
El fiscal federal Ricardo Toranzos advirtió que “hay una percepción de que posiblemente la Argentina sea el teatro de operaciones de organizaciones criminales para cometer delitos para obtener ventaja económica y que eso luego pueda ser destinado para el financiamiento de grupos terroristas”.
Toranzos está a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta y es presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN). Esta semana el fiscal federal fue uno de los expositores en el curso especial de posgrado “Terrorismo y Radicalización de la Violencia en el Cono Sur”. El ciclo es organizado por el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la Universidad de Buenos Aires (CESH/UBA); con el apoyo institucional de la Fundación de Investigación en Inteligencia Financiera (FININT) y de TAEDA; y el auspicio de infobae.
Al término de la conferencia, Infobae dialogó con el fiscal federal Ricardo Toranzos.
— Ud. está en una “zona caliente” en materia de narcotráfico ¿cómo es la situación respecto de actividades terroristas?
— En la clase mencioné cuáles son las alertas que la comunidad internacional establece sobre la situación de un posible acto terrorista. Una de las primeras alertas que se plantean es en el incremento del crimen organizado. Las acciones terroristas tienen una directa vinculación con el crimen organizado por dos motivos: porque tratan de darle protección o de obtener los beneficios económicos. El crimen organizado normalmente tiene un alto nivel de recaudación o de poder económico.
Otra de las alertas es la presencia de un alto nivel de informalidad financiera. Donde se producen los actos terroristas hay como una economía paralela. Y existe un descontento social por el aumento de la pobreza y la desigualdad.
Si uno ve todas esas alertas y las lleva a la frontera con Bolivia se da cuenta de que cumple todos los requisitos con la presencia del narcotráfico. Ellos son productores de cocaína, más allá de Colombia y Perú, y buscan canales para transportar el estupefaciente a grandes urbes. Tienen un enorme poder económico.

— ¿A qué se destina parte de esa gran cantidad de recursos económicos?
— Ese poder económico que tienen estas organizaciones se invierte mucho en corrupción. Tienen un importante poder de corrupción, que es otra de las alertas que plantea la comunidad internacional. Nosotros hemos tenido jueces, fiscales, políticos, funcionarios, policías, fuerzas de seguridad, corrompidas o contaminadas por este dinero. Eso le da la pauta de que nosotros estamos en un ámbito de alertas con una zona fronteriza muy porosa difícil de controlar por su geografía selvática cercana a un lugar donde el dinero trata de ser reconvertido como es la Triple Frontera.
— ¿Esta situación hace que la región sea más vulnerable al terrorismo?
— A estas alertas hay que sumarle una vulnerabilidad de los países que está dada en una baja percepción de amenaza terrorista. En esta región si bien se ve el avance del crimen organizado y la proliferación o aumento de cocaína en tránsito y de dinero circulando no existe una hipótesis de amenaza terrorista. Concretamente no tenemos como hipótesis en el trabajo de prevención o en el trabajo de recolección de información sobre esta situación.
Si a eso le agrega que hace dos meses incomodó a toda la región el acuerdo de Bolivia con Irán sobre la posibilidad de recibir aportes cibernéticos o de seguridad, o elementos telemáticos para controlar las fronteras y controlar el narcotráfico, uno realmente empieza a ver que -haciendo un checklist de todo lo que plantea la comunidad internacional- que podríamos tener, no se si un peligro concreto de actos terroristas pero sí un cuadro de operaciones donde estas organizaciones recaudan dinero para su financiamiento.
— ¿Qué se ha hecho desde el Ministerio Público Fiscal para combatir estas amenazas?
— La Procuración ha creado una secretaría -yo también lo conté en el curso- de análisis integral de terrorismo que trata de colaborar con los fiscales federales de cada región. En eso se hace una bajada de capacitación para estos momentos, pero lo cierto es que más allá de que se produzca o haya riesgo de actos terroristas sí hay una percepción de que posiblemente la Argentina sea el teatro de operaciones de organizaciones criminales para cometer delitos para obtener ventaja económica y que eso luego pueda ser desviado con distintos fines más allá de un poder corruptor también es un financiamiento de grupos terroristas en otra situación global.

A raíz de la temática abordada en este curso especial de posgrado y con relación al ataque sufrido por Israel este fin de semana, Infobae consultó al Director del CESH/UBA, Juan Félix Marteau quien afirmó que se impone la máxima represalia a la organización terrorista Hamas y sus fanáticos seguidores. Y agregó que el gobierno argentino debe manifestar sin ambigüedades su apoyo incondicional al Primer Ministro Benjamín Netanyahu y al pueblo israelí para restablecer el orden y la paz de las sociedades libres en Medio Oriente.
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