Dos de los jueces que condenaron a CFK por la obra pública la juzgarán por el memorándum con Irán

Andrés Basso y Rodrigo Giménez Ubiruru, dos de los jueces que en diciembre pasado condenaron a la vicepresidenta Cristina Kirchner por el caso de la obra pública en Santa Cruz, fueron sorteados hoy para intervenir en el juicio oral por la firma del memorándum de entendimiento con Irán que fue reabierta por la Cámara Federal de Casación. El tercer juez para eso caso será Javier Ríos.

Así el Tribunal Oral quedó establecido tras el sorteado que se hizo este mediodía en los tribunales de Comodoro Py y del que participaron entre otros Alberto Beraldi, abogado de Cristina Kirchner. También se sorteo un magistrado para el caso “Los Sauces-Hotesur” y quien salió fue José Michilini.

El sorteo de los magistrados no implica necesariamente que ya sean los que definitivamente estén en los proceso. Hay plazos para que por algún motivo pidan apartarse o para que las partes los recusen. Y allí se abren algunas incógnitas.

Una de ellas es si haber condenado a Cristina Kirchner es motivo para que Giménez Uriburu y Basso se aparten o para que la defensa de la vicepresidenta los recuse. “En principio no hay motivo porque son dos causas totalmente distintas aunque la protagonista sea la misma. Pero es algo a analizar”, le dijo a Infobae una fuente vinculada a la defensa de la vicepresidenta.

Por otra parte, ambos magistrados tuvieron algún tipo de vínculo con los expedientes del atentado a la AMIA que a su vez es parte central de la causa por la firma del memorándum ya que la acusación es que ese acuerdo se firmó durante el gobierno de Cristina Kirchner para dar de baja las órdenes de detención de los iraníes acusados.

Basso y Ríos, ambos jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 3 de Comodoro Py, absolvieron en diciembre de 2020 al reducidor de autos Carlos Telleldín en uno de los juicios orales por el atentado. En tanto, Giménez Uriburu se excusó de intervenir en el juicio oral por las irregularidades de la investigación judicial del atentado porque había trabajado en ese proceso con el juez Juan José Galeano, principal acusado.

Los escenarios se definirán en las próximas semanas.

Un rato después del sorteo, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos de los implicados en la causa Memorándum para llevar el caso ante la Corte Suprema. Se trata de los planteos hechos por las defensas de Carlos Alberto Zannini, Juan Martín Mena, Angelina María Esther Abbona, Andrés Larroque, Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Isidro José Parrilli. Ahora solo les quedaría ir en queja.

“No corresponde hacer lugar a la excepción de la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, por cuanto en atención al carácter restrictivo de la admisión de la aludida doctrina, para que prospere la impugnación con ese respaldo, es menester que se demuestren defectos graves en la decisión recurrida, que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido, lo cual los recurrentes no han conseguido probar en autos”, dijeron los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Carlos Mahiques.

También afirmaron que “las partes recurrentes han basado sus impugnaciones en la reedición de planteos que han tenido adecuada respuesta y en juicios discrepantes con el criterio adoptado, lo que no implica de suyo acreditar relación directa e inmediata entre la materia del pleito y la cuestión federal que invoca” y “tampoco se advierte ni se ha demostrado que se configure en el caso un supuesto de gravedad institucional para habilitar la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

En las causas por la firma del memorándum y por “Los Sauces-Hotesur” -dos sociedades de la familia Kirchner donde se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita en el alquiler de sus hoteles y propiedades- la vicepresidenta junto con el resto de los acusados en los expedientes fueron sobreseídos por el TOF 5 por mayoría para el primer caso y por el TOF 8 para el segundo. Pero el mes pasado la Cámara de Cámara de Casación revocó esas decisiones, ordenó que se hagan los juicios y apartó a los jueces de los tribunales orales que ya habían opinado en las causas.

Así, en el caso del TOF 5 de Los Sauces-Hotesur fue apartado Daniel Obligado -el segundo juez que votó por el sobreseimiento, Adrián Grünberg- y en el TOF 8 por el memorándum Obligado, Michilini y Gabriela López Iñíguez. Los reemplazantes debían surgir por sorteo, lo que se hizo hoy al mediodía en una de las salas de la planta baja de los tribunales de Comodoro Py.

El primero sorteo fue para el caso “Los Sauces-Hotesur”. Juan Manuel Montesano, secretario general de Casación, puso en un bolillero dorado 13 bolillas con números que representaban a los jueces de los tribunales orales con posibilidades de salir. Estaban en la sala Beraldi y Marcos Aldazabal -ambos abogados de Cristina Kirchner- y Fabián Lertora, defensor del empresario Cristóbal López, uno de los acusados en el expediente.

El bolillero giró y salió la bolilla número uno que correspondía al juez Michilini. No es el primer caso que al magistrado le toca de la vicepresidente. Además de sobreseerla en el memorándum también intervino como juez del TOF 1 en el expediente de dólar futuro. Allí votó por rechazar el pedido de sobreseimiento de la ex presidenta y hacer el juicio. Luego Casación sí sobreseyó a Cristina Kirchner y el caso ahora está en la Corte Suprema. Michilini también fue uno de los jueces que condenó al ex secretario de Obras Públicas José López por sus bolsos con nueve millones de dólares, al empresario Alberto Samid por evasión y sobreseyó al ex vicepresidente Amado Boudou por los papeles del auto 08.

Para el caso de “Los Sauces-Hotesur” ya hay otros dos jueces. Una es Adriana Palliotti, quien había votado por hacer el juicio oral cuando sus colegas aceptaron el sobreseimiento, y Fernando Canero. Palliotti es titular del TOF 5 por lo que seguirá en el caso. Pero Canero es subrogante y termina su suplencia el 1 de diciembre, por lo que para esa fecha se sorteará a otro magistrado.

Luego se hizo el sorteo por la firma del memorándum. Además de los abogados de Cristina Kirchner estuvieron Luis Czyzewski, familiar de víctima del atentado que actúa como querellante en la causa, y su abogado Tomás Farini Duggan, entre otros.

Primero salió Giménez Uriburu, luego Basso y por último Ríos. Los dos primeros integraron el TOF 2 que en diciembre pasado condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por las obras viales que durante su gobierno y el de Néstor Kirchner le dieron de manera irregular al empresario Lázaro Báez. La ex presidenta fue condenada por el delito de administración fraudulenta. Basso -quien la semana pasada fue elegido como presidente de la Asociación de Magistrados, la entidad política y gremial de los jueces- tuvo un voto más duro porque entendió que también debía ser condenada por asociación ilícita. Pero quedó en minoría frente a Giménez Uriburu y Jorge Gorini.

Basso y Ríos también tuvieron un juicio con los empresarios López y Fabián De Sousa, acusados en “Los Sauces-Hotesur”. Fue en el caso de Oil Combustibles en el que fueron absueltos con los votos de Ríos y de Fernando Machado Pelloni y en el que Basso votó por la condena la condena de Basso

En las causas “Los Sauces-Hotesur” -dos sociedades de la familia Kirchner- se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita en el alquiler de sus hoteles y propiedades a los empresarios Báez, López y De Sousa. La imputación es que los alquileres se hicieron como contraprestación a las obras públicas que sus empresas recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. La única acusada que quedó definitivamente desvinculada del caso fue Florencia Kirchner porque Casación ratificó su sobreseimiento y esa decisión no fue apelada por la Fiscalía.

En tanto, la causa por la firma del memorándum se inició por una denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman que planteó que por con ese acuerdo se buscaba dar de baja las alertas rojas de detención de Interpol de los iraníes acusados del atentado a la AMIA, lo que la propia Interpol negó que haya ocurrido. Junto con la vicepresidenta están acusados el procurador del Tesoro Carlos Zannini, el viceministro de Justicia Juan Martin Mena, el ministro bonaerense Andrés Larroque, el senador Oscar Parrilli, entre otros.

La integración de los tribunales no implica que el inicio de los juicios sea inminente. En principio porque las defensas apelaron el fallo de Casación que reabrió las causas para que intervenga la Corte Suprema. Y también porque ahora los tribunales con las nuevas integraciones deberán reactivar los expedientes con las medidas de prueba que habían quedado pendientes para luego fijar las fechas de juicio oral.