Juicio político a la Corte: Rosatti y Rosenkrantz rechazaron los cargos y dijeron que buscaron condicionar sus sentencias

A título personal, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el vicepresidente del tribunal Carlos Rosenkrantz respondieron este jueves a las acusaciones que le formuló el oficialismo en el juicio político que se impulsó contra los cuatro magistrados. Con términos formales, los magistrados no solo rechazaron los argumentos del bloque kirchnerista, sino que hablaron de un “proceso teñido de irregularidades” que violó la garantía de defensa y que tuvo como fin removerlos por el contenido de sus sentencias.

“Este procedimiento apunta a condicionar o remover a los jueces cuyas sentencias no satisfacen los deseos de una circunstancial mayoría parlamentaria”, dijo Rosenkrantz. “Los cargos formulados evidencian, por un lado, que se está enjuiciando a los miembros de esta Corte por el contenido de sentencias que no satisfacen los deseos de algunos integrantes de la Comisión y, por el otro, que con ello se pretende condicionar futuras decisiones del Tribunal en causas actualmente en trámite”, advirtió Rosatti. Los jueces Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti optaron por no contestar las imputaciones.

En dos presentaciones distintas y cada una a su estilo, Rosatti y Rosenkrantz jugaron por salir a fijar posición a las acusaciones que formalizó el bloque oficialista de la comisión de juicio político. Fue el presidente Alberto Fernández el que, el 1 de enero, anunció la denuncia para los integrantes del máximo tribunal, días después de una medida cautelar que favoreció al Gobierno porteño en una demanda contra el Estado nacional por coparticipación. A eso, el oficialismo sumó acusaciones por el fallo del 2x1, el manejo de la obra social del poder judicial y la resolución que puso en vigencia otra composición en el Consejo de la Magistratura, entre otras cuestiones.

Desde el 26 de enero, la Comisión de Juicio Político, encabezado por la diputada Ana Carolina Gaillard, escuchó a 65 testigos a lo largo de 23 reuniones y, con la mayoría oficialista, se acusó por distintos cargos al los integrantes de la Corte. La oposición aseguró que no se probó el “mal desempeño” y que el proceso constituyó un embate contra el Poder Judicial.

En ese contexto, los ministros de la Corte fueron notificados. Maqueda, que ya había sido acusado en un tramo anterior por la obra social, había elegido no responder. Nadie sabía en tribunales qué elegirían hacer esta vez los magistrados. En ese contexto, sobre la hora, se conoció la respuesta que, a título personal, hicieron Rosatti y Rosenkrantz.

Se sospecha que en ese contexto el oficialismo, que tiene mayoría en la comisión, buscará aprobar un dictamen formal acusatorio para llevar a la Cámara de Diputados, donde se necesita una mayoría de dos tercios para que pueda avanzar.

La respuesta de Rosatti aparece en un documento de 71 páginas. Lo primero que plantea son las “irregularidades que se cometieron a lo largo del proceso”. Y tras hacer hincapié en la colaboración prestada por la Corte Suprema en este proceso, Rosatti afirmó que los cargos en cuestión coinciden con planteos realizados por el Estado Nacional en expedientes en curso, algo que sobre lo que -entonces- se ve impedido de avanzar.

“Se pone a los jueces del Tribunal frente a la disyuntiva de indefensión en este juicio político o tener que desprenderse del conocimiento de causas institucionales en trámite”, dijo Rosatti. Es el caso que ocurre en la causa de coparticipación donde el tribunal aún no dictó sentencia, sino que solo hizo lugar a una cautelar.

Sobre las irregularidades denunciadas, habló de “pedidos de producción de prueba sin la previa intervención de un juez, cuando ello resultaba ineludible”, el acceso a información reservada de contribuyentes sin la debida intervención judicial, incurriendo en violación del secreto fiscal, la incorporación de “prueba que había sido considerada inválida en una causa judicial por su presunto origen ilegal”, el “trato hostil” y descalificación personal o profesional a testigos, a algunos de los cuales se los interrogó sobre su vida privada y sus vínculos familiares sin justificación alguna en relación a la pertinencia de las preguntas.

También se aseguró que muchos de los cargos formulados por la comisión “carecen de las precisiones mínimas” como para conocer los hechos que se imputan y sus fundamentos. Y señaló que hasta se formuló cargos por hechos que no fueron denunciados en los pedidos de juicio político.

Sobre el fallo “Colegio de Abogados” (Magistratura), Rosatti subrayó que se lo acusó por haberse votado a sí mismo como presidente de la Corte, cuando no solo ese hecho “no fue denunciado en ninguno de los catorce pedidos de juicio político que fueron declarados admisibles” sino que además “no configura ilicitud ni irregularidad alguna” porque “constituye una manifestación propia de las facultades de auto-organización reconocidas en el artículo 113 de la Constitución Nacional”. Y recordó que desde que aquella sentencia “el Congreso pudo –y puede en cualquier momento– sancionar una nueva ley que regule el Consejo de la Magistratura del modo que se estime más adecuado”.

Sobre el caso 2x1, Rosatti afirmó que el fallo Muiña, “contrariamente al planteo de la acusación”, “supo poner en evidencia la necesidad de revisar una norma” y rápidamente el Congreso sancionó una ley para impedir que ese beneficio alcance a imputados en causas de lesa humanidad. “Como se advierte, una vez más la acusación remite enteramente al contenido de un voto que forma parte de una sentencia del Tribunal. Nada de ello puede ser tenido en cuenta como causal por mal desempeño para propiciar la destitución de magistrados, por imperio de la independencia judicial que consagra nuestra Constitución Nacional”, señaló.

El juez también apuntó a las supuestas vinculaciones con el macrismo. Rosatti se encargó de destacar: “cuadra decir que fue el propio ex presidente (Mauricio Macri) quien manifestó en un libro de su autoría su arrepentimiento por haber propuesto mi designación como juez de la Corte en razón de no coincidir con el contenido de mis sentencias. Semejante testimonio, que más allá de la intención de quien lo profirió, implica un reconocimiento explícito a mi independencia de criterio, evidencia la falacia de la acusación en este punto”.

Así, Rosatti concluyó que “corresponde declarar la improcedencia de los pedidos de juicio político y disponer el archivo de las actuaciones” y destacó que “el trámite seguido en este sumario ha convertido a un mecanismo constitucional idóneo en un proceso teñido de irregularidades”.

Y con mordacidad, Rosatti señaló “el inesperado final de este procedimiento, concretado en la víspera de una renovación legislativa”. “Tan abrupto fue el cierre de la investigación que quedaron sin ser tratados algunos de los cargos formulados por la propia Comisión –sin que hubiera mediado desistimiento– y estando pendiente la producción de prueba ordenada respecto de cargos que sí fueron abordados”.

“Las irregularidades observadas durante la tramitación de esta etapa preliminar del juicio político, más allá de su carácter reiterado y sistemático, no lograron desacreditar a este Tribunal ni doblegar la voluntad de sus integrantes, quienes sentenciaron causas relevantes con autonomía de criterio e irrestricto apego a la Constitución y a las leyes”, dijo. Y advirtió que “el juicio político ha pretendido infructuosamente afectar la independencia del Poder Judicial en general y de la Corte Suprema en particular.”

La presentación de Rosenkrantz se explaya en 67 páginas y deja asentado que hace reserva de caso federal, es decir, plantea la idea de judicializarlo. “El carácter espurio del procedimiento salta a la vista”, dijo. “Hay cargos que vinculan hechos, datos o interpretaciones para construir una suerte de relato o novela de asociación libre para atribuirme inescrupulosamente faltas tan graves como falsas”, resaltó. Y subrayó que “lo que está en juego no es menor” porque “tiene que ver con el funcionamiento del sistema republicano”.

“Este procedimiento apunta, en definitiva, a condicionar o, en última instancia, a remover a los jueces cuyas sentencias no satisfacen los deseos de una circunstancial mayoría parlamentaria. Esto pone en cuestión la independencia de todos los jueces de la República y constituye un ataque frontal a la separación de poderes. Es, además, una afrenta a la legitimidad de la función de la Corte Suprema en nuestro ordenamiento constitucional”, aseguró.

Según resaltó, “una vez neutralizado el capricho y la arbitrariedad en la interpretación de los hechos, la única explicación plausible de la existencia de este juicio político es la disconformidad con algunas sentencias adoptadas por el tribunal que integro o con mis votos en solitario. Y aunque no lo expresen de esa forma, es evidente que tanto los denunciantes como los diputados que han votado la formulación de los cargos pretenden en forma velada una revisión del juicio realizado en cada una de las causas judiciales en las que fueron dictadas las resoluciones objetadas —algunas de las cuales se encuentran actualmente en trámite-—, y una demonización de mis votos.”

Rosenkrantz sostuvo que el criterio de avanzar contra una acusación de mal desempeño por el contenido de sentencias “pretende evitar que el procedimiento constitucional sea utilizado para condicionar la actuación de un juez o de un tribunal” y “supone que la formulación de cargos no puede funcionar como una suerte de amenaza de destitución que pende sobre los jueces que se aparten de la línea jurídica, ideológica o política establecida por la mayoría circunstancial del órgano que decide sobre la remoción de los magistrados”.

“Los jueces no estamos para defender la visión de mayorías circunstanciales, por más extendidas y duraderas que fuesen, sino para defender el derecho y, especialmente, la Constitución Nacional”, dijo y añadió: aquí “es evidente que se pretende enjuiciarme porque dicté sentencias, o escribí votos, que contrarían las preferencias ideológicas o políticas de algunos o muchos de los diputados y, quizá, de aquellos a quienes ellos representan”

Subrayó que “ni las denuncias formuladas, ni los cargos provisorios enumerados en la documentación acompañada con el oficio que me fuera remitido me imputan la comisión de delito alguno ni tampoco explican, con un mínimo de rigor técnico, de qué modo las sentencias a las que se refieren traducirían ineptitud moral o intelectual para desempeñar el cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Tras refutar los cargos que le formularon, Rosenkrantz aseguró que sus respuestas evidencian “la ausencia absoluta de fundamentos de los cargos provisorios formulados y la consiguiente improcedencia del procedimiento que se pretende llevar adelante”. “Muestra, además, el intento de utilización de una facultad constitucional ideada para defender la República para la persecución de una finalidad completamente ajena al objetivo buscado por los constituyentes de 1853 y 1994: preservar el equilibrio propio de la separación de poderes”.

“Por el contrario, esta es una instancia más de una historia desafortunadamente rica en intentos de la rama con atribuciones de control de condicionar, neutralizar o directamente cooptar al Poder Judicial de la Nación y, en especial, a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que dicten sentencias que, con independencia de su ajuste al derecho vigente, satisfagan las preferencias ideológicas y las necesidades políticas de las mayorías circunstanciales de una comisión de una de las cámara del Congreso de la Nación”, dijo.

Rosenkrantz hizo hincapié en “los esfuerzos que, desde hace cuarenta años, el pueblo argentino viene llevando adelante para reconstruir instituciones democráticas y republicanas sólidas y perdurables se ven seriamente perjudicados por intentos como el representado por este procedimiento”. Y resaltó que “la historia política de la Argentina es trágicamente pródiga en experimentos institucionales que —con menor o mayor envergadura y éxito intentaron forzar —en algunos casos hasta hacerlos desaparecer— los principios republicanos que establece nuestra Constitución”

“Ese pasado debería desalentar ensayos que, como el aquí examinado, persiguen el único objetivo de someter a la cabeza del Poder Judicial de la Nación a los designios de otro poder y, de esa forma, romper el equilibrio que la separación de poderes establecida por la Constitución manda como uno de los medios para, entre otros altos fines, afianzar la justicia, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad”, se añadió.