CABA demandó al Servicio Penitenciario ante la Corte Suprema y le exigió el traslado a cárceles de los presos porteños

La Procuración General de la Ciudad demandó este viernes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación al Estado Nacional y le reclamó que dicte una medida cautelar que que ordene al Servicio Penitenciario Federal a recibir a la totalidad de los presos alojados en alcaidías y comisarías porteñas, donde están alojados unos 1700 detenidos, lo cual representa una ocupación del 230 por ciento del sistema. En paralelo, en los tribunales de Comodoro Py 2002, el Gobierno de Horacio Rodriguez Larreta reclamó la indagatoria de la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós. Se trata de una causa que había sido archivada y que fue reabierta por la Cámara Federal, tal como reveló Infobae en junio pasado.

La demanda, que se inicia a 48 horas de la elección de balotaje que definirá quién es el próximo presidente de los argentinos, se enfoca en la polémica se centra en los demorados traslados de detenidos desde las comisarías porteños a las cárceles federales.

Todo comenzó en la pandemia. En 2020, el número de personas alojadas en dependencias de la Policía de la Ciudad no superaba los 200. A fines de abril del 2023 había 1272 detenidos, según la resolución de la jueza porteña Carla Cavaliere, quien resaltó: “El alojamiento de personas privadas de la libertad con situación procesal resuelta es una obligación legal del Servicio Penitenciario Federal”. Hoy, de acuerdo a la presentación, la superpoblación supera el 230 por ciento.

La situación se agrava si se tiene en cuenta que las comisarías porteñas no están preparadas para alojar detenidos: el Sistema Interinstitucional de Control Judicial de Cárceles inspeccionó tres lugares y concluyó que se constó superpoblación; falta de agua, ventilación y sanitarios; comida en mal estado o presos que se hacían sus necesidades en botellas.

Ya hubo varios incidentes en donde, además, los detenidos lograron fugarse. “Se han registrado sucesivos hechos de violencia, problemáticas entre internos, personal policial lesionado, disturbios, motines y evasiones; siendo el último hecho el siguiente: Con fecha 11 de noviembre de 2023, disturbio interno dentro de dependencia con quema de colchones, en la que se atendieron y trasladaron preventivamente a 4 efectivos policiales y 3 detenidos, con lesiones por inhalación de monóxido de carbono”, detalló la presentación. En esa seccional de Republica Arabe Siria al 2900, habia plazas par once internos y había 39.

No es la primera vez que la Ciudad recurre a la Corte Suprema contra el Gobierno Nacional. La demanda por la copartipación, tras la decisión del presidente Alberto Fernández de modificar el porcentaje que había decidido la gestión de Mauricio Macri por el traspaso de la Policía, revolucionó la relación entre los dos gobiernos. A fin del año pasado, la Corte Suprema hizo lugar a una medida cautelar en favor del gobierno porteño sin resolver aún la cuestión de fondo. Luego de ello, se activó el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema y el caso es uno de los ejes de la acusación que votó el oficialismo en la comisión.

Ahora, la Ciudad volvió a llevar una demanda ante la Corte Suprema. El Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gabriel María Astarloa, junto al director General de Asuntos Institucionales y Patrimoniales de la Procuración Fernando José Conti se presentaron este viernes ante el máximo tribunal para iniciar una acción contra el Estado Nacional, en particular el SPF, por entender que se incumplió el convenio de colaboración N° 13/2004, la Ley N° 20416 y la Ley N° 24660 con relación a las personas privadas de la libertad que se hallan alojadas en la comisarías y alcaldías de la Ciudad de Buenos Aires.

“La demanda instaurada, no sólo tiene el propósito de que se declare judicialmente el incumplimiento de las normas antes citadas y de los derechos y garantías de raigambre constitucional con relación a las personas privadas de la libertad por parte del Estado Nacional - S.P.F-, sino que también tiene por objetivo hacer cesar la obstinada negativa de parte del S.P.F de cumplir con las normas supra referenciadas y que se ordene a dicho organismo el traslado de las personas con prisión preventiva y/o condenadas que se encuentran actualmente alojadas en alcaidías y comisarías de la CABA a los distintos establecimientos carcelarios”, sostuvo el escrito al que accedió Infobae.

“Evidentemente el Estado Nacional incumple con dos principios que debe tener todo acto estatal y estos son: el principio de razonabilidad y el de legalidad -se añadió- Ello así, pues, la obstinación que es dable observar en la conducta del S.P.F. permite avizorar sin dificultad alguna la existencia de un incumplimiento” en esos acuerdos. Puntualmente solicitó que se dicte una medida cautelar que le ordene al Estado Nacional que recepcione el traslado de la totalidad de los detenidos en comisarias y alcaidías de la C.A.B.A. a establecimientos penitenciarias nacionales y/o en su defecto del cupo o porcentual que se estime en forma mensual hasta cubrir el total en un plazo no mayor de un año.

En la presentación no solo se subraya la competencia de la Corte Suprema para analizar la cuestión y su legitimación para actuar. También se sostiene que en la ciudad conviven las justicias local, penal ordinaria y penal federal, y que el “el Servicio Penitenciario Federal (SPF) es prestatario de su sistema a la CABA” por convenios firmados en 2004 y 2019.

Sin embargo, desde 2019 cuando el SPF se declaró en emergencia y especialmente desde la pandemia, “las Alcaidías de la Policía de la Ciudad se convirtieron entonces en virtuales unidades de detención, aunque sin contar con la infraestructura para ello, puesto que estos lugares no cumplen con los estándares de derechos humanos observables”. Se abrió una mesa de diálogo entre autoridades penitenciarias y porteñas para acordar una solución. Pero en diferentes oportunidades el Gobierno porteño entendió que el SPF demoraba el traslado y ahora la superpoblación superó el 200 por ciento.

“La conducta asumida por el demandado, vulnera normas constitucionales, el orden de prelación de leyes y las facultades y competencias de la Nación, como también acuerdos y precedentes jurisprudenciales internacionales. El accionar del demandado vulnera el derecho constitucional consagrado por el artículo 18 de la CN y demás normas de raigambre internacional (Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre; Declaración Universal de Derechos Humanos; etcétera)”, añadió la presentación.

Y advirtió que “el accionar del Estado Nacional – S.P.F.- y su política discriminatoria en materia penitenciaria con respecto al GCABA pone en serio peligro la salud y seguridad no sólo de los detenidos en las alcaidías y comisaría, sino también del personal policial que custodia a los mismos”. “En suma, en la especie resulta evidente la existencia de una omisión de parte del Estado Nacional -S.P.F.- en el cumplimiento de sus obligaciones”.

“El Estado Nacional no puede desconocer la situación actual de los alojados en las comisarías, como tampoco de su obstinado rechazo a cumplir con el convenio de colaboración antes citado y de la ley nacional que regula al respecto. Más aun, es un dato objetivo de la realidad que la inmensa mayoría de los detenidos en los precintos policiales de la Ciudad se refieren a delitos cuya competencia exclusiva le pertenece al Poder Judicial de la Nación y el restante al Fuero Contravencional y Penal de la CABA. Por ello, no puede el S.P.F. soslayar su obligación de alojar en sus dependencias a dichos detenidos y condenados”, se añadió.

La procuración porteña presentó un escrito en la Justicia Federal Criminal para que le tome declaración indagatoria a María Laura Garrigós de Rébori, interventora del Servicio Penitenciario Federal, y a todo aquel que resulte responsable del incumplimiento a una orden judicial. El pedido se hizo ante el juez Sebastián Casanello.

La causa se inició en 2021 por los delitos de “resistencia o desobediencia a funcionario público y abuso de autoridad y violación de deberes del funcionario público”. Por sorteo recayó en el juez Casanello, quien siguiendo el pedido de laf iscalía había dispuesto el cierre de las actuaciones por inexistencia de delito. La titular del SPF “no ha realizado acciones comisivas u omisivas que le sean reprochables desde la faz penal, sino que, por el contrario, ha exteriorizado en todo momento un compromiso activo frente al cronograma de traslados y alojamiento de detenidos durante el excepcional período pandémico, que, si bien pudo haber tenido ciertas demoras, en ningún momento se ha visto interrumpido e incumplido deliberadamente”, dijo el juez.

Sin embargo, la Procuración porteña apeló. Sostuvo que el análisis era “parcial” y que constituía “una falacia que se haya justificado la decisión considerando el excepcional período sufrido por la pandemia del COVID 19 ya que los incumplimientos continúan hasta la actualidad”. Y en junio pasado los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la Sala I de la Cámara Federal, ordenaron reabrir la causa. “Se advierte como prematuro el archivo decretado”, dijeron. “La investigación no ha profundizado de manera suficiente si los incumplimientos han sido definitivamente subsanados o persisten al día de la fecha”.

En aquel fallo, que fue revelado por Infobae, los camaristas ordenaron “recabar mayores datos relacionados con las sucesivas situaciones a las que alude el apelante y contrastarlos con los elementos oportunamente colectados, ya sea para la corroboración o descarte de la hipótesis que plantea la querella”.

Ahora, Augusto Coronel, jefe de Departamento de la Dirección General de Asuntos Penales de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recordó los términos del fallo de la Cámara Federal y señaló que los fallos dictados en la justicia porteña sotucieron que el SPF no habia cumplido con la manda del habeas corpus.

“Este incumplimiento del Servicio Penitenciario Federal sigue generando perjuicio no sólo a esta parte, sino sobre todo a los alojados en las alcaidías de las Comisarías de la CABA, que cuanto los mismos no reciben el tratamiento penitenciario correspondiente, no tienen lugar de recreación, de ejercicio, de esparcimiento, de visita de familiares, etc. Basta consultar la gran cantidad de hábeas corpus deducido, tanto en la justicia local como en la nacional, para caer en la cuenta el perjuicio que a las personas privadas de su libertad, se les está produciendo por el incumplimiento denunciado”, se afirmó.

Según se señaló, “si bien las razones otorgadas por el Servicio Penitenciario Federal son la falta de cupo para el ingreso de las personas alojadas en las Comisarías de la CABA, debe puntualizarse que este inconveniente se suscita a partir de la pandemia del año 2020″. “Claramente el incumplimiento de la orden judicial que aquí se denunció genera un perjuicio directo a las personas privadas de su libertad y también a la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no tiene, dentro de sus competencias, el cuidado y alojamiento de detenidos que se encuentran bajo la órbita de la justicia nacional y federal. Es por todo lo expuesto hasta aquí, que solicito a V.S. que ordene tomar declaración indagatoria a la Dra. Garrigos de Rébori y a todo aquel que resulte responsable del incumplimiento a una orden judicial, oportunamente dictada y que se encuentra firme”.