Jimmy Gurulé, ex subsecretario del Tesoro de EEUU: “Dejar sin fondos a los terroristas es esencial para salvar vidas”

El ex Subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, Jimmy Gurulé afirmó que “dejar sin fondos a los terroristas en todo el mundo es esencial para poder prevenir ataques terroristas y salvar vidas inocentes” al disertar en el curso especial de posgrado “Terrorismo y Radicalización de la Violencia en el Cono Sur”. El ciclo de conferencias cuenta con el apoyo del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la Universidad de Buenos Aires (CESH/UBA); con el apoyo institucional de la Fundación de Investigación en Inteligencia Financiera (FININT) y de TAEDA; y el auspicio de Infobae.

Gurulé explicó que es importante perseguir el financiamiento del terrorismo porque es el flujo sanguíneo de las organizaciones terroristas. Debe ser un componente clave de cualquier estrategia exitosa para luchar contra la amenaza del terrorismo. En ese sentido indicó que es necesario interrumpir sus acciones de corto plazo y socavar sus capacidades a largo plazo. Dejar sin fondos a los terroristas en todo el mundo es esencial para poder prevenir ataques terroristas y salvar vidas de inocentes. “Luchar contra el financiamiento del terrorismo es una estrategia de prevención”, señaló.

Las organizaciones terroristas necesitan dinero para planificar y ejecutar sus atentados, ese es el costo operativo. Y por otro lado, también requieren fondos para mantener la infraestructura del grupo, son los costos organizativos necesarios para reclutar, capacitar, tener vehículos, armas, explosivos y para desarrollar y distribuir la propaganda con la finalidad de que se unan más miembros a la organización. Gurulé mencionó como ejemplo a Hamas que tiene activos por un valor de más de 500 millones de dólares y cuenta con una oficina de inversiones que se encarga de administrar todo este dinero. Estos fondos están distribuidos en empresas que operan en Sudán, Turquía, Arabia Saudita, Argelia y los Emiratos Árabes Unidos.

El experto estadounidense explicó que perseguir el dinero sirve también como herramienta de investigación sumamente importante para las fuerzas de seguridad y las agencias de inteligencia a fin de poder identificar células que no sean conocidas. Esto puede forzar a los miembros de las organizaciones a utilizar medios más costosos y menos eficaces para transferir ese dinero. Una vez descubiertas esas redes la organización terrorista se ve obligada a utilizar métodos más riesgosos para mover el dinero en todo el mundo.

Jimmy Gurulé se refirió a tres importantes leyes sancionadas en los Estados Unidos para combatir la financiación del terrorismo.

Una de ellas es la ley federal de apoyo sustancial a organizaciones terroristas extranjeras que hayan sido designadas como tal. Esta norma castiga a quien sabiendo que se trata de una organización terrorista designada le brinda recursos o apoyo material. Esto incluye bienes, servicios, dinero, servicios financieros, capacitación, alojamiento, asesoramiento o asistencia experta, documentación falsa, identificación falsa, equipamiento de comunicación, instalaciones, armas, explosivos, personal, transporte. El concepto es muy amplio y la violación a esta ley puede ser castigada con 20 años de prisión.

La segunda ley es la que hace referencia al financiamiento del terrorismo y lo tipifica como un delito. Prohíbe la recaudación y donación de fondos sabiendo que éstos van a ser destinados a financiar actos terroristas aunque el dinero no se haya enviado a una Organización Terrorista Extranjera designada (FTO por su sigla en inglés).

La tercera es la ley de poderes económicos de emergencia internacional (IEEPA). Esta norma concede al presidente de los Estados Unidos la autoridad de imponer sanciones económicas en respuesta a emergencias o amenazas en tiempos de paz y el origen de esa emergencia debe ser internacional, es decir fuera del territorio estadounidense. Tiene que ser una amenaza a la seguridad nacional, la política exterior o la economía del país. Incluye el congelamiento de bienes en los Estados Unidos y la prohibición de las transacciones financieras con personas y entidades específicas dentro del territorio estadounidense. No sólo es una sanción económica sino que trae aparejada una responsabilidad penal. La condena puede superar los 20 años de prisión.

Jimmy Gurulé asumió el cargo de Subsecretario del Departamento del Tesoro unas semanas antes del ataque terrorista del 11 de septiembre y participó activamente en la implementación de esta ley.

El Coordinador del CESH/UBA, Sebastián Martinenco, en diálogo con Infobae, destacó que sin perjuicio de que Estados Unidos ha desarrollado un marco normativo comprensivo y robusto para prevenir y criminalizar el financiamiento del terrorismo, los resultados de su aplicación han mostrado que el mismo no ha sido utilizado para combatir eficazmente a los grandes financistas del terrorismo, sino que por el contrario, se ha centrado en casos de poca relevancia, evidenciando problemas serios en las prioridades que deben establecerse en la utilización de estas herramientas legales para combatir y disuadir eficazmente la financiación de los grupos terroristas.

Sin perjuicio de ello, señaló que la aplicación de Programas de Sanciones Financieras Dirigidas (Targeted Financial Sanctions) ha resultado ser una de las herramientas más exitosas en el combate del terrorismo y otros delitos graves atacando sus canales financieros y económicos, lo que debería ser observado por los países de la región del Cono Sur para avanzar en el diseño e implementación de este tipo de herramientas legales hoy ausentes dentro de sus marcos regulatorios.

Luego disertó Javier Martínez Sanchiz quien fue durante varios años asesor legal de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En el comienzo de su exposición destacó que el hecho de que el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la Universidad de Buenos Aires (CESH) forme parte de la Red Global de Investigación del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. “Esto es importante, es un caso único, es el único centro de la región y de habla hispana. El hecho de que se haya podido incluir dentro de esa red que colabora con el Consejo de Seguridad habla y muy bien de la labor que está desarrollando”, dijo Martínez Sanchiz y agregó “el que quiera profundizar en estos temas va a encontrar un medio magnífico para poder hacerlo desde el centro de estudios.”

El experto alertó sobre el relativismo de la sociedad en la que vivimos, que no nos importa nada que no nos afecte directamente. “Es un tema muy complicado cuando se habla de terrorismo”, advirtió. Martínez Sanchiz señaló que se habla mucho desde el punto de vista conceptual pero se olvida una cosa básica que son las víctimas. “Cuando hablamos de víctimas hablamos también de su memoria, de su honor, de la dignidad y de la Justicia, que son principios básicos que exigen ellas.”

También cuestionó la tergiversación que se hace del relato histórico en todos los países del mundo. Sobre ese punto afirmó que “no hay un grupo terrorista que no se presente como un movimiento de liberación es algo que se necesita combatir.”

Martínez Sanchiz destacó la importancia de la sanción de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sólo 17 días después del ataque terrorista del 11 de Septiembre de 2001. “Puso negro sobre blanco dos principios fundamentales. Por un lado la necesidad de llevar a la Justicia a los terroristas y en segundo lugar que se impida que haya santuarios donde se puedan refugiar en cualquier país del mundo. Para mí es la Biblia del contraterrorismo mundial”, dijo Martínez Sanchiz.

En diálogo con Infobae, el Director del CESH/UBA y reconocido especialista en delincuencia económica, justicia penal y seguridad, Juan Félix Marteau, remarcó que la tipificación de la provisión de soporte o recursos materiales a una organización terrorista extranjera designada -que fue analizada por el profesor Gurulé y que resulta totalmente extraña en la legislación penal de los países de la región- fue justamente la figura delictiva utilizada para investigar y condenar al responsable del ataque terrorista ocurrido en Manhattan en octubre de 2017 que ocasionó la muerte de Hernán Mendoza y otros 4 argentinos en nombre y reivindicación del Estado Islámico.

Afirmó que todo ello pone en evidencia que resulta necesario que cada país comprenda con mayor precisión la actualidad del fenómeno terrorista y defina las medidas más adecuadas para prevenirlo y reprimirlo. Este cronista que cubrió todo el desarrollo de juicio en Nueva York recuerda que una vez que el juez a cargo del juicio encontró al acusado responsable de cometer el mencionado delito de provisión de soporte material a una organización terrorista extranjera designada fue el jurado popular el que decidió establecer la condena de prisión perpetua en una cárcel de máxima seguridad. En ese proceso la Fiscalía Federal y Juan Félix Marteau, abogado de Ana Evans -viuda de Hernán Mendoza- y sus 3 hijos, habían solicitado la aplicación de la pena de muerte para el terrorista que quería realizar un tributo a ISIS.

Al cerrar la sesión académica, Marteau recordó que la falta de definición normativa del terrorismo en las convenciones internacionales no se debe a una imposibilidad lógica y conceptual , sino a un probado hecho político: la negativa de los países árabes a que las actividades violentas desarrolladas por supuestos “movimientos de liberación nacional” -entre los que se incluye a la OLP y Hamas- sean considerados actos terroristas. “Sobre este repetido equívoco los progresistas garantistas de la región han obstaculizado sistemáticamente la elaboración de legislaciones antiterroristas acordes a su propio orden institucional”, afirmó Marteau.