Atentado a CFK: la Cámara Federal ordenó secuestrar más teléfonos de Gerardo Milman, previo aval del Congreso

La Cámara Federal porteña hizo lugar al pedido de la fiscalía y de la querella de Cristina Kirchner y ordenó secuestrar los otros teléfonos que estaban en poder del diputado del PRO Gerardo Milman en el marco de la investigación que analiza el atentado a la vicepresidenta, ocurrido el 1 de septiembre del 2022. Para concretarlo, deberá volver a autorizarlo la Cámara de Diputados. El mismo tribunal ya había dispuesto el secuestro de un celular del dirigente, pero el equipo entregado no fue el que usaba al momento del ataque.

Los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, que habían firmado por mayoría aquella decisión, dispusieron hacer lugar a las medidas solicitadas por los acusadores. “Resulta necesario destacar que no se desconoce que los cambios de celulares infieren en la mayoría de los casos una transferencia de datos del teléfono anterior, pero no puede descartarse la posible existencia de parámetros técnicos que permitan obtener información borrada o modificada en el aparato original”, escribió Bruglia, tras señalar que “no se trata de una nueva medida sino de una ampliación de aquella y, ésta encuentra fundamento de procedencia”.

En la misma sintonía, en el fallo al que accedió Infobae, Bertuzzi subrayó: “Cabe poner de resalto la excepcionalidad que revisten las presentes actuaciones en cuanto a la magnitud por la gravedad que tiene el hecho objeto de la investigación; en virtud de lo cual entiendo que no deben restringirse diligencias -en el marco de su pertinencia- que puedan admitir avanzar o excluir responsabilidades en la pesquisa”.

El juez Mariano Llorens, que en la oportunidad anterior había votado en contra del análisis del teléfono, ratificó su criterio pero con un claro llamado de atención: “sellada como ha quedado la cuestión y al no haberse incorporado al legajo nuevas pruebas que me permitan virar el sentido de lo que ya he dicho el pasado 17 de agosto, me remito a lo allí sostenido en cuanto a que no corresponde hacer lugar al secuestro del celular del Diputado Nacional Gerardo Milman. Sin perjuicio de ello, considero oportuno reparar en la actitud adoptada por el nombrado frente a lo resuelto: presentarse en la sede del juzgado para cumplir con una manda judicial y aportar un celular adquirido, cuanto menos, dos meses después de la fecha del hecho aquí investigado”.

Todo se enmarca en la investigación que analiza el atentado a Cristina Kirchner. La causa principal por el ataque a la ex presidenta, que tiene tres detenidos, ya fue elevada a juicio oral. Se trata de Fernando Sabag Montiel, quien apuntó a la cara de CFK; su entonces novia, Brenda Uliarte, y Nicolás Carrizo, el llamado jefe de los copitos. Los dos primeros están acusados de ser coautores de un intento de homicidio agravado; el tercero de ser partícipe secundario.

En instrucción quedó una parte en donde se analiza si hubo un autor intelectual. La llamada “pista Milman” surge de la declaración de Jorge Abello, un asesor legislativo del diputado del Frente Todos Marcos Cleri, quien se presentó en tribunales el viernes 23 de septiembre de 2022. El ataque había ocurrido la noche del 1° de septiembre. Abello aseguró que el 30 de agosto asistió a una reunión en el anexo de Diputados y posteriormente almorzó con su cuñado, ajeno a la política, en el restaurante Casablanca, ubicado cerca del Congreso. Allí mencionó haber visto a Gerardo Milman acompañado de “dos jóvenes muy elegantes”. Se trataba de Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco. Según afirmó, Milman dijo: “Cuando la maten yo estoy camino a la costa”.

Milman denunció a Abello por falso testimonio, un expediente que investiga otro juzgado. La querella de CFK se enemistó con la jueza María Eugenia Capuchetti cuando se le tomaba declaración a las dos secretarias de Milman y se pidió secuestrarle los teléfonos. La jueza lo rechazó por su calidad de testigos y el caso llegó a la Cámara Federal que también con la dupla Bertuzzi-Bruglia y la disidencia de Llorens ordenó llevar adelante todas las medidas necesarias sobre esa pista que incluían volver a escuchar a Abello (algo que no se concretó), citar a Cleri y a otro diputado del Fdt que estuvo ese día en Casablanca y avanzar en el análisis de los celulares de esas colaboradoras, en función de la gravedad institucional de la causa.

Con esa decisión, las mujeres se presentaron voluntariamente en la fiscalía para entregar sus teléfonos. Gómez Mónaco aclaró que había cambiado el equipo. La otra que se había asesorado para borrar su contenido porque tenía fotos íntimas que no quería que se filtraran. El material fue recuperado. No obstante, en mayo pasado, Bohdziewicz se presentó en la fiscalía para decir que se sentía presionada por su ex amiga, que la habían echado y que quería contar que el celular había sido borrado en las oficinas del instituto de Patricia Bullrich, donde estaban Milman y un perito.

Esto fue lo que activó el pedido de la fiscalía para secuestrar el teléfono del legislador del PRO. Tras una Milman entregó su equipo celular después de un fallo de la Cámara Federal porteña, pero mostró su oposición a la medida. Aunque dejó el equipo, no aportó la clave, indicaron a Infobae fuentes judiciales. Un informe emitido por el Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Buenos Aires” de la Gendarmería Nacional informó en los últimos días que no se había podido acceder al contenido del iPhone 14 Pro Max, entregado por el diputado, aunque se estudiaban los próximos pasos a seguir para poder avanzar con el análisis del equipo.

No obstante, el episodio volvió a tener otro coletazo apenas el celular fue entregado. Rívolo advirtió que el celular entregado no era el que estaba activo al momento del atentado. Era un Iphone 14 que había salido al mercado en Estados Unidos después del 1 de septiembre, cuando Sabag Montiel le apuntó a Cristina Kirchner en la puerta de su casa. Pidió entonces secuestrar el aparato que usaba a ese momento. La querella fue por más: pidió también acceder al teléfono que tenía desde fines del 2021 y el actual, que puso en funcionamiento luego de entregar su celular en el juzgado de Capuchetti.

Inicialmente, el juez Julián Ercolini, que firmó momentáneamente por Capuchetti cuando estuvo de licencia, consideró que no correspondía hacer lugar a la medida solicitada en virtud de que al momento de resolver no se encontraba firme la resolución que había autorizado el secuestro de los teléfonos del nombrado, por mayoría (es decir, que Casación no había ratificado la medida, algo que después hizo). Y también valoró que la autorización oportunamente brindada por la Cámara de Diputados no alcanzaba a las tareas investigativas y al registro domiciliario, al tratarse de medidas de mayor injerencia.

Tanto la fiscalía como la querella apelaron. Y hoy una vez más la Cámara Federal habilitó la medida. “Encuentra debido sustento en los informes de telefonía citados por las acusaciones, que darían cuenta de la existencia de otra línea telefónica y de otros dispositivos que podría haber utilizado Gerardo Milman durante el lapso temporal de interés para la presente pesquisa”, se añadió.