En un juicio oral que se le sigue al ex subcomisario de la policía bonaerense Luis Patti, acusado por el homicidio de un diputado peronista y la tentativa de asesinato de su secretario durante la última dictadura militar, el fiscal Iván Polaco solicitó una pena de prisión perpetua en su contra por introducir a las víctimas en un “sistema represivo predispuesto para el cautiverio clandestino, la tortura, el asesinato y la desaparición”.
El pedido de la acusación se dio en el marco de los alegatos del debate a cargo del Tribunal Oral Federal N° 2 de San Martín. En dicha instancia se tramita desde agosto el juicio contra el ex subcomisario Patti, imputado por el crimen del ex diputado nacional Diego Muñiz Barreto y el intento de asesinato del secretario del legislador, Juan José Fernández, ambos ocurridos el 6 de marzo de 1977.
Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), el ex diputado Muñiz Barreto y su secretario Fernández fueron secuestrados y encerrados en la Comisaría de Escobar el 16 de febrero de 1977, donde estuvieron dos días. Luego fueron trasladados a otra dependencia policial en Tigre, donde fueron esposados y desvestidos. Dos horas más tarde los llevaron hasta el centro clandestino de Campo de Mayo, donde permanecieron en cautiverio y bajo tortura hasta el 6 de marzo.
Ese día los adormecieron para subirlos a un auto y llevarlos hasta la provincia de Entre Ríos. El grupo a cargo del operativo quiso simular un accidente automovilístico, y con ese fin arrojó el auto al agua con los dos secuestrados adentro. El ex legislador falleció y su secretario logró escapar.
En 2011, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó a Patti por el secuestro y los tormentos perpetrados contra Muñiz Barreto y Fernández durante sus días de cautiverio. Allí también fueron juzgados los militares Santiago Omar Riveros, Reynaldo Bignone y Martín Rodríguez. En esa oportunidad, el ex oficial de la policía bonaerense no fue acusado por homicidio en tanto se declaró su sobreseimiento por ese delito durante la instrucción de la causa. Sin embargo, esa decisión fue revertida a manos de la Corte Suprema, que en 2015 habilitó su juzgamiento por el asesinato y la tentativa, según consignó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, querellante en el expediente actual contra Patti.
En ese marco, durante los alegatos del debate oral, realizados de manera virtual, el fiscal Polaco expresó: “Patti realizó un aporte esencial para que posteriormente el personal militar de Campo de Mayo pudiera llevar adelante el homicidio de Muñiz Barreto y la tentativa de homicidio de Fernández”. Y luego añadió: “a partir de su secuestro, el imputado introdujo a las víctimas a un sistema represivo predispuesto para el cautiverio clandestino, la tortura, el asesinato y la desaparición”.
De acuerdo a la hipótesis fiscal, asentada en el sitio del MPF, el imputado no intervino de forma directa en los hechos, pero con el secuestro de ambos “dispuso de una condición necesaria para que el brutal tratamiento de esos crímenes se efectivizase”. A su vez señaló: “Patti sabía muy bien quién era Muñiz Barreto al momento de su secuestro, para qué se lo detenía y qué le podía pasar a partir de ese entonces. Ex-ante -antes del hecho- sabía sobre sus escasas chances de sobrevida, una vez detenido e ingresado a la maquinaria represiva clandestina que, para 1977, se encontraba en plena marcha”.
“Todos estos elementos -concluyó Polaco al requerir la prisión perpetua del ex oficial- muestran que, desde un punto de vista objetivo, el acusado debió representarse, ex ante, con una probabilidad rayana a la certeza, que con su conducta contribuía al posible destino fatal de las dos personas que detuvo. El acusado generó una situación de peligro concreto, al dejar a los detenidos en manos del Ejército y ese peligro finalmente se concretó en el resultado”.
Patti ejerció la jefatura de la Comisaría de Escobar de la policía bonaerense durante la última dictadura militar. Desde 1983 en adelante estuvo destinado en distintas dependencias policiales. Luego intervino en la política, donde se desempeñó como intendente de Escobar entre 1995 y 2003 y fue electo diputado nacional en 2005, quedando su asunción impugnada en la Cámara de Diputados por “falta de idoneidad moral” en virtud de las denuncias en su contra por su participación en crímenes de lesa humanidad.
En 2008 fue desaforado y quedó bajo prisión preventiva. Desde entonces fue condenado tres veces por su accionar entre 1976 y 1983. Todas las penas fueron a prisión perpetua.