Juicio por “El Entrevero”: un desarrollador dijo que se enteró que Lázaro Báez era el inversor cuando fue apartado de la operación

Maximiliano Acosta declaró que el dato se lo contó otro de los acusados, Maximiliano Goff Dávila, a fines de 2011, cuando ya había sido corrido del negocio. Pero aclaró que nunca habló ni tuvo relación con el empresario kirchnerista

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Lázaro Báez todavía no declaró por la causa del Entrevero
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El juicio oral por la compra del campo “El Entrevero”, en Uruguay, se puso en marcha con la ronda de indagatorias. Es el tercer debate que afronta Lázaro Báez, que ya acumula dos condenas. Uno de los acusados, Maximiliano Acosta, aseguró hoy que se enteró que el empresario K estaba detrás del negocio recién a fines de 2011, cuando ya había sido corrido de la operación. Dijo que el dato se lo contó Maximiliano Goff Dávila, otro de los procesados. Sin embargo, Acosta aseguró que nunca conoció a Báez.

Acosta, un desarrollador inmobiliario que conoció a Leonardo Fariña y terminó siendo uno de los testigos de su casamiento con Karina Jelinek, declaró que “los inversores estaban ocultos” y que Goff Dávila “se manejaba con mucho hermetismo”. Además, dijo que recién se enteró de la participación de Báez a fines de 2011, durante una reunión con Goff Dávila, dueño de la consultora Marlin Group, y otra persona, en un bar de Palermo.

Para ese entonces, la relación entre Goff Dávila y Acosta estaba quebrada. “No me atendía el teléfono”, contó el desarrollador. La reunión en ese bar fue muy tensa. Acosta fue a reclamar que no había cobrado la comisión pactada, un 3% del monto total, y que lo apartaron “a los tres meses de haber ingresado”.

Cuando uno de los jueces del TOF 4 le preguntó por la fecha de ese encuentro, no pudo precisarla, pero dijo que fue “después de agosto y antes de noviembre de 2011″.

El nombre de Lázaro Báez apareció después que me sacaron. En el tiempo que yo estuve no existía”, aseguró Acosta ante las preguntas de los abogados defensores. “Nunca lo vi, ni lo conocí”, insistió ante el interrogatorio del defensor de Báez.

El campo investigado queda en Uruguay
El campo investigado queda en Uruguay

En su declaración, que llevó dos audiencias, Acosta mencionó varias veces a Carlos Molinari, un empresario que fue condenado en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, pero que no está imputado por la compra de “El Entrevero”. Dijo que estuvo varias veces en las oficinas de Molinari donde, según recordaba, había una foto del empresario junto al ex presidente de los Estados Unidos Barack Obama, y que hasta se subió a su avión privado.

Acosta fue presidente de la sociedad uruguaya Traline SA, utilizada para comprar el campo “El Entrevero”, ubicado entre José Ignacio y La Barra. Cuando Fariña se distanció de Báez, el campo quedó a nombre de otra sociedad denominada Jumey SA, presidida por Daniel Pérez Gadín.

Acosta terminó denunciando a Pérez Gadín por amenazas y se fue a vivir a Uruguay. “Fariña nos estafó y tiene el futuro comprado, si vos seguís molestando se va a invertir el orden de prioridades”, le habría dicho el contador. Antes de presentar la denuncia, Acosta se reunió con la entonces diputada Elisa Carrió para buscar protección política. En su declaración dio detalles de ese encuentro, que se llevó a cabo en un departamento de la avenida Santa Fe.

Perez Gadín fue denunciado por Acosta pero terminó sobreseído.
Perez Gadín fue denunciado por Acosta pero terminó sobreseído.

Por el campo de “El Entrevero”, de 152 hectáreas, se pagaron 14 millones de dólares. De la operación participaron varias sociedades y testaferros de Báez para intentar ocultar a los verdaderos dueños. Además del empresario están siendo juzgados el abogado Jorge Chueco, el contador Daniel Pérez Gadín, Leonardo Fariña, Maximiliano Acosta, Maximiliano Goff Dávila, el financista Santiago Carradori y Osvaldo Guthux.

Al momento de pedir la elevación a juicio, el fiscal Guillermo Marijuán sostuvo que Báez “impartió las órdenes y encomendó a los sucesivos administradores de esos fondos –Fariña y luego Pérez Gadín y Chueco– aplicarlos en el proyectado desarrollo inmobiliario en la costa uruguaya”. Sobre Goff Dávila, entendió que “tuvo una participación sumamente activa en el negocio, debido a que intervino como articulador de la inversión, buscó al escribano, adquirió una sociedad con acciones al portador, ubicó en su presidencia a Acosta, coordinó las reuniones con el vendedor y para la firma de los documentos de seña, compromiso de compraventa y prórrogas de pagos parciales”.

Acosta entabló una relación de amistad con Fariña y hasta fue uno de los testigos de su casamiento. “Lo conocí a fines de diciembre de 2010. Yo le presenté al “Chino” de Pacha para la fiesta en Punta del Este”, dijo este lunes. Sin embargo, aseguró que no sabía del vínculo del arrepentido con Báez ni de sus viajes a Santa Cruz.

Fariña dio otra versión cuando declaró en la causa. La semana próxima, tendrá la posibilidad de ratificar esos dichos en su indagatoria.

Báez ya fue condenado a 12 años por la llamada “ruta del dinero K”, aunque luego la Cámara de Casación redujo la pena a 10 años, y a fin del año pasado sumó otra condena de 6 años por el caso Vialidad. En el primer caso, las penas están bajo revisión de la Sala IV de la Cámara de Casación. Uno de los debates más intensos entre los jueces tiene que ver con el delito precedente de las maniobras de lavado de dinero. Dos de los jueces del Tribunal Oral Federal 4 habían determinado que el dinero provenía de la obra pública y de la evasión fiscal. Por el primero delito, ya hubo condenas. El otro delito, el de la evasión, está desparramado en varias causas. Ninguna tiene fecha para empezar el juicio.

En el juicio del Entrevero también se juzga la compra de un terreno en el departamento de Maldonado, valuado en USD 320 mil. En esa operación intervinieron Traline SA y luego Jumey SA. El inmueble se pagó en tres cuotas: 1) el 24 de febrero de 2021 la firma Danifort International Corp abonó USD 49.987, 2) la misma firma hizo otro pago de USD 49.987, 3) el 16 de agosto de 2011, otra empresa transfirió otros USD 99.955. “Se desconoce cómo se instrumentó el saldo restante”, sostuvo el fiscal Guillermo Marijuán cuando pidió la elevación a juicio.

Finalmente, Maximiliano Goff Dávila es juzgado por la compra, “en comisión”, de un departamento ubicado en avenida del Libertador y Silvio Ruggieri, por el que se habrían pagado USD 800 mil, aunque su valor actual superaría ampliamente esa cifra.

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