Pidieron la recusación de la jueza a cargo de la investigación sobre el CEO de la fintech Wenance

Dos querellantes en el caso penal contra Alejandro Muszak, el CEO de la fintech Wenance, recusaron a la jueza de Instrucción Paula González quien tiene a cargo la investigación en la que el financista fue indagado, imputado de varios delitos, entre ellos los de estafa y usura.

Wenance es una entidad financiera especializada en proporcionar préstamos y financiamiento para la adquisición de electrodomésticos y motos, dirigidos principalmente a segmentos de la población que no cumplen con los criterios de crédito bancario tradicional, debido a su perfil de riesgo elevado. Estos préstamos se otorgan de forma ágil y con requisitos mínimos, lo que resulta en tasas de interés más altas en comparación con las instituciones bancarias convencionales.

Según la investigación que tuvo a su cargo la fiscal Mónica Cuñarro, se determinó que las empresas asociadas a Wenance- que operan bajo diferentes nombres-promocionan sus servicios a través de publicidad en redes sociales y otros medios. Para recuperar los montos prestados, la empresa realizaba débitos automáticos de las cuentas bancarias de sus clientes. En algunos casos, estos débitos continuaron incluso después de que la deuda original fuera liquidada, hecho que afectó significativamente las finanzas de ciertos clientes.

Debido a estas prácticas, se acusa en la causa a Muszak y otros imputados de estafa y usura. Además de Muszak también fueron indagados Santiago Hardie y Paola Vallone y Gustavo Molas. La fiscal Cuñarro ha dictaminado que estas personas forman parte de una organización criminal con el propósito de cometer delitos patrimoniales de manera sistemática, incluyendo fraudes con datos personales.

En la causa que tiene la jueza González -en tanto subrogante de un juzgado vacante- se agrupan dos tipos de damnificados. Por un lado, están los estafados que habían pedido préstamos a las firmas asociadas a Wenance y les cobraron intereses usurarios y les retiraron más dinero del pactado. Y por el otro están aquellas personas que invirtieron dinero en fideicomisos de Wenance con la promesa de recibir intereses por parte de la fintech, pero no los obtuvieron.

Dos de esos últimos querellantes son Milton Kees y Andrés Leonelli, quienes presentaron una recusación de la jueza González por varios motivos. El principal motivo por el cual solicitaron que González deje el expediente es que la jueza decidió reasumir la investigación y le quitó el control de la pesquisa a Cuñarro que tenía a su cargo la causa desde hace años.

En los argumentos de la recusación los querellantes señalaron que: “…fue justamente la Fiscalía quien durante más de cinco años ha llevado adelante la política criminal para la investigación de una maniobra delictiva que, a la luz de los acontecimientos actuales, podría ser sólo el inicio de una de las defraudaciones de mayor magnitud y entidad de los últimos tiempos. Y ahora, cuando la imputación comienza a dimensionarse en su justa medida a partir de las miles de denuncias radicadas a lo largo y a lo ancho del país, V.S. bajo la simple excusa de “disentir” con la línea investigativa de la Fiscalía reasume la investigación sin siquiera proveer las diferentes medidas probatorias requeridas por los acusadores público y privados”.

Al pedir que González se aparte del caso, los querellantes señalaron que: “No pasó desapercibido que la Fiscalía viene solicitando diversas medidas y/o temperamentos que derivaron en “prontos despachos” e incluso en la interposición de una queja por retardo de justicia ante la inactividad del Tribunal. Ello, pone de relieve que no solo el Juzgado “disiente” con la Fiscalía, sino que el Ministerio Público tampoco está de acuerdo con la línea de investigación que pretende imprimir V.S. En el medio de esta disputa nos encontramos los justiciables, pero deja al descubierto que la judicatura pretende -abiertamente- arrogarse la excitación de la acción pública sobre la base un ‘desacuerdo’ en relación a la materia y a los objetivos de la investigación”.

Los querellantes solicitaron también que: “…se ponga a disposición de las partes los elementos probatorios secuestrados en los diversos allanamientos realizados en una causa conexa y acumulada a la presente, con la finalidad de solicitar diversas medidas periciales indispensables y urgentes en este estado de la investigación. Nada de ello ha sido proveído”. La causa iniciada en un juzgado de Tierra del Fuego y que derivó en múltiples allanamientos en los que se recolectó información, se ha sumado al expediente que ahora maneja González. Los querellantes piden que se vuelque al expediente la información obtenida en los procedimientos realizados en agosto pasado.

Los querellantes que pidieron que se aparte la jueza González también señalaron como motivo de la recusación el hecho de que la magistrada citó como testigo a Martín Abacens, a quienes los denunciantes consideran como uno de los imputados en la maniobra defraudatoria con el dinero invertido en los fideicomisos. Los querellantes no solo solicitaron que la jueza sea apartada del caso sino también la nulidad de la decisión por la cual reasumió la investigación en reemplazo de la fiscalía y por la que citó a declarar como testigo a Abacens.

Muszak la solicitó y González le concedió la exención de prisión. La fiscal Cuñarro se opuso a esta decisión, con el argumento del potencial riesgo de fuga de Muszak y de la posibilidad de interferencia en la investigación, ya que Wenance continúa en operaciones. A esa decisión no solo se opuso la fiscal Cuñarro sino también varios querellantes afectados por la operatoria de Wenance. Es la Cámara del Crimen la que deberá resolver la apelación presentada contra la exención de prisión obtenida por Muszak.