Leandro Báez —uno de los hijos del empresario Lázaro Báez que fue condenado a tres años en la causa por la “ruta del dinero k”— volvió a los tribunales de Retiro para enfrentar una nueva indagatoria: esta vez está acusado del faltante de US$ 1,5 millones en lana de oveja que no podían ser movilizados por orden judicial. Báez rechazó las acusaciones y apuntó contra la ex abogada de su padre por las maniobras. El joven, de 33 años, también admitió que tiene problemas para conseguir trabajo formal. “Mis posibles empleadores tienen miedo de tener problemas legales y que los vinculen con las empresas de mi padre”, admitió al iniciar la indagatoria a la que accedió Infobae.
La acusación que pesa sobre él consiste en “no haber cumplido con las obligaciones legales impuestas” cuando se dictó la inhibición de bienes sobre la empresa Austral Agro SA. Todo se descubrió en el medio del juicio oral que enfrentaba su padre, él y sus hermanos, junto a Leonardo Fariña y otros involucrados, por lavado de dinero.
Fue el fiscal del juicio, Abel Córdoba, quien lo denunció y hasta pidió su detención en el marco del debate, algo que el Tribunal Oral Federal 4. Es que Leandro Báez figuraba como apoderado de Austral Agro, que administra varias estancias en la Patagonia con miles de hectáreas. La compañía, como el resto de los bienes de Lázaro Báez y sus hijos, está intervenida por orden judicial y sus ganancias son controladas por la Justicia.
La principal actividad de la firma era la cría de ovejas para producción de lana. La compañía había declarado ventas por 95 mil kilos. Sin embargo, la interventora judicial determinó que la empresa había producido entre 2016 y 2018 unos 250 mil kilos más de los informado y que ese excedente, equivalente a US$ 1.500.000, habría sido vendido al mercado negro. Por el caso quedaron imputados Leandro Baez, junto al contador César Andrés, y dos empleados Marcos Rubén Sastre e lgnacio Julián de Urquiza.
El caso está siendo analizado por la jueza María Eugenia Capuchetti con la intervención del fiscal Franco Picardi.
Leandro Báez entregó un escrito para rechazar la acusación en su contra pero, sin contestar preguntas, pidió hacer algunas aclaraciones. Uno de los puntos que le atribuyen es haber ocultado documentación. En la declaración a la que accedió Infobae, el hijo de Lázaro Báez, que más distanciado estaba de su padre, planteó que cuando su padre fue arrestado, en abril del 2016, se inició “un proceso de embargo e inhibiciones respecto de las empresas de el” y allanamientos que derivaron en el secuestro de documentos. “No es que me negué a brindar información, sino que la documentación no la tenía porque se la llevaron en esto allanamientos. Nunca fue un capricho o una negatoria a colaborar sino que me veía imposibilitado a hacerlo”, subrayó.
También aseguró que la empresa tuvo problemas para abrir nuevas cuentas bancarias autorizadas para pagar sueldos o impuestos, “generando así el malestar de la gente que no quería trabajar”. A los empleados “yo no los dejaba ir al campo para reducir costos y ellos terminaron renunciando. Si mal no recuerdo en la testimonial de la interventora, ella reconoce que en una comunicación conmigo yo le dije que los campos no eran seguros. Se nos metía la gente al campo. Había una estancia en particular que fue destrozada porque la gente entraba en busca de dinero que se hablaba en los medios”.
Leandro Báez además apuntó contra la abogada Elizabeth Gasaro, que era la abogada de su padre. “La interventora tiene contacto vía telefónica con la doctora. A partir de este contacto surge esta denuncia, donde supuestamente yo me estoy auto robando o robando a mi familia. Ella tenía un poder especial que le había otorgado mi padre. La Dra. Gasaro en una comunicación telefónica que tuvo conmigo porque mi padre le adeudaba honorarios me plantea a mí la venta de lana para cobrar eso honorarios. Ella me dice que hay que vender la lana para hacer efectivo. En blanco era imposible porque estaba intervenido”, señaló.
“Ahí es cuando ella me dice que había arreglado con mi papá y que ella iba a vender la lana. Yo muevo ahí los 95.000 kg de la lana para ponerla en resguardo de esta posible situación. Los abogados de mi padre no solo me hablaron a mí por la lana, sino que hicieron un vaciamiento general de la empresa, y eso está denunciado. La denuncia la hizo mi mamá. EI vaciamiento estaba referido a máquinas viales, carpintería de aluminio, vidriería, hasta impresoras, fotocopiadoras, de todo se han llevado. También quiero aclarar que hicimos varias denuncias y exposiciones policiales en la ciudad del Calafate, sobre faltantes de cosas, de ganado y maquinaria. Yo fui a buscar estas exposiciones y denuncias pero la comisaría me dijeron que no tenían el registro por un tema interno. Estaría bueno aclarar que no solo yo fui víctima de robos, sino que la misma interventora sufrió robos que denunció”, subrayó. Según dijo, se enteró por los diarios locales del robo de 1200 animales.