Espionaje ilegal: el submundo que expuso el hackeo a un grupo de jueces y sacudió a la política

-“Felicitaciones carajo!!!!!!!!”,

- “Gracias, vos me diste una gran mano camarada”

- “¿Cómo estás en tu nuevo puesto?”

-“Bien, hace unos días vamos [a ver] (...) Tengo que organizar la oficina de inteligencia criminal”.

El “felicitado” es Ariel Zanchetta, el ex policía devenido en supuesto periodista que, para la Justicia, era un agente inorgánico de la ex SIDE -hoy AFI- desde 2009. El que lo felicita se llama “Iván”, pero nadie sabe aún de quién se trata. En los pasillos de tribunales se preguntaban si podía ser Iván Velázquez, un ex agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que estuvo procesado en otra red de espionaje que funcionó entre 2006 y 2008 y que hackeó correos electrónicos de jueces y funcionarios, en el marco de una causa que más tarde se anuló. Desde un mail a nombre de Iván Velázquez, salieron amenazas que prometían matar al fiscal Alberto Nisman y a su familia.

El diálogo, de acuerdo a capturas encontradas en la computadora de Zanchetta, tuvo lugar el 7 de agosto de 2015, bajo el usuario “Chapu1966″, con un individuo al que se refiere como “Iván” y el usuario “Parabellum33″, que era Zanchetta. No hablaban ni por Whatsapp, ni por Telegram. Charlaban a través de un canal de conversación secreto llamado “Wickr -Top secret Mensajero”, que consiste en un servicio de mensajería seguro que encripta las comunicaciones “end-to-end”, que posee seguridad militar, según revela la página de la compañía que ofrece el servicio.

La figura de Zanchetta, preso por el espionaje a un grupo de jueces claves de la Corte Suprema y Comodoro Py, destapó una vez más el submundo de la inteligencia ilegal: seguimientos, hackeos, informantes o partes sobre actividades y vida privada, que -en algunos casos- se disimulan en notas periodísticas armadas y derivan en denuncias judiciales.

¿Pero cuántos Zanchettas hay? “Puede haber muchos”, dicen en tribunales. Por lo pronto, el juez Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita, que ahora está pidiendo saber con caracter urgente si este ex policía aparece en registros ingresando a alguna sede de la PSA desde 2009 hasta ahora, tienen en la mira a este expolicía que fue definido como un agente inorgánico de la central de espías.

Inorgánico es una forma de llamarlo. El ex titular de la SIDE Héctor Icazuariaga los definió como “buches” a los que se les pagaba a cambio de información, al declarar hace unos días en la causa por la investigación de la muerte del fiscal de la causa AMIA Alberto Nisman.

Precisamente, en esa investigación, también viene quedando al descubierto el entramado del mundo del espionaje y las internas que azotaron a esa central con la última parte del gobierno de Cristina Kirchner, la reestructuración que quiso hacer y cómo se movieron los agentes en el marco de lo que la Justicia considera fue el asesinato del fiscal que había denunciado días atrás a la entonces presidenta por el Pacto con Irán. Esa causa, tras idas y vueltas, irá a juicio, según se resolvió en Casación el pasado 19 de septiembre.

Según pudo saber Infobae, tras la declaración de Icazuziaga, los investigadores al mando del fiscal Eduardo Taiano y el juez Julián Ercolini ahora quieren saber cuántos eran esos agentes : no están registrados en ningún lado porque no era personal de planta. La gran pregunta es sobre todo cómo les pagaban. Los fondos de la central de espías son reservados.

Es que Zanchetta tenía en su celular un documento en donde hablaba de la muerte de Nisman y las comunicaciones que se registraron aquel fin de semana del 17 y 18 de enero de 2015. Si bien la información registrada allí no aparecería inicialmente como reveladora, hay que tener en cuenta un detalle: el documento es de fines de 2015 o principios de 2016 y a los investigadores de la causa Nisman les llevó mucho tiempo reconstruirla.

“Queda claro que Zanchetta era un personaje relevante para haber accedido en ese momento a es información. O al menos para conseguirla”, revelaron las fuentes consultadas por Infobae. Algo así pasó con Alan Bogado, el espía al que había puesto en la mira Nisman y que tampoco aparecía en los registros oficiales.

En ese documento que tenía Zanchetta, se habla del ex jefe del Ejército Cesar Milani y los ex directivos de la central de espías Fernando Pocino y Antonio “Jaime” Stiuso, quien había sido desplazado de su histórico rol en ese organismo a fines de 2014 con la reconversión de SIDE a AFI que ordenó la entonces presidenta Cristina Kirchner. Alude a “vinculaciones de Milani y Pocino sobre inteligencia paralela”. Subraya que resulta inexplicable “el cúmulo de fallas” que se registraron en la seguridad del edificio Torres Le Parc de Puerto Madero. Y sostiene que la clave está en las “comunicaciones” de ese fin de semana. Menciona agentes y empresas y a un grupo de hackers, señalaron las fuentes.

En uno de los diálogos detectados por los investigadores en la causa por la que está preso, a Zanchetta le preguntan sobre Fernando Pocino, el ex director de Reunión Interior de la AFI y quien fuera uno de los enemigos de Antonio “Jaime” Stiuso en la interna que se desató en la central de espías sobre el final del gobierno kirchnerista. En ese diálogo, Zanchetta dice “está más activo que nunca, amigo”.

¿Quién es Zanchetta? Su nombre apareció en los medios el 27 de junio pasado cuando Infobae reveló que el juez Marcelo Martínez De Giorgi había ordenado la detención de cuatro personas, entre ellas el hacker misionero Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro y el propio Zanchetta, por las maniobras para intrusar los celulares de un grupo de jueces. Zanchetta quedó comprometido porque el mismo día en que hackearon al juez Mariano Borinsky lo buscó en la base SudamericaData. Ese día, 8 de septiembre, también hackearon Rodrigo Giménez Uriburu, integrante del tribunal oral que en ese momento juzgaba a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Y Zanchetta buscó los datos de los jueces Gustavo Hornos, de Casación, también hackeado; y de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la Cámara Federal.

Solo en 2022, en ese portal, hizo 2.157 pedidos de informes personales de jueces, políticos de distintos partidos políticos, ministros y jueces de la Corte Suprema. La lista de esos “buscados” también fue revelada por Infobae, en donde el foco estuvo puesto en los funcionarios del Poder Judicial.

Los interrogantes sobre los momentos y las razones en que se activaron esas búsquedas aún aguardan respuestas. Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, se presentó como querellante porque lo buscaron 13 veces y poco después una publicación en un diario sobre él sirvió para motorizar desde el Gobierno un intento de recusación contra el magistrado en la causa por la “copartipación” con Ciudad de Buenos Aires.

Zanchetta trabajó en la Policía Federal, se retiró en 2013 con el grado de sargento primero. Su tarea, en Junín, era hacer “relaciones públicas: hablaba con funcionarios públicos, entablaba las conversaciones con los juzgados provinciales y el juzgado federal de Junín”, le dijo al juez en su indagatoria. Decía ser periodista. “No tengo contacto con servicios de inteligencia u otro organismo gubernamental”, le aseguró al juez.

Pero para el fiscal Gerardo Pollicita es una pieza de una red de espionaje más amplia cuya actividad habría tenido como “objetivos” a cientos de personas —jueces, políticos, periodistas, empresarios, dirigentes, entre otros— y habría incluido, cuanto menos, la realización de tareas ilegales de inteligencia,la recopilación, almacenamiento, sistematización y análisis de información de cientos de personas, la filmación subrepticia de los objetivos, el acceso indebido a bases de datos públicas y a correspondencia privada y la divulgación de parte de esos datos.

Según se jactaba en su propio curriculum, tiene formación y experiencia en la realización de actividades de inteligencia, así como “conocimientos y vínculos con expertos en informática que le dieron consejos sobre cómo ocultar su actividad”. También “cuenta con información sobre equipos y herramientas informáticas para infiltrarse e interceptar comunicaciones, así como también para mantener conversaciones, enviar audios, fotografías o archivos encriptados —con grado de seguridad militar— o utilizando una decena de correos electrónicos bajo nombres supuestos y perfiles en redes sociales bajo otras identidades”.

Solo para poner un ejemplo: tenía a su nombre 12 líneas telefónicas y una a nombre de su esposa —que era la utilizada por él mismo, según sostuvo en su declaración indagatoria—, al menos once casillas de correo electrónico sin referencias a su nombre y tres usuarios de Instagram bajo otras identidades.

Zanchetta sistematizó al menos 1196 informes de inteligencia sobre políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros. Muchos de ellos están hoy queriendo ser querellantes en el expediente.

Además, dice la acusación, Zanchetta no habría desplegado su actividad en soledad sino que contaba con “informantes” que le proporcionaban datos de carácter reservado, “reportaba” a terceros y realizaba estas conductas por “pedido” de distintas personas.

Entre ellos, sostuvo la fiscalía, aparece Néstor Fabián “Conu” Rodríguez, un militante de La Cámpora que hoy ocupa uno de los cargos jerárquicos en la AFIP (Subdirector General de Servicio al Contribuyente), que el día 9 de octubre de 2022 selecciona un “blanco”, y le encomienda a Zanchetta la realización de un “parte” y de una nota periodística para publicar contra el objetivo y le confirma que siga “reportándose” a aquél. El objetivo era la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz.

Dos días después, Zanchetta hizo sus búsquedas en SudamericaData, una firma que quedó también bajo la mira de los investigadores ante la sospecha de que funcionaba con datos “de fuentes desconocidas” y sin autorización oficial. Luego, apareció la nota “periodística” contra la ministra.

El fiscal Pollicita pidió secuestrar los dispositivos y celulares del funcionario. Y llamar de nuevo a declarar a Zanchetta, que está preso en la cárcel de Marcos Paz y sigue insistiendo con que es periodista. Lo hizo en un dictamen firmado el 2 de noviembre, con la causa bajo secreto de sumario.

El 3 de noviembre se adjunto un informe de la DAJUDECO, la oficina de escuchas de la Corte Suprema, encargado por el juez, en donde aparecían diálogos de Telegram de Zanchetta con el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, integrante del Consejo de la Magistratura y una de las voces del kirchneristas más críticas sobre Comodoro Py y la Corte Suprema. Tailhalde estuvo a cargo del área Contrainteligencia de la AFI, tras la salida de Stiuso y la creación de la AFI, según confirmó él mismo esta semana en una entrevista radial en la que denunció una operación en su contra. Esta semana pidió ser querellante en base a la lista de buscados de 2022 que había revelado Infobae.

El procedimiento que sacudió a la política se hizo el lunes último, 6 de noviembre. Cuando fueron a la oficina de la AFIP y a la casa del “Conu”. No lo encontraron. Se llevaron nueve Notebooks, tres Netbooks, dos Macbooks, dos Tablets, veinte pendrives -algunos de ellos con la leyenda Télam-, nueve celulares, dos discos externos y un dispositivo GPS. Pero al no encontrarlo no se pudo secuestrar su teléfono celular, el Samsung S20 que usaba a diario.

Pasaron tres días y el fiscal Pollicita pidió su detención para concretar el secuestro del celular e indagarlo. Habló de los riesgos procesales, su ausencia durante tres días y su condición de funcionario. El juez Martínez De Giorgi lo rechazó por entender que horas antes habían aparecido dos abogados para representarlo y que la detención no había sido solicitada inicialmente. El viernes, mientras Pollicita preparaba la apelación ante la Cámara Federal que formalizará en las próximas horas, “Conu” Rodríguez aparecía en los tribunales para dejar su teléfono y su pasaporte.

El juez Martínez de Giorgi ya ordenó que se avance con el análisis de ese material, pero todavía no están siendo peritados ni parece que ese diligencia comenzará pronto. Es que la Gendarmería dio un turno recién para mitad de diciembre para poder hacer la extracción de información, señalaron a Infobae las fuentes consultadas. Es decir: habrá que esperar para saber qué hay en sus dispositivos.

El pedido de detención y su rechazo fue la primera fractura entre el juez y el fiscal que hasta ahora venían trabajando en sintonía. El caso es mirado con atención en el mundo judicial, en el mundo de la política y también en el mundo del espionaje, a apenas una semana de las elecciones que definirán quién será el próximo presidente.