El juez de la Cámara del Trabajo Gregorio Corach obtuvo una medida precautelar de la justicia para seguir en el cargo con 75 años y sin un nuevo acuerdo del Senado de la Nación.
La decisión va en contra de lo que resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso de la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa en el que resolvió que los magistrados que un día antes de cumplir 75 años no tenía el nuevo acuerdo se tenían que ir. Esa fue la situación de Figueroa que fue cesanteada por el máximo tribunal tribunal.
El juez en lo contencioso administrativo federal Walter Correa aceptó el pedido que Corach inició en la justicia. El fallo fue dictado el miércoles pasado a las 23:59:14 horas, según la resolución a la que accedió Infobae. Menos de un minuto después, el juez cumplía 75 años.
El juez Correa distinguió las situaciones de Figueroa y la de Corach. Dijo que la decisión sobre la jueza que había tomado la Corte Suprema era administrativa con alcance para ese caso, y que en Corach se planteaba en un expediente judicial.
La situación generó mucha atención en los últimos días en el mundo político judicial. El oficialismo y la Corte Suprema se enfrentaron por el caso de Figueroa. La jueza era clave para la vicepresidenta Cristina Kirchner porque debía votar en los casos de “Los Sauces-Hotesur” y la firma del memorándum con Irán, los que se resolvieron cuando estaba afuera del cargo y se ordenó que ambos expedientes se reabran para que se hagan los juicios orales.
Así, la presentación de Corach planteaba un nuevo escenario. Fuentes judiciales le dijeron a este medio que el caso fue seguido con mucha atención por el kirchnerismo que antes de la resolución ya celebraba un fallo a favor del juez. “Es una manera de contraponer la decisión de la Corte con Figueroa que a nuestro criterio se extralimitó”, le dijo a Infobae un hombre del oficialismo. Muchos ven en esa resolución un plafón para el regreso de Figueroa a la Casación, ya que después de su cesantía recibió el acuerdo del Senado -con los votos oficialismo y la oposición en contra- para seguir por cinco años más.
Todos los involucrados buscaron llevar el expediente con perfil bajo. El caso estaba habilitado para su consulta pública desde su inicio. Pero cuando este medio público el pedido de Corach, el juez Correa lo quitó de ese acceso y quedó solo para las partes, lo que es muy excepcional en las causas contenciosas donde se objetan decisiones públicas de la administración central. “Expediente inexistente o no disponible para su consulta pública”, dice el sistema ante la búsqueda de la causa.
El fallo fue dictado el miércoles pasado y recién ayer el Consejo de la Magistratura de la Nación, que preside el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, fue notificado por parte de Corach. “Más allá de la diferencia entre una situación administrativa y una causa judicial el juez Correa fue contra la mirada de la Corte sobre los jueces que cumplen 75 años y no tienen acuerdo del Senado. Hay que ver cómo avanza el caso”, planteó un integrante de la oposición en el Consejo.
Lo que cambió desde la resolución de Figueroa y el fallo de Corach es el escenario electoral con el triunfo de Sergio Massa en las elecciones generales.
Corach -hermano Carlos Corach, exministro del Interior del gobierno de Carlos Menem- fue designado en 1989 juez de primera instancia del Trabajo y dos años después pasó a ser camarista de ese fuero. En septiembre del año pasado le pidió al gobierno de Alberto Fernández seguir cinco años más ya que el 26 de octubre pasado llegaba a los 75 años, la edad máxima que establece la Constitución Nacional para ejercer el cargo, excepto que le Senado le de un nuevo acuerdo. El Poder Ejecutivo aceptó el planteo y envió el 12 de octubre pasado el pliego el Senado. Está en mesa de entradas y todavía no tiene estado parlamentario.
Los tiempos del Senado para aprobar el pliego no daban antes del 26 de octubre. Corach planteó que eso no se le puede imputar a él y pidió que se aplique la resolución N°521/2017 del Consejo de la Magistratura de la Nación que reglamentó el fallo “Schiffrin” de la Corte que había avalado el límite de 75 años. Esa resolución del Consejo establece, entre otros puntos, que los jueces que tengan pedido en el Senado para seguir “continuarán provisoriamente en el cargo hasta tanto se dicte decreto en tal sentido o se rechace el pedido de acuerdo, siempre que ello suceda antes de la fecha de cierre de sesiones ordinarias del Honorable Senado de la Nación correspondiente al año siguiente al envío del pedido de acuerdo, momento en el que caducará el nombramiento”.
Corach recordó que hubo otros colegas suyos -el juez del Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 Luis Imas; Silvia Mora, del Tribunal Oral Criminal 23 de la Capital Federal; el camarista del fuero Penal Económico Juan Carlos Bonzón; el juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro y el de La Plata Adolfo Ziulú- que cumplieron 75 años y siguieron en el cargo hasta que el Senado trató su pliego. El mismo argumento había planteado Figueroa.
Pero la situación cambió con la jueza de Casación. La magistrada cumplió el 9 de agosto 75 años, tenía su pliego en el Senado para continuar y el 6 de septiembre la Corte dictó la resolución 2338/2023 en la que el máximo tribunal sostuvo que el magistrado debe contar con el acuerdo del Senado un día antes de cumplir 75 años, sino queda afuera del cargo.
“Al no prever la norma plazo de gracia alguno, el nombramiento debe ser anterior al día en que el magistrado alcance la edad referida; de lo contrario, no habría límite temporal para la realización de ese nuevo nombramiento, con la absurda consecuencia de que el límite etario se tornaría inoperante”, señalaron los jueces Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda en su resolución sobre el alcance de la Constitución Nacional.
En su fallo, el juez Correa dijo que lo resuelto por el máximo tribunal “tiene su origen en el ejercicio de las facultades materialmente administrativas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es decir en su faz administrativa, las cuáles son asimilables al acto administrativo, y por lo tanto representan actos de superintendencia con alcance particular y circunscriptos al administrado” y que “resulta inaplicable” al caso de Corach que inició una causa judicial.
El mismo juez, en abril pasado, rechazó un pedido similar del juez de la Cámara Civil Víctor Liberman. Correa, para resolver distinto, marcó una diferencia. A diferencia de Corach, que tiene su pliego en el Senado, Liberman no había alcanzado esa etapa ya que había pedido continuar y el trámite estaba en proceso pero sin que su caso haya pasado a la cámara alta.
El magistrado señaló que en el caso de Corach se dan “razones de urgencia” y “circunstancias objetivamente impostergables” por lo que dispuso una medida precautelar para que el camarista “pueda continuar ejerciendo su cargo”. La decisión es “hasta tanto se resuelva la medida cautelar solicitada en estos autos o hasta tanto finalice las sesiones ordinarias del Honorable Senado de la Nación, lo que ocurra primero”.