Espionaje a jueces: en el teléfono de un ex sargento de la Federal aparecieron más datos y el contacto del diputado Tailhade

A días de las elecciones presidenciales, un informe parcial sobre equipos de teléfonos y computadoras del ex policía detenido Ariel Zanchetta comprometió aún más al principal sospechoso por espiar a jueces: el peritaje reveló que en sus dispositivos guardaba mucha más información de magistrados, incluso datos migratorios y registros de visitas de miembros de la Corte Suprema a la Casa Rosada. Un dato prendió alertas en tribunales: entre sus contactos figuraba el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, integrante del Consejo de la Magistratura y uno de los impulsores del juicio político contra la Corte Suprema de Justicia.

Según revelaron a Infobae fuentes judiciales, la información se desprende de un análisis preliminar elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) que fue presentado en los últimos días ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de la megacausa que investiga el espionaje a magistrados y funcionarios de la Corte Suprema y de los tribunales de Comodoro Py 2002.

El ex sargento de la Policía Federal Ariel Pedro Zanchetta es un misterioso personaje que fue detenido en Junín a fines de junio, en el marco de esta megacausa que sigue el mundo judicial. Infobae accedió en exclusiva al reporte sobre una computadora portátil, dos celulares y siete dispositivos DVD con la extracción de los datos informáticos sobre correos electrónicos, sitios webs y redes sociales de Zanchetta.

Las preguntas en tribunales siguen siendo las mismas: ¿por qué manejaba esa información? ¿para quién trabajaba? ¿quien le encargó estas tareas? Con el análisis de la totalidad de la información, confían en encontrar la respuesta. “Los papeles dicen que Zanchetta no fue un agente de inteligencia formal, pero se movía como tal”, dijo a Infobae una fuente de la investigación.

Lo que muestran hasta ahora los equipos de Zanchetta es una devoción por recolectar información: aparecen “informes de inteligencia sobre funcionarios públicos, políticos, empresarios y dirigentes”. El foco de esta causa, por el momento, es analizar el espionaje a miembros del Poder Judicial.

Un detalle que llamó la atención de los investigadores es que Zanchetta tenía guardado un archivo con los movimientos migratorios del juez de la Corte Carlos Rosenkrantz entre 1999 y 2013. Rosenkrantz recién se convirtió en juez del máximo tribunal en 2016. El material no estaba a simple vista: apareció en la carpeta de borradores del correo. Venía de un mail llamado “direcciónsecreta999″.

En ese equipo también aparece un archivo llamado libro de visitas que da cuenta de la presencia de Rosenkrantz y su colega Ricardo Lorenzetti en la Casa Rosada, tanto en la entrada de Balcarce como en dos accesos de la calle Rivadavia, y que Zanchetta se encargó de guardar, detalló el documento.

Al ex policía le detectaron otros dos archivos: uno de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, y otro de sus colegas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Ricardo Bustos Fierro. Son jueces que fueron espiados desde las bases de SudamericanaData en las que el acusado buceó.

En otro raid de búsqueda, Zanchetta guardaba archivos sobre perfiles personales de un grupo de funcionarios judiciales: situación laboral, fiscal y económica, con datos sobre sus domicilios, mapas, fotos, contiendas judiciales, vehículos o números de teléfonos. Hay anotaciones sobre su vida personal.

La lista de esos objetivos fueron: el juez Sebastián Casanello, el ex juez Ricardo Canicoba Corral, el ex fiscal de Lomas de Zamora Enrique Ferrari, el fiscal Carlos Stornelli y su ex esposa, madre de sus hijos; y el ex fiscal de Mercedes Juan Bidone, que investigó el triple crimen de General Rodríguez y terminó condenado por extorsión por su vinculación con el falso abogado Marcelo D’Alessio, entre otros.

Hay además 20 documentos con extractos de captura de chats, presentaciones judiciales y noticias periodísticas sobre más funcionarios judiciales: el ministro de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda, el procurador interino Eduardo Casal, los jueces de Comodoro Py Martín Irurzun, Ariel Lijo, Julián Ercolini, María Eugenia Capuchetti, Sebastián Ramos, Martínez De Giorgi, Mariano Llorens, Bruglia, Bertuzzi, y los fiscales Stornelli, Eduardo Taiano y Franco Picardi. También figura la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, ex pareja del fiscal Alberto Nisman; y la ex fiscal Viviana Fein, que investigó aquella muerte inicialmente. A la lista se suman el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena y “Ramos Padilla”, sin aclarar si es el juez federal de La Plata o su padre, juez de un tribunal oral. Aparecen también el ex juez Eduardo Freiler y el ex fiscal general de San Isidro Julio Novo, y AJUFE, la asociación de jueces federales, entre otros.

En los equipos también había un centenar de archivos con resoluciones judiciales y la nómina del personal del Poder Judicial de la Nación, que data de julio de 2021, con información de empleados del Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura.

En el celular Samsung que se le secuestró había agendados 5.793 contactos, casi 1400 fotos, 266 audios, 68 videos y cinco documentos. En su red de contactos aparecen miembros de las fuerzas de seguridad, cuatro contactos agendados como AFIP, tres números relacionados al Poder Judicial, más de una decena de periodistas y dos contactos del sector político: “diputado Assef Alberto; diputado Rodolfo Tailhade”.

Se trata de solo un anticipo del análisis completo de todo el material informático secuestrado, revelaron a Infobae fuentes judiciales. Hay expectativa por lo que aún pueda aparecer. Hasta los últimos días, la causa estuvo bajo secreto de sumario.

Todo sucede en la causa que investiga el espionaje a jueces de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales Comodoro Py, un expediente que despierta cada vez más interrogantes. El expediente consta de varias ramas. Por un lado, aparece la denuncia de los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos y de los integrantes del tribunal que condenó a Cristina Kirchner Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que reportaron que hace un año, en un mismo período, habían hackeado sus celulares y accedido a sus correos y aplicaciones.

Por otro lado, a fines de marzo, el presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti denunció que habían creado al menos cuatro líneas telefónicas a su nombre. Siguiendo el hilo de esos números se logró determinar que habían hecho lo mismo con su colega Rosenkrantz, la jueza de Posadas Verónica Skanatta y hasta el gobernador de Misiones Alberto Herrera Ahuad. La investigación también detectó una línea a nombre de Lorenzetti.

Misiones se convirtió en epicentro de las sospechas. Allí fue detenido el joven misionero Ezequiel Nuñez Piñheiro que ya estaba investigado por hackear el celular del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, y del diputado del PRO y precandidato a gobernador bonaerense Diego Santilli. Fue él quien consiguió los datos para entrar a los celulares de cuatro jueces. El joven hacker jura que no fue él quien ingresó a esos teléfonos sino un fantasmal usuario de Telegram llamado “ElJuanxd” para cambiar tarjetas SIM, que le pagó entre 12 y 15 mil pesos por objetivo en billeteras virtuales y que después se esfumó.

El misterio principal para los investigadores está puesto sobre la figura de Zanchetta, quien solo en 2022 hizo 2157 pedidos de informes personales de jueces, políticos de distintos partidos políticos, ministros y jueces de la Corte Suprema. Quedó en foco porque el mismo día que buscó los datos del juez Borinsky, al magistrado le hackearon el teléfono. Entre esa lista de los buscados por Zanchetta estaban los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, los miembros de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, el entonces juez de Córdoba Ricardo Bustos Fierro, el juez de La Plata Ernesto Kreplak y del director de la vocalía de Rosatti, Silvio Robles.

Su interés no se limitó al mundo judicial: Desde Cristina Kirchner a Mauricio Macri, pasando por Axel Kicillof y la novia de Horacio Rodríguez Larreta, Zanchetta buscó información sobre personalidades públicas: el nombre de la actriz Thelma Fardín se mezcla con la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa. En esa lista también están Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó matar a Cristina Kirchner y su novia Brenda Uliarte. La búsqueda de los datos de Sabag Montiel se hizo el 1 de septiembre de 2022, el mismo día del atentado. También reunió información sobre el jefe de la custodia de CFK, Diego Carbone o la ex participante de Gran Hermano la ex diputada del Frente de Todos Romina Uhrig.

Cuando le tocó declarar en indagatoria, Zanchetta dijo que era periodista, aunque no aparecían notas firmadas a su nombre. Explicó que usaba seudónimos o que pasaba la información a responsables de medios. Sobre la avidez por los datos de los jueces, se justificó diciendo que era para una nota sobre sus declaraciones juradas. Ni el fiscal Pollicita, ni el juez Martínez De Giorgi ni la Cámara Federal le creyeron y decidieron dejarlo preso. La orden es saber qué se movió detrás de esto.