“Chocolate” Rigau logró demorar la definición sobre los pedidos de detención de un concejal y otras 49 personas

La definición sobre la posible detención del concejal del Frente Renovador Facundo Albini, su padre, y los 48 dueños de las tarjetas que tenía en su poder Julio “Chocolate” Rigau, se demorará algunas horas por un nuevo planteo judicial. Los abogados del puntero volvieron a reclamar la nulidad del proceso y lograron que el expediente pase a la Sala III de la Cámara de Apelaciones de La Plata, la misma que en su momento declaró la nulidad de manera irregular.

“La definición sobre los pedidos de detención se va a demorar porque la causa pasó a la Cámara”, explicó una fuente judicial ante una consulta de Infobae.

La batalla judicial comenzó el 12 de octubre, cuando la Cámara de Casación bonaerense dejó sin efecto el fallo de la Sala III de la Cámara de Apelaciones que había anulado la causa y permitió la liberación del puntero del PJ. Esa resolución cuestionó en duros términos la decisión de los camaristas a raíz de un habeas corpus, sin pasar por la fiscal y el juez de la causa. “La Cámara actuó por fuera de su jurisdicción en tanto según la legislación procesal vigente, la orden de detención dictada por el juez competente no resulta impugnable por vía de habeas corpus en razón del veto producido, en el art. 405, segundo párrafo del ritual, por el decreto de promulgación 2749/04 (con respecto a la ley 13.252), con lo cual se concluye que contra tal acto jurisdiccional no resulta posible interponer una acción de hábeas corpus”, sostuvo en su voto la jueza María Florencia Budiño, al que adhirió su colega Fernando Mancini.

Luego de ese fallo, la defensa de Rigau planteó la nulidad ante el juez Atencio, que rechazó el planteo la semana pasada y habilitó a que ahora vuelva a resolver la Sala III de la Cámara de Apelaciones.

Hace un mes, ese tribunal, con la firma de dos de sus integrantes, había planteado la nulidad de la detención de Rigau para voltear toda la investigación. “La actuación del personal policial que requisó sin orden judicial a Julio Rigau no puede ser convalidada, al no quedar comprendida la misma en lo normado por el art. 294 inc. 5 del CPP en tanto su labor no condice con los supuestos allí establecidos específicamente ni menos aún pueden ampararse en el estado de sospecha razonada o causa probable”, argumentaron los camaristas Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo, que terminaron denunciados por los dirigentes de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy, Javier Iguacel, y María Eugenia Talerico ante la Corte bonaerense.

En cambio, el juez Fernando Mateos dijo en disidencia que el procedimiento policial fue correcto y alertó sobre la trascendencia social del caso. “En el caso concurren circunstancias previas y concomitantes que razonable y objetivamente permitieron justificar el accionar policial”, sostuvo.

Los abogados de Rigau desplegaron una batería de presentaciones y nulidades ante cada novedad en la investigación. De hecho, lograron demorar varios días la apertura del teléfono de Rigau, que finalmente habría aportado las pruebas para imputar al concejal Albini y a su padre, Claudio Albini, que durante años se desempeñó como subjefe en la Dirección de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense. Ambos serían los referentes políticos del puntero que fue sorprendido con 49 tarjetas de débito.

A raíz de la imputación, la defensa de los Albini pidió la eximición de prisión, pero el planteo ya fue rechazada por el juez Atencio el jueves pasado. En esa resolución, el magistrado destacó que la Policía acudió al cajero del Banco Provincia a raíz de la denuncia de una persona. “El planteo de la Defensa para articular la nulidad de todo lo actuado se fundamenta en que el accionar policial se basa en la intuición y olfato lo que en modo alguno se puede tener como motivo suficiente para atropellar las garantías constitucionales de privacidad, intimidad y libertad ambulatoria de ningún ciudadano. Este argumento distorsiona lo plasmado en el acta inicial como certificación de lo que realmente ocurrió”, sostuvo Atencio.

Facundo Albini acaba de renovar su banca como concejal de La Plata, en la lista que encabezó Julio Alak, y fue director de Control y Gestión de la Secretaría Administrativa de la Legislatura. Su situación judicial podría sellar su futuro político.

La fiscal Betina Lacki también imputó a los 48 dueños de las tarjetas y pidió su detención. Si hace lugar a todos los pedidos, el juez debería ordenar unos 50 arrestos.