La Asociación de Magistrados manifestó su preocupación por la causa del espionaje ilegal y apoyó la investigación

A poco más de una semana de que saliera a la luz parte de la información recolectada por el ex policía Ariel Zanchetta, detenido en la causa por el espionaje ilícito a jueces, fiscales y otras personalidades públicas, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) expresó su preocupación por las acciones de inteligencia ilegal y manifestó su apoyo a los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público a cargo de las investigaciones en curso.

“La AMFJN expresa su preocupación y repudio por las acciones de inteligencia ilegal e intromisión en la privacidad llevadas a cabo sobre miembros del Poder Judicial y los Ministerios Públicos por distintos agentes, cuyo resultante fue transmitido a personas de relevancia política”, señaló el comunicado con respecto a la información que tomó estado público a través del dictamen del fiscal Gerardo Pollicita, donde reveló la existencia de un total de 1196 archivos con datos presuntamente derivados del espionaje en distintos dispositivos del ex Sargento de la Policía Federal Zanchetta, apuntado como un agente inorgánico de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

“Estas conductas inaceptables que debilitan a la credibilidad del Estado y atacan directamente a la democracia nos convocan a estar en alerta máxima y en guardia para defensa de todas las personas afectadas. En ese contexto, manifestamos nuestro apoyo institucional a los magistrados y magistradas del Poder Judicial y del Ministerio Público que tienen a su cargo las investigaciones iniciadas”, continuó el documento con las firmas de su presidente Marcelo Gallo Tagle y su secretario General Marcelo Alejandro Peluzzi.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi está a cargo del expediente que se inició con dos investigaciones. Por un lado, las líneas creadas en Misiones a nombre del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que originaron la denuncia y dieron cuenta luego de que había otros jueces en la misma situación, como los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Por el otro, el hackeo a las líneas que sufrieron dos camaristas de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos; y a dos jueces que llevaban adelante el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

En ese contexto, la AMFJN expresó: “En aras de arrojar luz sobre toda esa compleja y perniciosa situación destacamos la necesidad de discernir prontamente en sede penal y administrativa otros hechos relacionados, como ser la duplicación de líneas telefónicas de miembros de la justicia, o la sustracción/intrusión en algunas declaraciones juradas patrimoniales reservadas”.

Y concluyó: “Es menester poner de resalto que es grave que se hayan ejercido aquellas acciones para motorizar un juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el año en el que se conmemoran 40 años de la restauración de nuestro sistema democrático, levantar la voz y ponernos al lado de nuestro más alto Tribunal de Justicia y de los magistrados y magistradas del Poder Judicial y Ministerios Públicos afectados es nuestro deber inmediato”.

Para el fiscal Pollicita, no hay dudas en torno a que Ariel Pedro Zanchetta, actualmente detenido, “se desempeñó durante 25 años —entre 1988 y 2013— como agente de la Policía Federal Argentina y que, en ese marco, se habría sido incorporado como ‘agente inorgánico’ de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) / Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante al menos seis años —entre 2009 y 2015—”.

La fiscalía a su vez afirmó que Zanchetta “no habría desplegado su actividad en soledad sino que ‘reportaba’ a terceros, realizaba algunas de estas conductas por ‘pedido’ de otros, que a su vez, financiaban su actividad ilícita con fondos públicos, por lo que será materia de investigación determinar la identidad de otros posibles involucrados y las finalidades últimas de estas maniobras ilícitas”. Con todo, los dispositivos de Zanchetta aún no terminaron de analizarse por completo.

Por otra parte, en el trámite penal quedó imputado también un miembro del Gobierno: Néstor Fabián “Conu” Rodríguez, un hombre clave en la comunicación de La Cámpora que hoy ocupa un puesto estratégico en la AFIP. Según un diálogo de Telegram encontrado, en foto, en el celular de Zanchetta, “Conu” Rodríguez le encargó una operación contra la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz.