Una consejera y los abogados porteños sostienen que Figueroa ya no es más jueza y piden que se apure el concurso vacante

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y el Colegio de Abogados de la calle Montevideo reclamaron este viernes que se abra el concurso por la vacante de Ana María Figueroa en la Cámara Federal de Casación, 24 horas después de que el oficialismo en el Senado aprobara el pliego de Figueroa para que continúe en su cargo como jueza cinco años más, pese a que el 9 de agosto cumplió los 75 años y cuando la Corte Suprema en pleno ya dejó establecido que su cargo como magistrada cesó ese día. La consejera Jimena de la Torre, una de las representantes de ese estamento, pidió formalmente a su par y abogada María Fernanda Vázquez, presidente de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, que proceda a dar ese paso.

“De mi mayor consideración, en mi carácter de representante de la abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Nación, me dirijo a Ud. a fin de solicitarle, en atención a los argumentos expuestos en la nota que le ha sido remitida por esta Vocalía con fecha 9 de agosto del corriente año, así como de las notas que me fueron expedidas en el día de la fecha por el Colegio Público de Abogados de Capital Federal y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, las cuales se acompañan como Anexos a la presente, que se arbitren los medios necesarios para cubrir la vacante judicial generada, y por consiguiente, se convoque a concurso público para cubrir la magistratura de la Cámara de Casación Penal en cuestión”, escribió.

Por un lado, el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, insistió hoy en que el Consejo de la Magistratura de la Nación abra rápidamente el concurso público para cubrir la vacante de Ana María Figueroa en la Cámara Federal de Casación Penal. Fue así que envió una nota personal a los cuatro consejeros que representan a los estamentos de los abogados.

“En nuestro sistema institucional, la Corte Suprema tiene la última palabra en materia de interpretación de la norma constitucional”, sostuvo el abogado, que fue juez en el juicio a las Juntas y ministro de Justicia en la misiva ingresada hoy, dirigida a los abogados Miguel Piedecasas, Héctor Recalde, y las abogadas Jimena de la Torre y Fernanda Vázquez.

“Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en su carácter de Consejero representante del estamento de la abogacía, con el objeto de solicitarle nuevamente que promueva la apertura del concurso público de oposición y antecedentes para cubrir la vacante de juez/a de la Cámara de Casación Federal que dejó la Dra. Ana María Figueroa. Como es de público conocimiento la mencionada Dra. Figueroa cesó en su condición de jueza el 9 de agosto pasado cuando cumplió la edad de 75 años, sin haber recibido un nuevo acuerdo del Senado de la Nación ( art. 99 inciso 4 de la Constitución Nacional). Esta aplicación automática de la norma por la sola circunstancia de haber llegado a la edad establecida sin acuerdo previo del Senado, fue decidida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su resolución 2338/2023 de fecha 6 de septiembre del corriente año”, dijo.

“El acuerdo tardío que concedió el Senado de la Nación cuando la Dra. Figueroa ya no estaba en posesión de su cargo, amenaza con desatar una innecesaria crisis institucional respecto de la interpretación de la citada cláusula constitucional, que menoscaba el estado de derecho y el adecuado servicio de justicia. En nuestro ordenamiento constitucional es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su condición de cabeza del Poder Judicial, la encargada de establecer la interpretación final que cabe otorgar a las normas constitucionales. Es la última palabra en ese sentido”, resaltó.

Según subrayó, “por el necesario respeto que debe observarse con relación a las decisiones de nuestro máximo tribunal, y teniendo en cuenta que la Corte Suprema ya estableció el alcance que cabe otorgar a la norma del 99 inciso 4 de la Constitución, corresponde profundizar el rumbo decidido por la Corte para conjurar en mayor medida posible daños institucionales”.

Y por ello añadió: “Me permito volver a solicitarle a Usted que procure los mejores modos para posibilitar que el Consejo de la Magistratura de la Nación abra rápidamente el concurso público para cubrir la vacante de la Dra. Ana María Figueroa en la Cámara Federa de Casación Penal. Asimismo le reitero la solicitud para que al momento de abrir el procedimiento arriba referido se arbitren los medios necesarios a fin de que se garantice el acceso igualitario y la igualdad de trato para todos los abogados y abogadas de la matrícula, en los términos de lo establecido por el artículo 7°, incisos 2 y 5, de la Ley 24.937″.

Por su parto, Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, también envió misivas en el mismo sentido: “A fin de solicitarle tenga a bien instar, por la vía que corresponda, la apertura del concurso público de oposición y antecedentes para cubrir el cargo de juez o jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, vacante a partir de la cesación de la Dra. Ana María Figueroa en tal calidad, por haber llegado a la edad prevista en el artículo 99, inc. 4 de la Constitución Nacional”.

Y añadió: “como es público y notorio, el pasado 6 de septiembre, por consulta de la Cámara Federal de Casación Penal, la Corte Suprema se pronunció en el expediente 5084/2023 en el sentido que “la Dra. Figueroa ha perdido la investidura judicial el 9 de agosto pasado, día en que cumplió setenta y cinco (75) años de edad sin haber obtenido un nuevo nombramiento con el correspondiente acuerdo del Senado”.

“En virtud de lo expuesto, el acuerdo senatorial obtenido en el día de ayer es de ningún valor no sólo porque se opone al artículo constitucional mencionado más arriba sino porque, también, contradice lo decidido por la Corte Suprema, en su carácter de intérprete último de la Constitución Nacional, resolución consentida que ha pasado en autoridad de cosa juzgada”, sostuvo. Y también reclamó “que al momento de abrir el procedimiento arriba referido se arbitren los medios necesarios a fin de que se garantice el acceso igualitario y la igualdad de trato para todos los abogados y abogadas de la matrícula”.

Tal como detalló hoy Infobae, el Consejo de la Magistratura se reunirá el próximo miércoles y se descuenta que allí se analizará la situación de Figueroa.