El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió este lunes llamar a indagatoria a la presidenta del Banco Nación Silvina Batakis, ex ministra de Economía, y a otro grupo de funcionarios de esa entidad, a raíz de la escandalosa contrataciones de familiares. Verónica Asad, más conocida como “Pity, la numeróloga”, también fue incluida entre las sospechosas a dar explicaciones en la Justicia por haber recibido dinero del Estado para hacer tareas de “couching”, revelaron a Infobae fuentes judiciales.
Puntualmente, el fiscal pidió la indagatoria de Silvina Aída Batakis, María del Carmen Barros, Verónica Laura Asad, Maximiliano Piantanida, María Alejandra Closas, Juan Pablo Pedemonte y Juan Manuel Romero. El fiscal los imputó por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y negociaciones incompatibles con la función pública “A entender de esta parte, existen elementos suficientes para sospechar que los nombrados participaron en la comisión de un delito”, dijo el dictamen al que accedió Infobae presentado ante la jueza María Eugenia Capuchetti.
Para el fiscal, la contratación directa de Pity la numeróloga” da cuenta “del claro interés en miras a un beneficio propio en ese contrato, para exclusiva utilidad de la Gerenta General, y que los funcionarios involucrados en el despliegue de tal maniobra, evadiendo las normas en materia de contrataciones administrativas, le dieron preeminencia al interés personal sobre el funcional, aprovechando la función pública que desempeñaban para satisfacer un interés privado y quebrantando la esfera de custodia en la que los bienes con los que se afrontó tal operación legalmente se encontraban”.
“El aprovechamiento la función pública para satisfacer un interés privado no se limitó a la contratación de la numeróloga, ni al nombramiento de familiares y amigos, se materializó también con el otorgamiento de adicionales para incrementar el sueldo de la Gerenta General”, subrayó el fiscal.
A fines de septiembre, el fiscal Marijuan recibió la denuncia de la diputada Graciela Ocaña, luego de que el programa periodístico de Jorge Lanata revelara una serie de contrataciones escandalosas en el Banco Nación. Según la denuncia, Batakis y Barros “habrían intervenido en el ámbito de sus funciones y sin contar con el aval del directorio” del Banco Nación “la contratación de Verónica Laura Asad, conocida como ‘Pitty, la numeróloga’ para un ‘un curso de coach’ por la suma de $1.800.000″, “la designación de Héctor Javier Silva, ex marido de Silvina Aída Batakis, en el cargo de Gerente de Sistemas del BNA”; y “el nombramiento de Juan Pablo Pedemonte, hijo de María del Carmen Barros, al frente de una gerencia en la casa matriz del BNA”.
Bajo la lupa también quedaron “el nombramiento de Maximiliano Piantanida, amigo de María del Carmen Barros, en el cargo de Gerente Departamental del BNA; la autorización de parte de Silvina Aida Batakis a favor de María del Carmen Barros para que ésta última perciba diversos plus y premios que le permitirían cobrar un sueldo mensual que ascendería a la suma aproximada de $9.000.000″ y el “permitir que Juan Manuel Romero, pareja de María del Carmen Barros, perciba a modo de remuneración la suma mensual de $700.000 aunque según refiere la denunciante ‘según dice gente del propio banco, prácticamente no va a trabajar’”.
Tras abrir la causa, la fiscalía llevó adelante en las últimas semanas una serie de diligencias que incluyeron órdenes presentación al Banco Nación para hacerse de la documentación que alude a las contrataciones y las normativas vigentes.
Allí se encontró con el material que da cuenta de que “el 23 de febrero de 2023 a las 10.02 horas Verónica Laura Asad remitió por correo electrónico a María Alejandra Closas, Subgerente General del BNA, una propuesta de coaching de liderazgo comunicacional, que minutos después (a las 10.42 horas) fue reenviada por la última nombrada, también por correo electrónico, al Instituto de Capacitación Malvinas Argentinas con el siguiente texto ‘Hola Guido Como estas te envió este curso de Alta Gerencia debería dar comienzo el 1 de marzo. Gracias. Marita’.”.
Ese mismo día, Asad envió una “presentación de su trayectoria profesional” y detalle de sus servicios “que hago hace tantos años con mucho amor y energía” indicando que “se trata de gestionar recursos que uno tiene en su interior, que te van a permitir generar cambios necesarios para poder alcanzar las metas y hacer los sueños realidad”. Allí señaló objetivos relacionados con la comunicación y enlistó, a modo de sus antecedentes, sus libros publicados, titulados: “Los números hablan”, “El destino y los números”, “El oráculo numerológico”, “La conexión entre los números y el alma”, “Los números en tu vida”, “El oráculo numerológico del amor”, “El oráculo del corazón”, entre otros; así como las empresas e instituciones con las que habría trabajado: “Coca Cola Argentina”, “Urano España”, “Hotel Esplendor Paraguay”, “Quilmes Argentina”, “Hotel Four Seasons Argentina”, “Hotel Marriot Argentina” y “Viasek Argentina”.
Bajo instrucciones de la Subgerencia General Relaciones Laborales y Gestión del Talento, el Instituto de Capacitación Malvinas Argentinas propició la contratación de un “coaching de liderazgo comunicacional para el ámbito de alta gerencia” con el objetivo de “fortalecer aspectos vinculados a la escucha activa, la oratoria y las habilidades que toda persona comunicadora requiere para mejorar su desempeño en su rol de líder” y destinado a “un grupo de personas pertenecientes a la Alta Gerencia del Banco Nación”.
“Seguidamente, se propuso a Verónica Laura Asad consignando a modo de ‘honorarios docentes’ la suma de $1.440.000 por el dictado de 48 horas de capacitación distribuidas en 8 horas por mes”, se reseñó. Al día siguiente se giró el tema al área de compras y contrataciones, reconstruyó la fiscalía. Hubo un pedido especial de Closas para que “con carácter excepción se emitiera la orden de compra sin garantía explicando que ‘el servicio contratado es de vital importancia para nuestro Banco, en primer lugar, porque está destinado a un estamento estratégico en la organización y en segunda medida por desarrollar temas sensibles a la imagen institucional como son una correcta comunicación, la oratoria, la escucha activa y las habilidades interpersonales. Asimismo, la profesional cuenta con una amplia trayectoria y un extenso reconocimiento en el mercado, siendo sumamente adecuada para llevar adelante un proyecto de semejante envergadura”. Así se concedió el 21 de marzo de 2023.
Pero a eso se le suma que existió un segundo turno de capacitaciones en el que “se estableció que el destinatario de la capacitación resultaba ‘un grupo de personas pertenecientes a la Alta Gerencia del Banco Nación’ que constaba de dos encuentros y que el costo del servicio ascendía a la suma de $2.970.000″. El área de compras firmó la contratación por esa cifra que incluía 54 horas de capacitación a razón de $55.000 la hora.
En su dictamen, la Fiscalía subrayó que la normativa del Banco Nación establece que “las contrataciones directas por excepción deben fundarse en causales objetivamente justificadas y acreditadas” y cuál es el procedimiento. “Sobre la especialidad del contrato en cuestión y la selección de Asad para su cumplimiento, más allá de las afirmaciones formuladas por los funcionarios que intervinieron las distintas actuaciones labradas, únicamente consta en la documentación secuestrada la presentación efectuada por la propia Asad” habla de su trayectoria que hace “con mucho amor y energía”. El fiscal también hace un repaso de los libros citados como antecedentes así como las empresas citadas por la numeróloga, algunas de las cuales le informaron a la Justicia que no prestó cursos de coaching.
Para el fiscal, “dos de las máximas autoridades del Banco de la Nación Argentina, su Presidenta Silvina Aída Batakis y su Gerenta General María del Carmen Barros, a espaldas del Directorio, procuraron la contratación directa por especialidad de Verónica Laura Asad -en dos oportunidades-, que incumplía con los requisitos previstos por el Régimen de Compras y Contrataciones del BNA, y cuyo objeto, disfrazado bajo la temática de ‘coaching de liderazgo para la alta gerencia’, excedía cualquier ámbito de competencia que pudiera encontrarse relacionado con sus funciones. Asimismo, dentro de un círculo de personas con vínculos familiares o cercanos a ellas, propiciaron sus nombramientos y ascensos; y, por último, arbitraron los medios para acrecentar el salario percibido por Barros mediante el incremento de adicionales”.
Marijuan aseguró que de este modo “sustrajeron caudales públicos cuya administración le había sido confiada por razón de su cargo, y se interesaron en miras de beneficios propios -para Barros a través de los incrementos de los adicionales para el cálculo de sus haberes y de las contrataciones directas- así como beneficios de terceros quienes igualmente contribuyeron para el desarrollo de tales sucesos”.
Según se sostuvo, “para el perfeccionamiento de tales maniobras Batakis y Barros contaron con la intervención de Maximiliano Piantanida y María Alejandra Closas, Gerente Departamental y Subgerente Departamental del Departamento de Relaciones Laborales y Gestión de Talento, que actuaron activa y abusivamente en el ejercicio de sus competencias propiciando, justificando y dando conformidad a las operaciones”.
“No fueron fundadas en causales objetivamente justificadas ni acreditadas en las actuaciones, tampoco se certificó la especialidad e idoneidad de la contratada para el cumplimiento de la prestación; se emitieron las órdenes de pago sin garantía por expreso pedido de los involucrados, y sin aval alguno del directorio, entre otros incumplimientos. Lejos de adecuarse a los recaudos fijados normativamente fueron celebradas dando preeminencia al interés personal sobre el funcional”, se añadió.
El dictamen señala que Pity “fue quien directamente se presentó ante los funcionarios del Banco con la propuesta que fue objeto de la contratación; personalmente intercambió información a lo largo de la tramitación de ese contrato; facturó a su nombre los servicios supuestamente brindados; y percibió del BNA las sumas dinerarias respectivas”
Marijuan afirmó además que “no solo se antepuso el interés particular por sobre el bien común con la contratación de la numeróloga, sino también con el nombramiento y ascenso de familiares y amigos como fue el caso de Silva, Pedemonte, Piantanida y Romero”.
Silva, ex esposo de la Presidente del BNA, fue nombrado durante la gestión de Batakis, con la intervención de Barros, Closas y Piantanida, en el cargo de Auxiliar “E” como Analista de Procedimientos de 3ra en el Área Tecnología, Organización y Operaciones con una remuneración bruta total que ascendió a la suma de $729.656,22, “fundamentado en la necesidad de incorporar nuevos recursos para brindar soluciones tecnológicas y en la consecuente necesidad de cubrir puestos ‘con perfiles específicos’. Sin embargo, el perfil específico que motivó su contratación no encontraría correspondencia alguna en el cuadro de prueba recogido”, dijo el fiscal. Silva terminó el secundario en 1982, su antecedente laboral inmediato figura en la Sociedad Española de Beneficencia del Hospital Español como técnico y fue contratado en el Banco cuando tenía 59 años.
A Pedemonte, hijo de Barros, le otorgaron la función de Gerente Departamental Gestión Comercial Red de Sucursales y en su trámite también intervinieron Batakis, Closas y Piantanida, “que suscribieron la resolución que así lo dispuso y el mismo día que ambos, Piantanida y Closas fueron ascendidos”. “Resulta cuanto menos llamativo que con ese cargo Piantanida intervino en la contratación de ASAD, en el ascenso de Pedemonte y en el nombramiento de Silva; y con el cargo anterior en el ascenso de Romero”, detalló Marijuan, según pudo saber Infobae.