El juez de la Cámara de Apelaciones del Trabajo Gregorio Corach cumplirá mañana 75 años, la edad máxima que establece la Constitución Nacional para ejercer el cargo excepto que el Senado le de un nuevo acuerdo por cinco años más. El pedido de acuerdo está en trámite, pero no se tratará ni hoy ni mañana. Por eso el magistrado se presentó en la justicia para que se dicte una resolución que le permita continuar hasta que la cámara alta resuelva su caso.
Es el “efecto Figueroa”, por la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa, que atravesó la misma situación de Corach. La magistrada cumplió 75 años el 9 de agosto con el pedido de continuidad en el Senado, pero no fue aprobado y la Corte Suprema de Justicia de la Nación la cesanteó en el cargo porque no se cumplía con lo establecido por la Constitución. El máximo tribunal dijo que si un día antes de cumplir los 75 no tenía el nuevo pliego, se tenía que ir. Semanas después el Senado le dio el acuerdo y la jueza todavía no volvió al cargo.
Con ese antecedente, Corach -hermano Carlos Corach, exministro del Interior del gobierno de Carlos Menem- presentó en la justicia una acción declarativa de certeza contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para que se dicte una medida cautelar que le permita seguir en el cargo mientras el Senado analiza su caso.
En la presentación a la que accedió Infobae, el juez dijo que la resolución que la Corte Suprema aplicó para Figueroa “fue dictada en el ejercicio de la actividad administrativa del Alto Tribunal, por lo que no resulta el medio adecuado para tratar cuestiones de orden constitucional”, como es la designación de un magistrado. “En ese sentido, resulta excesivo lo resuelto y ajeno a la actividad administrativa de la Corte Suprema”, agregó.
Corach fue designado en 1989 juez de primera instancia del Trabajo y dos años después pasó a ser camarista de ese fuero. En septiembre del año pasado le pidió al gobierno de Alberto Fernández seguir cinco años más. El Poder Ejecutivo aceptó el planteo y envió el 12 de octubre pasado el pliego el Senado. Está en mesa de entradas y todavía no tiene estado parlamentario, lo que ocurre cuando el Senado sesiona. Luego la Comisión de Acuerdos de la cámara alta debe citarlo a una audiencia y aprobar un dictamen para que luego sea tratado por el pleno del Senado. Si allí se aprueba, tendrá la continuidad como juez por cinco años más.
“El Poder Ejecutivo ha enviado mi pliego para ser tratado por el Honorable Senado de la Nación, y corresponde que el mismo tenga el tratamiento establecido por la Constitución Nacional. Es un derecho además basado en el principio de la inamovilidad de los jueces. Los avatares políticos (tales como la fecha en que el Senado decida tratar la cuestión) no me son imputables, ni los efectos que dicha decisión de ese poder pudiera tener. Si el Senado no ha tenido oportunidad de reunirse tras el pedido realizado por el Ejecutivo, por razones propias de otro poder del Estado, no debería ello poner a un miembro del poder judicial en situación de desventaja”, planteó el juez en su presentación en la justicia.
Corach señaló que para su caso se debe aplicar la resolución N°521/2017 del Consejo de la Magistratura de la Nación que reglamentó el fallo “Schiffrin” de la Corte que había avalado el límite de 75 años. Esa resolución del Consejo establece, entre otros puntos, que los jueces que tengan pedido en el Senado para seguir “continuarán provisoriamente en el cargo hasta tanto se dicte decreto en tal sentido o se rechace el pedido de acuerdo, siempre que ello suceda antes de la fecha de cierre de sesiones ordinarias del Honorable Senado de la Nación correspondiente al año siguiente al envío del pedido de acuerdo, momento en el que caducará el nombramiento”.
El juez laboral pidió que se dicte la vigencia de esa resolución. “Esta norma de carácter general se encuentra plenamente vigente, tanto es así que el propio Ministerio de Justicia lo ha sostenido, y se encuentra publicado en la página oficial del mismo”, dijo Corach. Esa resolución fue la que el gobierno esgrimió para que Figueroa continúe en el cargo.
Por otra parte, al igual que lo hizo Figueroa cuando se discutió su situación, Corach recordó que hubo por lo menos otros cinco jueces que al cumplir 75 años siguieron en la función hasta que el Senado trató sus casos. Son el juez del Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 Luis Imas; Silvia Mora, del Tribunal Oral Criminal 23 de la Capital Federal; el camarista del fuero Penal Económico Juan Carlos Bonzón; el juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro y el de La Plata Adolfo Ziulú.
Lo que se contrapone a la postura de Corach y a la resolución del Consejo es la decisión que la Corte Suprema tomó el 6 de septiembre en el caso de la jueza Figueroa. En la resolución 2338/2023, los cuatro jueces del máximo tribunal -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda- sostuvieron que el magistrado debe contar con el acuerdo del Senado un día antes de cumplir 75 años, sino queda afuera del cargo.
“Al no prever la norma plazo de gracia alguno, el nombramiento debe ser anterior al día en que el magistrado alcance la edad referida; de lo contrario, no habría límite temporal para la realización de ese nuevo nombramiento, con la absurda consecuencia de que el límite etario se tornaría inoperante”, concluyeron los jueces sobre el alcance de la Constitución Nacional.
Corach objetó esa resolución de la Corte Suprema. Dijo que “fue dictada para un caso particular y no es una normativa de carácter general”. Y que no resolvió sobre la resolución del Consejo de la Magistratura que permite seguir hasta que el Senado trate el pliego, además de que la situación de Figueroa no se dio en una causa judicial. “Será la propia Corte, una vez que se plantee un conflicto concreto, un caso, la que podrá definir eventualmente esa cuestión constitucional, en ejercicio de su actividad judicial, en el marco de un proceso en el que los interesados podrán ejercer adecuadamente sus derechos”, sostuvo sobre su situación. “En ese sentido, resulta excesivo lo resuelto y ajeno a la actividad administrativa de la Corte Suprema”, concluyó.
Por último, el camarista del Trabajo señaló que es inconstitucional el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional que establece el procedimiento de designación de magistrados y su renovación ante el Senado. Dijo que los jueces deben obtener un nuevo acuerdo del Senado quedan a merced del poder político y sus tiempos, lo que los puede someter a presiones. “El esquema del Art. 99, inc.4) es campo fértil para la negociación política, de la que los magistrados deben mantenerse apartados, y para la presión de los mismos por parte de los otros poderes del Estado. Nada más alejado de la garantía de independencia que debe prevalecer en un sistema de división de poderes”, sostuvo.
Corach -que inició la causa el jueves pasado- pidió que se dicte una medida cautelar que lo mantenga en el cargo después de cumplir 75 años y hasta que el Senado trate su pliego. La causa está a cargo del juez en lo contencioso administrativo federal Walter Correa que como primera medida le informó al estado nacional de la demanda y le pidió a la Fiscalía que dictamine si el fuero es competente para intervenir.
Los tiempos son muy justos. En dos días, Corach cumple 75 años. El Senado no tratará su pliego antes. La expectativa estará en si entre hoy y mañana la justicia toma una decisión sobre su caso o, sino, qué postura se tomará con el antecedente de Figueroa con todas las miradas puestas sobre la Corte Suprema.