La ciudad de Eldorado, ubicada a orillas del río Paraná frente a Paraguay, es la tercera más poblada de la provincia de Misiones. Está conectada a través de la ruta 12 con Puerto Iguazú, uno de los vértices de la Triple Frontera, uno de los puntos más calientes de la región como consecuencia de la actividad del crimen organizado y de grupos sospechados de lavar dinero para financiar a organizaciones terroristas.
El juzgado federal de Eldorado, a cargo de Miguel Angel Guerrero, es el que tiene competencia en esa zona y allí está radicada la causa Barakat en la que se investigan maniobras de lavado de activos para financiar a la organización terrorista Hezbollah, responsable del atentado a la sede de la AMIA. Esta operatoria con cifras millonarias se realizaba principalmente a través de un casino de la ciudad de Puerto Iguazú, propiedad del llamado “clan Barakat”.
Entre audiencia y audiencia, el juez Guerrero dialogó con Infobae.
- Dr. Guerrero ¿Cómo fue avanzar en la investigación contra el clan Barakat sospechado de lavar dinero para financiar a Hezbollah sin que este grupo estuviera considerado en ese momento como una organización terrorista?
- Cuando nosotros retomamos la causa, lo que encontramos inicialmente es que teníamos un porcentaje de información muy grande que era de inteligencia. Entonces la primera cuestión que decidimos en ese momento fue cómo transformamos en prueba esa información de inteligencia. Hicimos un camino bastante largo pero ese camino largo nos fue abriendo una perspectiva distinta de lo que teníamos como información de inteligencia.
Eso también nos permitió, conectados con la Unidad de Información Financiera y la Procelac, ir viendo algunas necesidades y qué caminos podíamos transitar porque no siempre se planteó esta investigación como un lavado para financiar al terrorismo sino como un lavado genérico.
- ¿Cómo fue pasar procesalmente del lavado de activos al lavado para financiar al terrorismo?
- Lo primero fue encontrar pruebas. Teníamos un Reporte de Información Sospechosa, que es una especie de formulario con muy poca información asociada que a partir de ahí se dispara una serie de medidas, que algunas las sugirió Procelac y otras las instrumentamos con el equipo del juzgado. ¿Cómo transformás eso en evidencia? Bueno…se transformó en evidencia a partir de un montón de medidas de prueba que van desde informes de Migraciones hasta registros que había practicado la Aduana, entre otras.
Hicimos toda una tarea técnica sobre los sistemas de video, cámaras de seguridad y de vigilancia del lugar donde jugaban. Esas pruebas nos permitieron ir acreditando que esta gente estaba relacionada.
Bueno…todo ese tipo de medidas nos fueron confirmando algunas hipótesis de la información de inteligencia. Fuimos viendo que esta gente se movía organizadamente, que a veces compartían un vehículo o a veces compartían el gestor de un documento en Paraguay o a veces compartían un contacto o un lugar de residencia en Foz de Iguazú y se fue armando un rompecabezas bastante complejo.
- ¿Qué puede pasar con la causa cuando pase a un Tribunal Oral?
- Yo creo que el estándar de primera instancia lo tenemos reunido. Creo que el estándar de un tribunal oral es otra cosa y es otra cosa porque yo creo que un tribunal oral te va a pedir un poco más: que vos acredites que esa transferencia no salió por Western Union desde Ciudad del Este con una triangulación en Europa y al Líbano, a una zona del sur donde sabemos que actúa esta gente. No, te van a pedir “pero ¿qué artefacto explosivo compraron con eso?”. No, no -hay que explicar- “está financiando la actividad terrorista no un acto terrorista”.
Bueno todo ese tipo de cuestiones y más tomando en consideración que cuando nosotros iniciamos esto Hezbollah no estaba en ese momento nominada como organización terrorista inclusive a nivel internacional, pero sabíamos que tenía relación con la voladura de la AMIA y que había gente que había salido poco después de ese atentado y que había tenido toda la cobertura y la infraestructura acá en la zona de la Triple Frontera, no en Argentina pero sí por esta gente.
Todas esas cuestiones nos fueron permitiendo hilvanar elementos de prueba, todo muy artesanalmente. La verdad es que inicialmente no contábamos con una gran colaboración, después sí.
El congelamiento de activos de este grupo creo que fue el disparador para el decreto que creó el RePET (Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento). Nosotros fuimos los primeros en inscribir a esta gente como una organización terrorista.
- ¿Cuánto tiempo llevó esta investigación?
- Esta es una causa activa. De los 14 iniciales, ahora la Procelac en la última intervención que tuvo junto con la fiscalía de Misiones, amplió la imputación a 34 personas. Llevamos ya 9 años.
- ¿Cómo es la colaboración entre los jueces de Argentina, Paraguay y Brasil?
- Una cosa es la colaboración formal y otra la informal. Pongo siempre el ejemplo de Prosegur. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en donde nos comunicamos todos. Cuando fue el atentado de Prosegur en horas teníamos todas la foto de todas las personas inclusive antes de que las tuviera el Ministerio de Seguridad ya las teníamos nosotros.
Paraguay en eso, tanto las fiscales como los jueces de garantías trabajan muy bien. La mayoría nos conocemos desde hace 30 años, entonces el tema de la confianza hace que el flujo de información por canales informales sea ágil, es activo, en tiempo real y creo que funciona bien.
En cambio cuando uno transita el camino formal, esos canales no son tan ágiles. Nuestro ministerio de Relaciones Exteriores yo no sé por qué motivo pero la verdad que desconozco cuáles son las causas pero en estos últimos años está muy lento. Yo creo que habría que buscar mecanismos que sean mucho más ágiles.
- ¿Cuántos empleados tiene en su juzgado?
- Estamos mucho peor que cuando se hizo el encuentro de la Justicia Federal en Rosario. En ese momento tenía en todo el juzgado 30 empleados, y en la secretaría penal 10. Hoy tengo 7 empleados en penal y mi secretaria que pronto comenzará una licencia porque está embarazada.
- ¿Y sobre qué territorio tiene competencia?
- Es la mitad norte de la provincia de Misiones. Los departamentos de Montecarlo, San Pedro, General Manuel Belgrano, Iguazú y Eldorado. Es un tercio de la población provincial. El juzgado de Oberá tiene 60 empleados, se creó en el año 2013 y tiene un tercio de la cantidad de causas que tiene este juzgado que son casi 50 mil, 11 mil de ellas son de naturaleza penal.
- O sea, 11 mil causas para menos de 10 empleados…
- Sí
- ¿Cómo hacen?
- Dentro esos empleados tengo 5 o 6 que son muy buenos. Son chicos muy jóvenes, todos ponen muchas ganas en lo que hacen y tienen un expertise en algunas cuestiones que por ahí no lo tendrían en otro juzgado en años.
Pero eso no significa que no tenga mucha gente que está muy cansada. Por ejemplo, hace 10 días la otra secretaria penal que tenía pidió una licencia porque me dijo “mirá no doy más, llego a mi casa y no puedo ni darle un abrazo a mi hijo porque me pongo a llorar”.
Esta semana le dije a la Cámara que en ese aspecto este juzgado está cada vez peor, la gente se está enfermando, y a mí me preocupa eso porque después me hacen responsable a mí por cuestiones que se generan a partir de gente que quiere hacer bien las cosas. No es sano que una persona lleve causas de esta complejidad, que generan este estrés peleándose con diez abogados que vienen por una causa específica a la cual le dedican todo su tiempo, y que tienen otros recursos económicos y nosotros no tenemos como hacer frente a eso.
Es muy injusta la batalla cuando no se nos dan los recursos mínimos. Por lo menos dennos lo mismo que les dan a los otros, si nosotros tenemos más causas y son más complejas. Nosotros “nos pagamos” en un mes de secuestros y de trabajo nuestro lo que cobra durante un año un plantel de personal razonable para tareas como las que tenemos.
El juez Miguel Angel Guerrero es uno de los expositores en el curso especial de posgrado “Terrorismo y Radicalización de la Violencia en el Cono Sur” organizado por el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera (CESH) de la Universidad de Buenos Aires que dirige el abogado especialista en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, Juan Félix Marteau. Este ciclo de 12 conferencias tiene el objetivo de que actores del sector público y privado comprendan los riesgos del terrorismo y la radicalización de la violencia a fin de mejorar los procesos de toma de decisiones para salvaguardar la paz y la seguridad de nuestras sociedades.