El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi prohibió la salida del país de Fabián “Conu” Rodríguez, el ex miembro del gobierno bonaerense de Axel Kicillof y hoy Subdirector General de Servicio Al Contribuyente de la AFIP, que -según se descubrió en la causa- hablaba con Ariel Zanchetta, un agente de inteligencia inorgánico que dice ser periodista y que hoy está preso acusado del espionaje a jueces. Fue luego de rechazar esta tarde un pedido de detención e indagatoria que había motorizado por la mañana el fiscal Gerardo Pollicita, a raíz de que el funcionario de La Cámpora no se había presentado en la Justicia tras el allanamiento que se hizo el lunes en su casa y su oficina para poder secuestrar su teléfono celular. Media hora antes de ese dictamen, Rodríguez presentó dos abogados para ponerse a derecho.
Todo se enmarca en la causa que investiga el espionaje a los jueces y en donde se descubrió que el ex policía preso era un agente inorgánico de la central de espías que buscó información y publicó notas contra la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz a pedido de “Conu” Rodríguez, según se desprende de una conversación hallada en el teléfono de Zanchetta que data de octubre de 2022. En ese diálogo, Zanchetta le pregunta si se sigue “reportando a él”. En ese contexto, a pedido del fiscal, el juez ordenó allanamientos el lunes pasado para secuestrar computadoras y los teléfonos de “Conu” Rodríguez. Pero allí no lo encontraron y su teléfono tampoco.
Como pasaron tres días sin novedades, Pollicita reclamó esta mañana en un dictamen su detención. “Convocar a Néstor Fabián Rodríguez a prestar declaración indagatoria en la presente causa”, así como volver a allanar su casa y sus oficinas con el fin de disponer la detención y requisa personal del acusado, “todo ello a los efectos de garantizar su sujeción al proceso y obtener elementos probatorios que resultan de interés para la investigación”, indicaron fuentes judiciales consultadas por Infobae.
El objetivo es la indagatoria en el marco de la violación de la Ley de Inteligencia. “Respecto de la conducta de Néstor Fabián Rodríguez, queda claro a partir de lo expuesto en este dictamen que el nombrado participó directamente de al menos una porción de la actividad ilícita de Zanchetta a través de la selección del ‘objetivo’, como así también mediante la recepción del informe de inteligencia elaborado, lo que permitió almacenar y tener disponible para su posterior utilización, con fines que son materia de investigación”, se sostuvo.
Según sostuvo, “la recepción del correspondiente informe de inteligencia posibilitó a Néstor Fabián Rodríguez almacenar y tener disponible para su utilización la información obtenida por Zanchetta en infracción a la Ley de 28 Inteligencia Nacional, con finalidades que constituyen materia de investigación”. Y se remarcó que, “además de seleccionar el objetivo y recibir el informe de inteligencia, Rodríguez contribuyó a la conducta cometida por Zanchetta mediante su financiamiento con fondos públicos de la Provincia de Buenos Aires, por más de dos millones de pesos, desde su posición como Subsecretario de Coordinación de Medios de la Provincia y, luego, desde su rol en la AFIP ya que, según el mismo imputado señaló en el chat, seguía teniendo influencia en el área porque ‘todo su equipo’ había quedado ahí”.
El pedido de Pollicita fue formulado sobre el mediodía ante Martínez De Giorgi. Pero apenas media hora antes, en el juzgado habían recibido la presentación de un escrito de “Conu” Rodríguez vía digital, indicaron a Infobae fuentes judiciales. “Vengo a solicitar acceso a las presentes actuaciones y a proponer como abogados defensores a los doctores Hernán Luis Folgueiro y Joao Nieto”, informó. Se trata del estudio jurídico JC, que encabeza Folgueiro con el ex juez federal Gabriel Cavallo. La noticia sobre el pedido de detención se conoció un rato después.
Por qué la fiscalía pidió la detención
El fiscal habló de “la gravedad institucional de los hechos investigados y la posible existencia de una organización criminal que habría facilitado su concreción” y subrayó la existencia de “serios riesgos procesales que habilitan que la convocatoria a Néstor Fabián Rodríguez ante los estrados de VS sea mediante una orden de detención”.
El dictamen de Pollicita sostuvo que Rodríguez “no se encontraba presente en su oficina de trabajo ni en el domicilio particular — en donde se hallaba su suegra y luego se apersonó su cónyuge—, ni se hizo presente luego durante la realización de los allanamientos, ni tampoco se presentó con posterioridad ante los estrados del Tribunal a los fines de ponerse a disposición de la justicia, pese al estado público que tuvieron los acontecimientos y a las personas allegadas y familiares que tomaron noticia de los procedimientos”, subrayó el fiscal.
“No puede desatenderse el hecho de que Rodríguez, en su calidad de funcionario público provincial y luego nacional, se interesó, usó su influencia y se apropió de los fondos públicos que legítimamente estaban destinados a la publicidad oficial pero que eran utilizados en forma espuria para financiar la actividad ilícita desarrollada por Zanchetta”, destacó.
En ese contexto, Pollicita sostuvo que “con fundamento en los elementos probatorios recabados en esta investigación, a través de esta presentación el Ministerio Público Fiscal solicitará a VS convocar a Néstor Fabián Rodríguez a prestar declaración indagatoria, por su intervención en la actividad de espionaje ilegal desplegada por Ariel Pedro Zanchetta”.
Para el Ministerio Público, “según pudo determinarse Rodríguez le encargó a Zanchetta la realización de ‘informes de inteligencia’ sobre determinados ‘objetivos’ y la publicación de información contra los “blancos” seleccionados, así como también, se logró determinar que Zanchetta le reportaba la actividad ilegal realizada, todo ello mientras el funcionario público se interesó en la contratación mediante su influencia y se apropió de los fondos públicos para asegurar la financiación y remuneración de estas tareas ilegales a través del otorgamiento de publicidad oficial”.
Y subrayó que “los hechos investigados en este expediente por su naturaleza son llevados a cabo en forma subrepticia y solapada por quienes los realizan, por lo que su descubrimiento presenta una dificultad intrínseca dada por los conocimientos específicos —tanto técnicos como tecnológicos— de sus partícipes, que les permiten mantener sus operaciones ocultas y al margen de la sociedad”.
Surge de las evidencias digitales halladas, señaló el nuevo dictamen presentado hoy por la fiscalía, Zanchetta tenía en su poder dos ‘informes de inteligencia’, uno de ellos creado el 30/8/2021 “411245-tolosa paz.docx” y el otro el 11/10/2022 “358550-tolosa paz victoria.docx”. Pero además dos días después de la charla con Rodríguez ingresó al registro de búsquedas a través de la plataforma SUDAMERICADATA, y consultó los datos de la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz.
En esos informes hallados en la computadora del acusado, aquél sistematizó gran cantidad de información obtenida en relación a la ministra Victoria Tolosa Paz, que “incluía la reunión de antecedentes laborales, monto de salarios, información crediticia, bancos y cifras con las que opera, constancias de AFIP, participaciones societarias en dos empresas, expedientes civiles y estatuto social, titularidad de automotores e inmuebles, declaraciones juradas patrimoniales de los años 2018 y 2019, facturación promedio según balances de ella y de una sociedad vinculada a ella, imágenes satelitales de su vivienda, información de un supuesto testaferro —con fotografía— y de una propiedad en Miami, Florida, Estados Unidos de América registrada a nombre de aquel —de la que recolectaba características y foto satelital—”.
La respuesta del juez
Las pruebas contra “Conu” Rodríguez habían sido evaluados al momento de pedir su allanamiento. Por eso, el juez estudió durante toda la tarde el pedido de Pollicita y minutos antes de las 19 respondió que no hacía lugar al pedido de detención e indagatoria. No obstante, dispuso prohibirle la salida del país.
“Debe considerarse que hace sólo tres días y a instancias también del Sr. Fiscal se practicaron sendos allanamientos en los mismos lugares sobre los que ahora insiste y cuyo resultado fue el secuestro de una importante cantidad de dispositivos celulares y notebooks que serán analizados. En aquella ocasión el Dr. Gerardo Pollicita no solicitó la detención ni tampoco el llamado a indagatoria de ‘Conu’ Rodríguez sino tan sólo el ingreso a su domicilio con los fines indicados”, afirmó el juez en la resolución a la que accedió Infobae.
Martínez De Giorgi afirmó que la fiscalía “sí solicitó la ampliación de indagatoria de quien ya se encuentra procesado por hechos conexos, Ariel Pedro Zanchetta” y señaló que por el momento no se hará lugar a esa citación, “ante la necesidad de avanzar con la extracción y análisis del contenido de notebooks y celulares secuestrados a esta persona y su grupo familiar, además de otras diligencias que se siguen realizando en la causa”.
" De la lectura de este nuevo pedido, no se advierte elemento novedoso de prueba que difiera de aquellos mencionados en el dictamen anterior ni queda claro a qué se debe el cambio de parecer que días después lo llevan a solicitar, ahora la detención e indagatoria de Néstor Fabián Rodríguez.”, dijo el magistrado,
También señaló: “No abunda señalar, a todo evento, que en el día de hoy el nombrado se presentó en el expediente espontáneamente, ratificó su domicilio particular (en el lugar que en efecto fue allanado y en el que se hallaba presente parte de su grupo familiar) y designó abogados de la matrícula para su defensa”.
“Es por ello que sin que haya variado la situación otrora vigente ni la prueba analizada hasta el momento a su respecto, por el momento a lo solicitado no ha lugar, sin perjuicio de disponer la prohibición de salida del país de Néstor Fabián Rodríguez por resultar pertinente a las diligencias que se vienen realizando en el proceso”, afirmó.
La causa por el espionaje a los jueces se inició con dos focos. El primero que busca esclarecer las líneas creadas en Misiones a nombre del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que fueron el origen de la denuncia. A partir de allí se descubrió que esas líneas truchas habían tenido contacto con otra generada a nombre del vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. Con el curso de la investigación, apareció además otra línea a nombre del juez del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti. En el expediente hay más perjudicados, como la jueza federal de Misiones María Verónica Skanatta o el gobernador de esa provincia Alberto Herrera Ahuad.
El segundo que apunta a saber por qué hackearon al mismo tiempo a dos jueces de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos; y a dos jueces que llevaban adelante el juicio contra CFK, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Esa pista llevó a la detención de un hacker misionero, Ezequiel Núñes Pinheiro, que aseguró haber sido contactado por Telegram por un desconocido para tomar el control de una lista de personas que él desconocía: entre ellos estaban varios jueces, el diputado Diego Santilli y el ex jefe de Seguridad de la ciudad, Marcelo D’Alessandro, cuyo teléfono hackeado expuso las conversaciones de Lago Escondido y sirvió para impulsar el juicio político a la Corte Suprema.
La investigación también llevó a la detención de Zanchetta, quien se dice periodista. Es que Zanchetta buscó los datos de los jueces Gustavo Hornos, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Ernesto Kreplak y de los ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Además investigó a uno de los principales colaboradores de Rosatti, Silvio Robles, y foco de los impulsores del juicio político a la Corte. Precisamente, Robles se convirtió en querellante en esta causa al sostener: “la mencionada sucesión de hechos me lleva a presumir que la intromisión a mis datos personales no ha sido producto de una casualidad sino de un obrar criminal”.
El contenido del teléfono de Zanchetta disparó entonces una tercera causa anexa: la que investiga lo que apareció en sus dispositivos y revelan los detalles de una actividad de recolección de información, incluso de bases clandestinas, que apuntó contra políticos y dirigentes opositores. Y allí incluían detalles sobre su intimidad (opiniones políticas, creencias religiosas,acciones privadas, relaciones íntimas, fotografías, orientaciones sexuales,vínculos familiares y de amistad, situación patrimonial en el país y en el exterior, participación en sociedades y en distintas actividades, presunta participación en hechos delictivos o en causas penales), y también sobre su entorno. Los “blancos” fueron detallados en un último dictamen, aunque el propio escrito detalla “entre otros” posibles víctimas.