“Todo tiene que ver con todo”. La frase no solo la usa la vicepresidenta Cristina Kirchner en sus discursos a la hora de relacionar eventos y datos en la Argentina. El que, paradójicamente, la pronunció ante la Cámara Federal fue el espía más famoso de la Argentina, Antonio Stiuso, cuando reclamó profundizar la investigación sobre los dos sujetos, que trabajaban para la provincia de Entre Ríos y que, con una clave de la Agencia Federal de Inteligencia, vigilaron los movimientos migratorios de Stiuso justo a partir del 18 de enero de 2015, cuando todavía no se había encontrado el cadáver de Alberto Nisman con un tiro en la cabeza en el baño de su departamento. 38 veces consultaron los datos del ex jefe de Contrainteligencia, desde ese domingo hasta el 30 de enero siguiente.
Los dos acusados por ese espionaje Pablo Palá y Alexis Lesa se dedican al servicio informático, trabajan para distintas reparticiones públicas de Entre Ríos y al declarar buscaron desvincularse del caso, pero la Cámara Federal, tal como lo adelantó Infobae el jueves, los procesó por violar la ley de inteligencia. Ahora se busca saber quiénes están detrás de ellos y qué vínculo tuvieron con la muerte del titular de la UFI-AMIA. No parece casual que el troyano que se instaló en el celular de Nisman apunte hacia la IP (dirección única que identifica a un dispositivo en Internet) que se usó para espiar a Stiuso y a la ex esposa del fiscal, la jueza Sandra Arroyo Salgado.
La historia del troyano en el celular de Nisman no es nueva y está casi desde el comienzo de la causa: el titular de la UFI AMIA que antes de su muerte denunció a la entonces Presidenta por encubrir el atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum con Irán, tenía en su celular un malware que no llegó a ejecutarse porque Nisman tenía un teléfono Android. Una vez que un troyano se activa, el control del teléfono es compartido: el dueño por un lado y el atacante por el otro. Vale recordar que para el fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación, el teléfono de Nisman fue manipulado y borrado, pero no se sabe ni quién lo hizo ni cuándo.
En el marco de la investigación por la muerte de Nisman, los investigadores judiciales buscaron saber de dónde había venido ese intento de ataque al celular del fiscal. Eso llevó a una dirección en Entre Ríos: una empresa de informática. Eso sucedió incluso antes de que el caso pasara a Comodoro Py 2002, donde el caso fue considerado un homicidio. Nunca se avanzó más de ahí. Pero ahora los lazos parecen comunicarse entre esa empresa informática y los dos sospechoso de haber espiado a Stiuso y a Arroyo Salgado.
Desde hace más de dos años, los investigadores de la causa Nisman vienen interrogando a más de 70 agentes de la AFI que estuvieron en la zona de Puerto Madero o tuvieron comunicaciones con otros teléfonos claves el fin de semana en que Nisman se preparaba para su presentación el lunes 19 de enero en el Congreso para hablar de la denuncia contra la hoy vicepresidenta. Se encuentran con contradicciones, internas, sospechas y silencios.
La muerte de Nisman no puede interpretarse sin mirar la guerra de espías que estaba sucediendo en las entrañas de la hoy AFI (entonces SI). En diciembre de 2014, Cristina Kirchner había echado a la cúpula de la Secretaría de Inteligencia, enojada por lo que creía era una avanzada de Comodoro Py en contra de su gobierno. Se fueron así el número 1 y 2 de la central de espías -Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher- y fueron reemplazados por el hoy senador Oscar Parrilli y el hoy viceministro de Justicia Juan Martín Mena, respectivamente. A los pocos días, se confirmó la renuncia del director de Contrainteligencia, Antonio “Jaime” Stiuso, el espía más famoso del país a esa altura y uno de los funcionarios que trabajó codo a codo con Nisman.
El espionaje sobre los movimientos de Stiuso y Arroyo Salgado no se conoció en la investigación por la muerte de Nisman sino en una causa que radicaron el 20 de octubre de 2015 las entonces diputadas Laura Alonso y Patricia Bullrich (hoy candidata presidencial). Aseguraron que se estaban pinchado teléfonos a políticos opositores, jueces y periodistas. La lista incluía al entonces candidato a presidente Mauricio Macri, al hoy jefe de Estado Alberto Fernández y a Sergio Massa, entre tantos otros.
El caso le tocó por sorteo al juez Sebastián Casanello, más tarde recusado, y luego recayó en el juez Julián Ercolini. Ercolini también es el juez que interviene en la denuncia por la muerte de Nisman, aunque el caso está delegado en la fiscalía. Sin avances sobre el esclarecimiento de las pinchaduras de teléfono, fue el propio Stiuso el que reclamó profundizar sobre los pedidos de sus datos migratorios y el hilo llevó a Entre Ríos.
Todas las consultas se hicieron desde la IP que está registrada a nombre de Palá, en una oficina que comparte con Lesa. Para las consultas que se hicieron en la Dirección de Migraciones se usó un usuario asignado a la AFI. El agente asignado prestaba funciones en la Dirección de Contrainteligencia de la AFI a la época de los hechos. Es más: en enero de 2015, cuando se generaron las consultas, estuvo de vacaciones en Gualeguay, provincia de de Entre Ríos.
Cuando fueron a indagatoria, tanto Palá como Lesa negaron su vinculación en los hechos. Su abogado, Luciano Legasque, dijo este fin de semana a una radio de Entre Ríos que Palá se dedica a vender “servicios informáticos”, como intermediario de determinados servicios de direcciones de internet; y que él vendió servicios de IPlan a una empresa de renombre internacional, desde cuyo servidor se hizo la búsqueda en Migraciones. “Palá no tiene ni acceso ni control al uso que el consumidor final haga con ese servicio que contrató. Solo factura en calidad de revendedor. El actúa como intermediario. Y Lesa queda involucrado porque Palá pone un teléfono alternativo, que era el de su amigo. No tuvieron ninguna participación”. En términos generales fue lo que habían dicho en sus declaraciones los involucrados y al apelar el procesamiento.
Infobae accedió al escrito en donde Stiuso reclamó ante la Cámara confirmar los procesamientos y subrayó la “persecución” en su contra durante el Gobierno de Cristina Kirchner junto a la muerte de Alberto Nisman. “Todo está relacionado con todo y no resulta del todo extraño que el control se haya efectuado desde esa localidad” de Entre Ríos, afirmó.
“Lo primero que corresponde decir es que ya ha pasado mucho tiempo desde que ocurrieran estos hechos. Pero no podemos olvidarnos de lo que sucedió, ya que realmente, en aquel convulsionado 2015 fui víctima de un acoso y persecución dispuesto por las más altas autoridades del país. No fui el único, otros tantas personas fueron víctimas de las mismas maniobras (con sólo tener en cuenta el listado que aparece en el inicio de estas actuaciones para advertir la maniobra y su entidad)”, dijo el ex espía. Y añadió: “Lo que aquí se demostró son maniobras que me afectan a mí y que también han afectado a la Dra. Sandra Arroyo Salgado, dato éste no menor, por cuanto no cabe otra opción (habida la fecha en que sucedieron los hechos, desde el 18 y hasta el 30 de enero de 2015) que entrelazar todo con la muerte del Fiscal Alberto Nisman”.
“Lo que ocurrió ese enero del 2015 nos quedará a todos en nuestra memoria. A mí a título personal, me quedará muy grabado porque aparte de haber sufrido la muerte de una persona querida, también me ví obligado (por acciones como las que aquí se investigan) a irme del país y a radicarme junto con toda mi familia en el exterior”, añadió.
Stiuso sostuvo: “El interés de ‘buscarme’, tal como ya expuse en esta y otras causas, había sido largamente exhibido, tanto en forma privada como pública, por el entonces Director de la SI/AFI, Oscar Parrilli”. Para Stiuso no hay dudas de que los dos acusados que rastrearon sus movimientos migratorios con una clave de la AFI “cumplían órdenes de las más altas autoridades” de la secretaría de inteligencia. Y recordó así la denuncia que hizo y derivó en que sus hijas fueran con custodia a tomarse un avión para poder salir del país y o su exposición como testigo en la causa Nisman.
En su segunda declaración, que sacudió el expediente y derivó que el caso fuera investigado en Comodoro Py, Stiuso aseguró: “Estoy convencido de que a Albero Nisman lo mataron”, que el fiscal y él pasaron a ser “un obstáculo” para el cumplimiento del Memorándum con Irán y que “cuando la ex presidente decidió negociar con Irán, quedó esposada y como rehén de ese país”. El espía afirmó además: “Estoy seguro que Alberto era blanco” de una inteligencia paralela.
Como contragolpe en esta causa, Stiuso trató de “inorgánicos” a los acusados y apuntó contra el abogado que los representa. “Legascue trabajaba en la época en que ocurrió lo de (el pago de Carlos) Telleldín, en la delegación de la SIDE de Paraná. No es descabellado pensar que los imputados hayan mantenido relación con la SI/AFI, quizás no como empleados, pero sí como ‘inorgánicos’, prestando servicios informáticos”, dijo Stiuso.
“Es claro y evidente, al menos para mí, que estas labores de inteligencia ilegal, fueron ejecutadas, con una clave que poseía la SI/AFI, desde un lugar llamativamente lejano (si tenemos en cuenta que esa clave la usaba personal de la dirección de contrainteligencia, que tiene su base en CABA). Probablemente para no dejar rastros de esa persecución de la cual estaba siendo víctima”, advirtió.
Este jueves, la Cámara Federal, con la firma de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, confirmó los procesamientos y ordenaron profundizar la investigación. Apuntaron a la declaración de una funcionaria de la Aduana de Ezeiza, Andrea Muñoz, quien puntualizó que los días 20 y 21 de enero de 2015, la Subdirectora General de Operaciones Metropolitanas de la Dirección General Impositiva reclamó datos de diferentes CUIT: eran Sandra Arroyo Salgado, del fiscal Alberto Nisman y de Diego Lagomarsino, el técnico informático que fue acusado de haber sido partícipe necesario en el crimen porque su arma se usó para dar muerte al fiscal de la UFI AMIA, en lo que la causa entiende fue un homicidio. El fallo también mencionó a la figura de Gonzalo Horacio Tzareff, jefe de Equipaje de Aduana, quien accedió de manera ilegítima a los registros fílmicos de la zona de aduanas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza cuando llegó Nisman para hacer su denuncia.
Según pudo saber Infobae, tras el fallo de la Cámara Federal, el juez Ercolini dispuso el secreto de sumario en la investigación. Habrá que esperar a conocer las próximas novedades.