La causa judicial que tiene en vilo a la política bonaerense, especialmente al Frente de Todos, todavía no se cerró de manera definitiva. El fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, adelantó que apelará el cuestionado fallo de la Cámara de Apelaciones que ayer anuló la investigación sobre Julio Segundo Rigau, alias “Chocolate”, un puntero del PJ que fue detenido en un cajero automático con 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura bonaerense. Varios de los “afectados” ya habían admitido que Rigau manejaba sus sueldos. De hecho, la Justicia tenía elementos suficientes para sospechar que en realidad era un mecanismo de recaudación para las cajas negras de la política. En ese momento, dos camaristas anularon el caso y liberaron al puntero.
Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, Vogliolo ya le hizo saber a sus colegas que apelará el fallo para que intervenga la Cámara de Casación bonaerense. “Tiene 7 días para hacer la reserva y luego 20 días para presentar el recurso de casación”, detalló una fuente de los tribunales platenses. “El recurrente deberá, dentro de los primeros siete días del plazo establecido en este artículo, manifestar ante el órgano que dictó la resolución, su intención de interponer el recurso de casación. La resolución se reputará firme y consentida respecto de quien omitiera esta manifestación”, detalla el artículo 451 del Código Procesal Penal bonaerense.
El plazo para apelar es de 20 días a partir de la notificación del fallo de la Cámara. Sin embargo, el fiscal general apelará antes del plazo legal.
Recién en ese momento, se sorteará la sala de Casación que intervendrá en el caso.
El fallo de la Cámara de Apelaciones sorprendió a más de uno. “Es inaudito lo que hicieron. Con un habeas corpus fueron directamente a la Cámara, cuando lo habitual es que opine la fiscal y el juez de garantías. No se utilizó la vía adecuada”, le dijo a este medio un fiscal que no interviene en el caso. Ese sería uno de los argumentos que utilizaría ahora el fiscal general.
Pero además de liberar a Rigau, la Cámara planteó la nulidad de la detención para voltear toda la investigación. “La actuación del personal policial que requisó sin orden judicial a Julio Rigau no puede ser convalidada, al no quedar comprendida la misma en lo normado por el art. 294 inc. 5 del CPP en tanto su labor no condice con los supuestos allí establecidos específicamente ni menos aún pueden ampararse en el estado de sospecha razonada o causa probable”, sostuvo el camarista Juan Alberto Benavides, al que se sumó Alejandro Villordo.
Para esos dos jueces, la Policía le avisó a la fiscal de turno recién cuando Rigau fue trasladado a la comisaría. Pero además plantearon que se “violó la privacidad” del puntero que recaudaba millones con los sueldos de supuestos empleados de la Legislatura.
En cambio, el juez Fernando Mateos planteó en disidencia que el procedimiento policial fue correcto y alertó sobre la trascendencia social del caso. “En el caso concurren circunstancias previas y concomitantes que razonable y objetivamente permitieron justificar el accionar policial”, sostuvo.
Rigau fue detenido el 9 de septiembre en un cajero ubicado en la calle 54 y la avenida 7, de la ciudad de La Plata, mientras retiraba los sueldos de 48 empleados de la Legislatura bonaerense. En su poder ya tenía $1.260.000.
El arresto se concretó cuando un cliente del Banco de la Provincia de Buenos Aires alertó a la Policía que había una persona que llevaba mucho tiempo parado frente a uno de los cajeros automáticos. Cuando lo requisaron, se dieron cuenta que llevaba dinero, tarjetas, sobres, y varios tickets.
Entre los titulares de las tarjetas había hombres y mujeres de distintas edades, cuyos sueldos rondan los 500 mil pesos. Algunos son vecinos de la zona (La Plata, Tolosa, Berisso y Ensenada) y otros de municipios del Conurbano más lejanos, como Tigre o Hurlingham. A la fiscal la atención que había dos personas con el mismo apellido que Rigau, aunque todavía no se pudo establecer el vínculo familiar.
Los tickets que llevaba Rigau revelaron que venía haciendo extracciones hace varios días, al menos desde el 4 de septiembre, cuando se depositaron los sueldos de la Legislatura.
Cuando fue notificada de la insólita decisión de la Cámara de Apelaciones, la fiscal del caso, Betina Lacki, le estaba tomando declaración testimonial a los titulares de las tarjetas. Varios de ellos ya habían asegurado que le entregaban sus tarjetas de manera voluntaria al puntero del PJ.
La fiscal también tenía previsto avanzar con una orden para abrir el celular de Rigau. “No se llegó a concretar”, dijo una fuente de la investigación. Otra prueba clave era un cuaderno con anotaciones que se secuestró en el domicilio del puntero del PJ.
En el caso también estaba interviniendo el fiscal de Garantías Guillermo Atencio, quien hasta ahora solo había rechazado la excarcelación de Rigau.
Rigau es un histórico puntero vinculado al PJ provincial y hasta fue candidato a concejal suplente, en 2019, en una lista que encabezaba el precandidato a intendente Guillermo Escudero, del Frente de Todos. También se lo vincula a Claudio Albini, que siempre estuvo en el área Legislativa de la Cámara de Diputados bonaerense, y a su hijo, Facundo, actual concejal de La Plata.
Ante el escándalo, todos salieron a desligarse. “Nunca perteneció al Movimiento Octubres y hace más de 4 años que fue separado del PJ después de las PASO del 19 por su pertenencia a otro partido político”, sostuvo Escudero a través de un comunicado.