que deberán informar a sus pares del Brasil la decisión que se adoptará respecto al ofrecimiento de enjuiciar a Omairi, debido a que el tratado internacional que se aplicaría está incluido en la Constitución Nacional Argentina. “Este integrante del Ministerio Público Fiscal, en el marco del obrar coordinado con las demás autoridades de la República y como director de la investigación que se lleva adelante en torno al atentado terrorista contra la sede de la AMIA, habrá de señalar a continuación los motivos que llevan a considerar que se debería dar curso favorable al ofrecimiento de la República Federativa del Brasil”, manifestó.

En el documento al que accedió este medio, Basso sostuvo que “un examen del asunto desde la óptica del derecho nos indica que la existencia de una estrecha, pacífica e histórica relación con Brasil en el ámbito de las relaciones internacionales argentinas, nos lleva a considerar que las autoridades judiciales de dicho país actuarán conforme a los mismos ideales de justicia, basado en el respeto a los derechos humanos fundamentales”. Además, señaló que “la trasnacionalidad del atentado terrorista llevado a cabo contra la sede la AMIA y la participación en dicho crimen de personas que residen fuera de las fronteras argentinas, lleva a tener en consideración la diferencia que se aprecia en orden a la colaboración de otras naciones para el esclarecimiento y juzgamiento del hecho criminal”.

“En particular debemos referirnos a la República del Líbano y a la República Islámica de Irán, donde se refugian los otros prófugos de la Justicia argentina, muchos de ellos con notificaciones rojas emitidas por la organización internacional de policías de la INTERPOL. A diferencia de los vínculos que nos unen con Brasil, ni con Irán ni con El Líbano se ha suscripto ningún tipo de convenio de cooperación en materia penal. En el caso de El Líbano, además, se debe tener en consideración que las características constitucionales de ese Estado y el modo en que en los últimos tiempos se gobierna en dicho país, ha propiciado que la agrupación ‘Hezbollah’ tenga una notable injerencia en los asuntos de Estado y ostente bajo su dominio una importante milicia armada que pone en riesgo la seguridad de la región”, afirmó Basso.

Según sostuvo, “la participación de ‘Hezbollah’, a través de su brazo armado en operaciones clandestinas en el exterior, la ha llevado a ser calificada como una agrupación terrorista, no sólo por la República Argentina, sino también por varios Estados a lo largo del planeta”. En el mismo sentido, el funcionario público describió que “la situación con Irán es aún más triste”, al explicar que “a lo largo del trámite del proceso en nuestro país se ha requerido en innumerables ocasiones a las autoridades de ese país que presten algún tipo de colaboración para el esclarecimiento del atentado. Lamentablemente nunca han demostrado una actitud positiva, sino todo lo contrario”.

“Han llegado, incluso, a sostener oficialmente que darían curso a los exhortos recibidos sólo si se daban de baja las imputaciones contra ciudadanos iraníes”, recordó la fiscalía, para después agregar que “también hay que considerar que los imputados que allí residen han sido, o siguen siendo, altos funcionarios de gobierno y conservan al día de hoy una relevancia pública notoria”.

Pero el fiscal analizó “la posible participación de las víctimas en el proceso y posterior enjuiciamiento de Omairi ofrecido por las autoridades brasileñas”, resaltó la adhesión de Brasil al pacto de San José de Costa Rica y los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos luego de bucear en la legislación del país vecino. “Resultaría posible que, eventualmente, el Estado argentino, a través de un abogado designado por las autoridades ejecutivas, pueda participar como parte o veedor del proceso que se abra en Brasil, asegurando de esa forma la defensa de los intereses nacionales”, destacó.

“En el caso concreto del avance de la investigación del atentado contra la sede de la AMIA, la colaboración prestada por las autoridades judiciales del vecino país ha sido constante y se ha constituido en uno de los pilares sobre los que se asientan las certezas que se han logrado en torno a las personas que tuvieron participación en el atentado terrorista”, reconoció Basso.

Finalmente, el fiscal invitó a las querellas a ser informadas y dar su opinión, tras remitir su punto de vista ante la Procuración General. La causa está en manos del juez Ariel Lijo, interinamente a cargo del Juzgado Federal 6, donde tramita la causa. Sin embargo, hubo planteos de recusación contra el magistrado (que ya intervino en otra parte del proceso por la causa del encubrimiento) y que aún no fueron resueltos. De todas maneras, en tribunales subrayaron que la oferta de Brasil se trata de una cuestión que debe aceptar o rechazar el Poder Ejecutivo.