Hay 74 postulantes para integrar el tribunal oral que debe juzgar a CFK por los “cuadernos de la corrupción”

Unos 74 postulantes comenzaron a competir para integrar el tribunal oral de la causa por los llamados “cuadernos de la corrupción”, en el que la principal acusada es la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, junto a funcionarios de su gobierno y los empresarios más importantes del país. Esa es la cantidad de personas que hace una semana y media se presentaron a rendir el examen escrito del concurso, en el que hubo polémica.

Se trata del concurso 479 del Consejo de la Magistratura de la Nación para cubrir una vacante en el Tribunal Oral Federal 7 de Capital Federal. Es el lugar que hoy tiene Germán Castelli, juez trasladado durante el gobierno de Mauricio Macri y fue objetado durante la administración de Alberto Fernández. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que el traslado no es definitivo y que Castelli se mantiene en el cargo hasta tanto el lugar se ocupe por el sistema que establece la Constitución Nacional de concurso público. Lo mismo había resuelto para los casos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal.

Así, el Consejo abrió el concurso. Castelli no se inscribió porque lo judicializó en los tribunales argentinos por una denuncia penal de falsedad ideológica en la conformación de los jurados y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Primero se anotaron 181 personas. Luego se extendió el plazo y el número final fue 210. Confirmaron que irían al examen 135 y finalmente se presentaron 74.

Fue el 4 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Pero el examen fue con polémica. El tema a tomar se sortea entre cuatro sobres y los postulantes deben resolverlo como si fuesen jueces del cargo al que se postulan, en este caso como magistrados de un tribunal oral por lo que deben decidir si condenan o absuelven. Los exámenes los elaboran los jurados sorteados y son también quiénes los corriges. Para este concurso son Franco Fiumara, Ramón Porfirio Acuña, Gabriel De Pascale y María Isolina Dabove, quienes estuvieron presentes en el examen vía Zoom.

El caso que salió elegido se trataba de un hombre y de una mujer que iban a un hotel alojamiento que estaba ubicado sobre una ruta de la provincia de Catamarca. En la pieza del hotel estaba el esposo de la mujer y entre los dos le robaron al hombre, lo golpearon y lo mataron.

Pero los concursantes se quejaron. Le señalaron al jurado que el caso no era de material federal –sino provincial- y ocurrió en Catamarca, cuando ellos concursan para la ciudad de Buenos Aires y para un tribunal de delitos federales.

“Se hizo un silencio absoluto”, le contó a Infobae una de las personas que participó del examen. Hasta que uno de los jurados reconoció el error, lo que generó la risa de los concursantes. Ante esa situación quien intervino fue la secretaria de la Comisión de Selección, Ingrid Jorgensen. Planteó que el jurado podía hacer las correcciones en el examen para adecuarlo o sortear otro de los temas. Pero solo el jurado ya que el Consejo no tenía facultades para eso. También estaban Fernanda Vázquez, presidenta de Selección, y los consejeros Agustina Díaz Cordero y Hugo Galderisi. El jurado deliberó y decidió hacer el sorteo. Pero el nuevo tema también generó controversia.

Se trataba de una mujer y un hombre discapacitado que llevaban droga en un auto y fueron descubiertos en un control de las fuerzas de seguridad. La fiscalía había pedido que los dos fueran condenados y las defensas la absolución. Los postulantes debían dictar el veredicto.

Pero los concursantes señalaron que el caso estaba incompleto: no decía cuántos años de prisión había pedido la fiscalía, lo que claramente no ocurre en un juicio real. Ante la sorpresa, el jurado decidió rectificar el examen y poner que el pedido era de cinco años. Pero otro concursante levantó la mano y dijo que el delito de tráfico de estupefacientes no solo tiene pena de prisión, sino que la ley fija una multa. Pero que en el examen no había pedido de multa. El jurado les contestó: “resuelvan”.

El examen duró ocho horas y la situación generó bronca entre los concursantes. “Los mismos jurados que no saben hacer el examen son los que nos van a poner la nota”, le dijo uno de ellos a este medio.

“Puede suceder que los exámenes tengan errores que se subsanen en el momento. Pasa porque los jurados no tienen la cotidianidad del trabajo de los jueces porque muchos son académicos”, le dijo a Infobae un integrante del Consejo.

Entre quienes se presentaron a dar la prueba están Gonzalo Rúa, juez penal de la ciudad de Buenos Aires y que ya participó en otros concursos para Comodoro Py (está primero en una de las ternas para los juzgados de primera instancia 6 y 11 y en la lista complementaria para la Cámara Federal); Jimena Mosalve, jueza de Ejecución Penal y que conoce Comodoro Py porque fue secretaria de la Cámara Federal de Casación Penal; los fiscales federales de primera instancia de Mar del Plata Laura Mazzaferri y Nicolás Czizik; y el fiscal de instrucción Leonel Gómez Barbella, quien fue fiscal subrogante en Comodoro Py y en La Pampa.

Lo que más concursaron son secretarios que buscan llegar a jueces. Entre ellos varios de Comodoro Py como Tomas Cisneros, del Tribunal Oral Federal 2 que fue quien llevó el juicio oral por la obra pública contra Cristina Kirchner en el que el año pasado fue condenada; Mariano Cartolano, en la Sala I de la Cámara Federal que revisa las investigaciones, y Carina Jaime, secretaria de la Fiscalía Federal 12. También Jorge Ignacio Rodríguez Berdier, secretario del Tribunal Oral Federal de La Pampa y presidente de la Comisión de Funcionarios de la Asociación de Magistrados, y Mariana Tellechea, secretaria de la Cámara Federal de Casación Penal.

El examen es el primer paso de un concurso. Luego vendrá el análisis de los antecedentes de los postulantes y una entrevista personal. Con todo eso, el Consejo elabora un orden de mérito con los mejores puntajes y aprueba una terna que envía al Poder Ejecutivo. Allí se elige a uno de los candidatos y envíe su nombre al Senado para su aprobación. Todo el proceso puede llevar años.

El lugar en el TOF 7 no es el único que está concursado de tribunales orales de Comodoro Py. Hay otros seis cargos vacantes en esa instancia que se tramitan en el concurso 389 que desde febrero del 2022 está terminado y en condiciones de aprobarse en el pleno del Consejo. Pero eso no ocurre por las diferencias políticas entre oficialismo y oposición que se acentúan por el contexto electoral. A eso se suman las vacantes en primera instancia y en la Cámara Federal de Py. Todo quedará para el año que viene con la llegada del nuevo gobierno nacional.

El TOF tiene hoy un expediente clave para la política el mundo empresarial. Es la causa por los cuadernos del chofer del Ministerio de Planificación Federal Oscar Centeno que anotó como empresarios le pagaban a funcionarios públicos. El caso tuvo 30 arrepentidos que confirmaron los dichos, aunque el texto en parte esté objetado porque se confirmó que fue adulterado por Jorge Bacigalupo, amigo de Centeno y quien entregó los cuadernos, que los reescribió con información falsa sobre el empresario Armando Loson.

El caso -son varias causas acumuladas- tiene más de 100 imputados y el tribunal avanzó en lo que se conoce como la etapa de prueba en el que partes tienen que pedir cuáles son los elementos que quieren que se analicen en el proceso, entre ellos los testigos. Luego de eso quedará en condiciones de fijar la fecha de juicio.

Los otros dos jueces del TOF son Enrique Méndez Signori y Fernando Canero que llegaron por concurso público. A ellos se les sumará uno de los 74 postulantes para completar el tribunal.