SudamericaData, la misteriosa página que usaban para investigar las fuerzas de seguridad y cayó por el espionaje ilegal a los jueces

Las fuerzas de seguridad que buceaban en los datos de SudamericaData para profundizar investigaciones penales ya no pueden acceder. ¿Por qué? Porque la Justicia ordenó darla de baja e impedir consultas de sus usuarios en el marco de la causa por el espionaje ilegal a jueces. El ex policía Ariel Zanchetta, señalado como un inorgánico de la SIDE y de la AFI, buceó en esos registros los datos de más de dos mil jueces, funcionarios, dirigentes, artistas y periodistas que se convirtieron en “blancos” de sus actividades, según dictaminó el fiscal Gerardo Pollicita esta semana al revelar los diálogos entre el espía preso y el subdirector de la AFIP, Fabián “Conu” Rodríguez.

Lo que planteó el dictamen, sin embargo, revela mucho más y pone en la mira a la propia empresa SudamericaData. Es que, según se determinó, los responsables de SUDAMERICADATA GROUP SRL “no respondieron correctamente los requerimientos formulados en esta causa, ocultaron y alteraron datos obrantes en su poder” sobre las consultas que hizo el propio Zanchetta.

Pero hay otro dato más: la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales de la Agencia de Acceso a la Información Pública, en cuya órbita funciona el Registro Nacional de Bases de Datos, informó que esa firma no se encuentra inscripta. Es decir: agentes de fuerzas de seguridad buscaban información en páginas que no funcionaban bajo la ley.

La sospecha es que esa base obtiene “datos que provienen de fuentes desconocidas”, dice textualmente el dictamen de Gerardo Pollicita, fiscal de la causa por el hackeo a los celulares de los jueces y que destapó una red de espionaje ilegal.

Cuando el lunes pasado, el juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el allanamiento en las oficinas y la casa de “Conu” Rodríguez para secuestrar sus computadoras y también su celular (algo que no se concretó porque el funcionario no fue encontrado y, tras un pedido de detención, recién entregó en tribunales su teléfono el viernes pasado), también ordenó el allanamiento de las oficinas de SudamericaData en la calle Belgrano del partido de San Miguel.

La orden era clausurar las oficinas en donde se encuentra el servidor que provee de información a sus usuarios. Y obviamente también realizar la clausura informática para dar de baja a todos los clientes mientras la página estuviera caída. Pero eso los agentes de la Gendarmería no lo hicieron. Tuvieron que volver al día siguiente, con un nuevo oficio del tribunal para cumplir con la orden, revelaron a Infobae las fuentes consultadas. “Algo similar aconteció en cuanto no se obtuvo el listado de las bases de datos a partir de las cuales se nutrió la firma para elaborar los informes recolectados durante el procedimiento sino que al indicarse que la fuente era el servidor, únicamente se requirió un listado genérico (que tampoco fue aportado)”, sostuvo un documento al que accedió Infobae.

La firma fue fundada a finales de 2020 por Mario Fernando Ares, de profesión ingeniero y ex funcionario de la AFIP, y Silvia Gladis Duarte, psicopedagoga. Los dos ya se presentaron en la causa, a través de un apoderado de la firma. “Somos una empresa líder dedicada a los sistemas de información generalizada orientada a la localización, identificación e investigación de cada individuos”, señala la página oficial.

Aunque aseguran que se nutren de bases públicas, lo cierto es que la cantidad de información que ofrece a sus clientes sorprende por el nivel de detalles sobre la privacidad de las personas buscadas: número de teléfono celular particular, correo electrónico privado, monto exacto de ingresos salariales, ‘bienes personales” de los “objetivos” (incluyendo inmuebles a su nombre) o datos provenientes, al parecer, de AFIP, por decir algunos ejemplos.

Fue en SudamericaData en donde Zanchetta buscó los datos del juez de Casación Mariano Borinsky, el mismo día en que lo hackearon el año pasado. En esa base, tal como reveló Infobae en junio pasado, se comprobó que hizo 2157 búsquedas entre el 3 de enero y el 31 de diciembre de 2022. Ese número de consultas no implica que haya buscado datos de 2157 personas porque hay muchas búsquedas que se repiten. La Justicia tiene en su poder el detalle con el día y la hora en las que Ariel Zanchetta, el ex sargento de la Policía Federal devenido en periodista, consultó los nombres. Además aparece el CUIT de cada una de las personas en cuyos datos hurgó el hoy imputado.

Cuando a raíz de esta información y con Zanchetta ya detenido, la Justicia le pidió a la empresa más detalles sobre este usuario una serie de circunstancias llamaron la atención. La compañía informó que Ariel Pedro Zanchettaa registra el usuario “arjunin” y que desde su supuesta creación en 2021 hasta la fecha registró la siguiente cantidad de consultas: 1.487 durante 2021, 2.157 durante 2022 y 260 durante 2023, de acuerdo a la respuesta efectuada en el 20 de septiembre pasado. Sin embargo, de los mensajes, documentos y fotografías del celular de Zanchetta, el usuario “arjunin” estaba activo desde noviembre de 2009 -y no desde 2021, como informó la empresa-.

Los investigadores no solo quieren saber todas las búsquedas reales de Zanchetta, sino también si hubo más usuarios de ese servicio que tuvieran vinculación con el ex policía. También los alcances, permisos y credenciales del usuario “arjunín”.

Para Pollicita, Zanchetta “obtuvo información proveniente de bancos de datos con acceso restringido de organismos públicos — como la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor—, para lo cual contaba con usuarios y claves de acceso”. Pero también accedió ilegítimamente a dos bases de datos de las que se desconoce su origen porque el Registro Nacional de Base de Datos informó que no sabía de su existencia.

Una se llama “Base Nacional de Antecedentes”, con la que Zanchetta tenía acceso a información sobre los antecedentes de las personas, datos personales, apodos, antecedentes laborales y penales, modalidades delictivas, vínculos familiares o pedidos de captura de Interpol. La otra es llamada “Base Nacional de Telefonía Móvil” mediante la cual accedía a información respecto de los datos de registración, domicilio y titularidad de las líneas celulares de cada uno de los “objetivos”.

El ex policía se valía de numerosas bases de datos de información abierta o pública y en bases de datos aranceladas que reúnen información sobre los individuos: SudamericaData, Nosis, Veraz, Riesgo Online, ReportesOnline, Buscardatos, Riesgonet, Agildataonline, CuadroDeSituación, Pyp.datos. “Todo ello, le permitió reunir y almacenar información sobre miles de personas sólo para el período 2016-2023, implicó la realización de al menos, más de doce mil consultas a bases de datos de acceso restringido, bases de datos privadas y bases de datos ilegales”, señaló el Ministerio Público.

Según tiene probada la fiscalía, Zanchetta hizo al menos 12.063 consultas en bases de datos en ese período: 371 en Riesgonet, 831 en Veraz, 7011 en Nosis y 3904 en SudamericaData, aunque -según el dictamen- ese último número es más pequeño al número real de sus búsquedas.