El anuncio no pasó desapercibido. En el mundo judicial generó alerta la intención del gobierno nacional de modificar la ley para que todos los integrantes del Poder Judicial tributen el Impuesto a las Ganancias en el proyecto que el oficialismo envió al Congreso para modificar el tributo tras el anuncio de la eliminación de la cuarta categoría.
Entidades que nuclean a jueces, fiscales y funcionarios emitieron comunicados en los que rechazaron la iniciativa por varios motivos y señalaron que cerca del 40 por ciento de los magistrados ya tributan el impuesto por una ley que entró en vigencia en 2017.
“Todos los años aparece el mismo tema para hacer política con nosotros”, recogió Infobae como crítica de varios jueces ante la posibilidad de que en el Congreso se trate la modificación de la ley para que todos los integrantes del Poder Judicial paguen el impuesto.
Las listas “Bordó”, “Celeste” y “Compromiso Judicial” -las tres del mundo de la política judicial que el 19 de octubre tendrán elecciones para la Asociación de Magistrados- emitieron comunicados en las que rechazaron la posibilidad de ese cambio. “Ganancias negativas”, es el título del comunicado de la Bordó. “Llama poderosamente la atención que en el marco de una ley que, básicamente, manifiesta tener por fin desgravar varias imposiciones tributarias, se pretenda, a contramano, gravar nuevas y ampliar las dadas sólo respecto de este poder del Estado”, sostuvo la agrupación.
Para la Bordó la iniciativa se suma “a la ristra de hostilidades que se dirigen a la jurisdicción judicial, entre las que revisten las recientes reformas de nuestro régimen jubilatoria, la suba sin tope de aportes para los y las judiciales, la ilegal reticencia a poner a disposición partidas presupuestarias propias del servicio de justicia, etc., etc.”. “Pareciera que determinadas decisiones de gobierno tienen por único cometido generar espacios de zozobra que desencuentren a la justicia con la ciudadanía”, agregaron.
Por su parte, la Celeste señaló que “el salario no es ganancia” y que en el la ley de presupuesto no se puede crear, modificar o suprimir tributos y consideraron que la propuesta discrimina al Poder Judicial: “Máxime ahora cuando el propio gobierno impulsa una reforma que suprime la 4ta. categoría, por lo que la propuesta comentada sería una evidente y notoria discriminación en contra de la administración de justicia que se encuentra inhibida de realizar actividades complementarias, excepto la docencia”.
“Por último, destacamos que la Administración de Justicia está siendo sometida a constantes cambios legislativos según el gobierno de turno, lo cual se traduce en la falta de seguridad y tranquilidad para quienes tienen la alta responsabilidad de intervenir en la determinación de conductas y cuestiones que incumben a las y los ciudadanas/os porque permanentemente se están cambiando las normas que rigen el destino de las/os magistradas/os, cosa que no pasa en ningún otro estamento del Estado”, agregó la agrupación.
“Los judiciales cualesquiera que fuera su categoría o cargo somos trabajadores que cobramos un salario por nuestras tareas en el Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos”, sostuvo por su parte “Compromiso Judicial” y también señalaron " la contradicción” del gobierno de enviar un proyecto que propone la eliminación de la cuarta categoría de ganancias y proponer que todo el Poder Judicial pague ese impuesto.
Desde Compromiso también señalaron que “la función de los integrantes del sistema de justicia -a diferencia del resto de la función pública- conlleva la inhabilitación para ejercer la profesión u otra actividad lucrativa” y que “los funcionarios y magistrados realizamos aportes jubilatorios por un porcentaje total del 18% -sin tope legal alguno- del salario bruto, normalmente durante varias décadas”.
Los integrantes los jueces están exentos del pago de ganancias por el artículo 110 de la Constitución Nacional: “Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones”. Luego la exención se extendió a todos los integrantes del Poder Judicial.
Pero el tema siempre estuvo en discusión por su inequidad ante otros sectores que tienen sueldos más bajos que los judiciales y que pagan ganancias. Así, durante el gobierno de Mauricio Macri se llegó a un acuerdo -a pesar del cuál se generaron causas judiciales- por el cuál quienes ingresaran al Poder Judicial a partir del 1 de enero de 2017 comenzarían a pagar el impuesto.
Desde entonces hasta hoy ya son cerca de 300 jueces los que pagan el impuesto. Son cerca del 40 por ciento del total ya que actualmente hay 728 magistrados en actividad.