Allanaron a un funcionario kirchnerista por sus chats con el ex policía preso por espiar jueces

La investigación por el espionaje a un grupo de jueces, entre ellos miembros de la Corte Suprema, dio un vuelco en las últimas horas: un hombre de La Cámpora, que hoy ocupa un cargo clave en la AFIP, fue allanado luego de que se lograran recuperar mensajes borrados del celular de un ex policía preso, un espía inorgánico que dice ser periodista, Ariel Zanchetta.

El funcionario que quedó bajo la mira judicial es Fabián “Conu” Rodríguez, ex miembro del gobierno bonaerense de Axel Kicillof y hoy Subdirector General de Servicio Al Contribuyente de la AFIP. El procedimiento, a cargo de personal de Gendarmería, se hizo en la sede de esa repartición pública y en la casa del funcionario, en donde se secuestraron computadoras y documentos. Como no estaba, no se llevaron su celular, indicaron a Infobae fuentes del caso.

En esos mensajes a los que accedió este medio, “Conu” Rodríguez le marca a Zanchetta un “objetivo”: la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz. La conversación es del 9 de octubre del 2022. En ese contexto, el fiscal Gerardo Pollicita reclamó el allanamiento a la casa de “Conu” Rodríguez y también de sus oficinas, que fue ordenado por el juez Marcelo Martínez De Giorgi. El fiscal puso en la mira además a tres agentes de la AFI que se vinculaban con Zanchetta.

En ese contexto, Pollicita impulsó una nueva indagatoria para Zanchetta, preso en la cárcel de Marcos Paz y ahora imputado formalmente de violar la ley de Inteligencia desde 2016 hasta junio de 2023, cuando terminó arrestado por haber buscado en la base Sudamericana Data, también en la mira, los datos del juez Mariano Borinsky justo el mismo día en que hackearon su teléfono. Borinsky es solo uno de los cuatro jueces claves de Comodoro Py a los que les robaron momentáneamente el control de sus celulares. Solo en 2022, Zanchetta también hurgó en los datos de más de dos mil figuras de la justicia, la política, el empresariado y el mundo artístico.

Además del dictamen del fiscal, en la causa se anexó un informe de la DAJUDECO que demuestra que en el teléfono de Zanchetta también aparecen diálogos con el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, quien aparecía agendado entre sus contactos. De esos diálogos aparecen un link enviado por Zanchetta al legislador con los diálogos de los participantes del viaje a Lago Escondido, un reporte causas contra la ex diputada Elisa Carrió y datos que le ofrece contra el senador del PRO Luis Juez. Además, hay otros chats en donde a Zanchetta se le encarga consultar los datos migratorios del vicepresidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y su ex socio antes de asumir como magistrado, y averiguar sobre otros miembros del Poder Judicial.

De un análisis, aún parcial, de sus equipos electrónicos, se logró analizar 3.147 gigabytes -3,14 TB- de información contenida en la totalidad de los dispositivos enviados y en el celular SAMSUNG SM-A105M, aparecieron 53 videos, 1919 imágenes, 1629 contactos y 1632 audios, algunos de los cuales Zanchetta había borrado y que ahora salpican a más involucrados.

La causa por el espionaje a los jueces se inició con dos focos. El primero que busca esclarecer las líneas creadas en Misiones a nombre del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que fueron el origen de la denuncia. A partir de allí se descubrió que esas líneas truchas habían tenido contacto con otra generada a nombre del vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. Con el curso de la investigación, apareció además otra línea a nombre del juez del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti. En el expediente hay más perjudicados, como la jueza federal de Misiones María Verónica Skanatta o el gobernador de esa provincia Alberto Herrera Ahuad.

El segundo que apunta a saber por qué hackearon al mismo tiempo a dos jueces de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos; y a dos jueces que llevaban adelante el juicio contra CFK, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Esa pista llevó a la detención de un hacker misionero, Ezequiel Núñes Pinheiro, que aseguró haber sido contactado por Telegram por un desconocido para tomar el control de una lista de personas que él desconocía: entre ellos estaban varios jueces, el diputado Diego Santilli y el ex jefe de Seguridad de la ciudad, Marcelo D’Alessandro, cuyo teléfono hackeado expuso las conversaciones de Lago Escondido y sirvió para impulsar el juicio político a la Corte Suprema.

La investigación también llevó a la detención de Zanchetta, quien se dice periodista. Es que Zanchetta buscó los datos de los jueces Gustavo Hornos, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Ernesto Kreplak y de los ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Además investigó a uno de los principales colaboradores de Rosatti, Silvio Robles, y foco de los impulsores del juicio político a la Corte. Precisamente, Robles se convirtió en querellante en esta causa al sostener: “la mencionada sucesión de hechos me lleva a presumir que la intromisión a mis datos personales no ha sido producto de una casualidad sino de un obrar criminal”.

El contenido del teléfono de Zanchetta disparó entonces una tercera causa anexa: la que investiga lo que apareció en sus dispositivos y revelan los detalles de una actividad de recolección de información, incluso de bases clandestinas, que apuntó contra políticos y dirigentes opositores. Y allí incluían detalles sobre su intimidad (opiniones políticas, creencias religiosas,acciones privadas, relaciones íntimas, fotografías, orientaciones sexuales,vínculos familiares y de amistad, situación patrimonial en el país y en el exterior, participación en sociedades y en distintas actividades, presunta participación en hechos delictivos o en causas penales), y también sobre su entorno.

Los investigadores no tienen dudas de que, más allá de que no aparece como un empleado formal, Zanchetta era un inorgánico que trabajó para la central de inteligencia. No solo lo señalan los indicios encontrados. En su computadora, Zanchetta tenía un curriculum vitae en donde daba cuenta su formación en inteligencia o su trabajo para la comisión bicameral que se dedica a esas actividades. Aunque no está obligado a decir verdad, la estrategia de Zanchetta hasta ahora fue negar cualquier vinculación con el ámbito de la inteligencia y sostener que su interés por buscar los datos que lo comprometieron en la causa era su actividad periodística.

En el dictamen al que accedió Infobae, la fiscalía estableció que Zanchetta “se desempeñó, cuanto menos entre los años 2009 y 2015, como “agente inorgánico” de la Secretaría de Inteligencia, que durante dicha etapa el encausado obtuvo los conocimientos, vínculos, herramientas y la experiencia necesaria para llevar a cabo, en los años siguientes y hasta su detención, operaciones compatibles con la práctica de espionaje ilegal”. Y sostuvo que esa actividad siguió entre 20216 hasta que fue arrestado en esta causa

“Las evidencias recabadas demuestran que el acusado contaba con conocimientos y vínculos con expertos en informática que le permitieron ocultar su actividad, para lo cual utilizó un software con seguridad militar para mantener conversaciones, enviar audios, fotografías, archivos en forma segura —encriptada y que se elimina automáticamente—, obtuvo información respecto al borrado integral de dispositivos, contó con perfiles en redes sociales bajo otras identidades, utilizó más de una decena de líneas telefónicas , se valió de una decena de correos electrónicos bajo nombres supuestos, muchos de ellos encriptados , entre otras”, sostuvo el dictamen.

Para el fiscal Pollicita está probado que Zanchetta “obtuvo y reunió grandes volúmenes de información y datos sobre miles de personas, a través de múltiples y variados medios, incluyendo el acceso ilegítimo a bases de datos, la filmación subrepticia de ‘objetivos’ mediante ‘cámaras ocultas’ y la obtención de información a través de ‘informantes’ o de ‘medios propios y auscultaciones practicadas de fuentes confiables’”.

“De las evidencias informáticas analizadas se desprende que Ariel P. Zanchetta no habría desplegado su actividad en soledad sino que contaba con ‘informantes’ que le proporcionaban datos sobre los ‘objetivos’, ‘reportaba’ parte de su actividad a terceros y realizaba algunas de estas conductas por ‘pedido’ de otros”, señalaron a Infobae los investigadores. En el celular aparecieron fotografías de una conversación a través de la red Telegram del día 9 de octubre de 2022 con un alto funcionario público nacional, Néstor Fabián Rodríguez, alias “Conu”, quien actualmente se desempeña como Subdirector General de Servicios al Contribuyente de la AFIP”.

En la última parte de la gestión de Cristina Kirchner, “Conu” Rodríguez había estado a cargo de la agencia Télam y en el gobierno bonaerense de Axel Kicillof cumplió funciones como subsecretario de Coordinación de Medios. Luego pasó a la AFIP. Fue uno de los detenidos en los alrededores de la casa de Cristina Kirchner a fines de agosto pasado, cuando la Policía de la Ciudad había puesto vallas en torno a la casa de la vicepresidenta.

”Necesitas un parte. O armo algo para el portal. De esta tengo todo”, dice Zanchetta cuando recibe el link de la persona identificada como “Conu” Rodríguez sobre “Como es el country donde vive la nueva ministra de Desarrollo Social” Tolosa Paz. El funcionario responde “todo suma” y que el parte “le vendría bien”. El ex policía se compromete a mandarle la “toda la tira” al dia siguiente y critica a Tolosa Paz (“esta mina no toca un pobre no con un caña” -sic-). Rodríguez le aclara que ahora está en AFIP “pero sigo con los temas de provincia” y Zanchetta le advierte: “Me sigo reportando a vos”. “Sí, sí”, contesta su interlocutor. Quedan en juntarse a tomar un café.

En la computadora se encontraron dos “informes de inteligencia” sobre Tolosa Paz, que incluían antecedentes laborales, monto de salarios, información crediticia, bancos y cifras con las que opera, constancias de AFIP, participaciones societarias en dos empresas, expedientes civiles y estatuto social, titularidad de automotores e inmuebles, declaraciones juradas patrimoniales de los años 2018 y 2019, imágenes satelitales de su vivienda, información de un supuesto testaferro —con fotografía— y de una propiedad en Miami, Florida, Estados Unidos de América registrada a nombre de aquel —de la que recolectaba características y foto satelital—. Y también el documento que más tarde fue publicado: “COMO ES EL CLUB DE CAMPO Y LA MANSION ALUSINANTE (sic) DONDE VIVE DE LA NUEVA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL TOLOSA PAZ.docx”.

Pollicita sostuvo que “lo expuesto hasta aquí demuestra que la actividad de espionaje ilegal desarrollada por ZANCHETTA, nada tiene que ver con los derechos fundamentales señalados —libertad de expresión y prensa—, sino que por el contrario el encausado —quien contaba con experiencia en materia de inteligencia—, distorsionando el legítimo ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente, seleccionó miles de ‘objetivos’, reunió datos personales e información confidencial sobre aquéllos, los condensó y analizó en informes de inteligencia que tenía en su poder y a disposición para su utilización ante cualquier requerimiento. Pero además, de la prueba incorporada se observa que esta tarea era financiada y remunerada a Zanchetta por Rodríguez” a través de pauta publicitaria.

El 19 de octubre pasado, Infobae reveló un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) que en sus dispositivos Zanchetta guardaba mucha más información de magistrados, incluso datos migratorios y registros de visitas de miembros de la Corte Suprema a la Casa Rosada y que entre sus contactos figuraba el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, integrante del Consejo de la Magistratura y uno de los impulsores del juicio político contra la Corte Suprema de Justicia. Tailhade presentó un escrito en la causa a raíz de la vinculación de su nombre en la causa.

“En los últimos días se han repetido distintas notas periodísticas que dan cuenta de la aparición de mi nombre entre los contactos telefónicos de una persona que se encuentra detenida en el marco de estas actuaciones. Señor Juez, no dude en convocarme de inmediato, a primera audiencia, si considera que mi palabra es necesaria para la investigación. Estoy a su absoluta disposición. Ruego al señor Juez me cite de inmediato si así lo entiende necesario”, escribió.

La DAJUDECO amplió ahora con otro informe parcial los datos del teléfono de Zanchetta y aparecieron diálogos con el diputado k. Según las capturas de pantalla recuperadas de Telegram, aparece un diálogo el 9 de septiembre de 2022 en donde “AAA”, es decir, Zanchetta, envía un “informe histórico” de “causas Carrió” y detalla “es una carpeta de todas las causas denuncias hasta la fecha está por juzgado y jueces que le son fin (sic) a la gorda”. Tailhade le agradece y se despiden.

El 28 de noviembre, Zanchetta lo vuelve a contactar. “Hola Rodolfo querido. Soy Ariel. Tengo algo que te puede interesar de Luis Juez”, le dice. “Cómo estás compañero”, responde el diputado. Le ofrece un “correo seguro” para que le envíe la información. “De nada compañero. Estos putos vienen por todos nosotros, habrá que ponerse el casco y el fal al hombro”, dice el ex policía.

El siguiente contacto es el 4 de diciembre por la noche. “Buenas noches compañero. Disculpa el día pero creo que lo amerita. Te voy a pasar antes de publicar. Te paso el link donde está completo el chat de los jueces federales y directivos de Clarín y gente del PRO como D’Alessandro ministro de Seguridad de CABA. Esta todos. Son dos grupos y está todo el chat completo del grupo”. Se trata de los diálogos por el viaje de Lago Escondido que se conocieron ese fin de semana, justo en vísperas de la condena dictada a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Zanchetta le dice “fijate, me lo paso el jefe icia (sic) PSA de Bariloche. Tiene todos los audios e imágenes”. No aparece ninguna respuesta del diputado.

Fuentes allegadas al diputado Tailhade aclararon a Infobae que “esos chats existen y alguien le acercó ese contacto como un periodista que le empezó a mandar notas del sitio” y afirmó que “lo de Lago Escondido ya estaba todo publicado”.

El informe de la DAJUDECO anterior ya le había advertido al juez Martínez De Giorgi la existencia de un archivo del que surgen los movimientos migratorios en el periodo 1992/2013 del Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Rosenkrantz, hallado en una casilla de correo electrónico . En esa misma línea cronológica, del relevamiento de los registros de datos digitales de la cuenta de Telegram, surge una conversación que data del año 2016, mediante la cual el usuario “aaa” es decir Zanchetta le solicita a una cuenta identificada como “Deleted Account”, datos migratorios del Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carlos Rosenkrantz y de Gabriel Bouzat, su ex socio en el estudio de abogados que integró antes de ser propuesto para ser juez del máximo tribunal.

También hay otro documento con una persona en donde le manda un documento relacionado al fiscal José Campagnoli, otro en donde le piden averiguar sobre el titular de la Asociación Argentina de Fiscales Marcelo Varona Quintián y otro que data de 2017 en donde le piden datos sobre la ex fiscal Viviana Fein, el ex juez Norberto Oyarbide y el juez Guido Otranto.

En otro de los diálogos, a Zanchetta le preguntan sobre Fernando Pocino, el ex director de Reunión Interior de la AFI y quien fuera uno de los enemigos de Antonio “Jaime” Stiuso en la interna que se desató en la central de espías sobre el final del gobierno kirchnerista. En ese diálogo, Zanchetta dice “está más activo que nunca amigo”.

Ahora, se espera el resultado final de los allanamientos y el impacto que esto tendrá en la causa. No obstante los resultados de esta investigación están siendo observados con atención por el mundo judicial y también el político. Es que esta “bomba judicial” podría tener repercusiones en la comisión de juicio político, donde el oficialismo se preparaba para firmar el dictamen contra los integrantes del máximo tribunal.