En Tribunales nadie podía creer que fuera cierto, pero fue así. El presidente Alberto Fernández fue declarado “en rebeldía” en el marco de una demanda por daños y perjuicios que le entabló el juez de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia, revelaron a Infobae fuentes judiciales. Es que el jefe de Estado fue notificado dos veces en la residencia de Olivos que estaba la demanda en curso para responderla: fue el 27 y el 28 de junio. Pero el jefe de Estado no se presentó en el expediente. Nadie sabe por qué no se le prestó atención al papel o si el primer mandatario fue debidamente informado por sus colaboradores. Y pasó lo que pasa en cualquier expediente: se esperó el plazo previsto y, sin más novedades, la Justicia dictó la rebeldía. Todo ocurrió en la más absoluta reserva el 10 de agosto pasado. Apenas tres días antes de la PASO.
“En atención a lo solicitado y no habiéndose presentado el demandado Alberto Ángel Fernández a pesar de encontrarse debidamente notificado conforme a lo dispuesto por el artículo 59 del Código Procesal, decláraselo rebelde”, dice la resolución del juzgado civil 45, según pudo saber Infobae.
Los abogados de Bruglia pidieron que expresamente se volviera a notificar al jefe de Estado, en la Quinta de Olivos, de su situación de rebeldía. La nueva notificación fue este martes. Apenas horas 48 horas después, el abogado Gregorio Dalbón -junto a su colega Virginia Casolla- se presentó en el expediente para constituirse en apoderado del demandado y reclamar que se cese el estado de rebeldía de su cliente, el Presidente de la Nación. Según pudo saber Infobae, el juez en lo civil Carlos Goggi decretó el cese de rebeldía.
No fue lo único que solicitó Dalbón. Apenas se constituyó como parte, planteó recusar sin causa al magistrado interviniente. Es una facultad que tienen cada una de las partes en un proceso de estas características. No necesitan explicar por qué lo hacen. Solo piden apartarlo, “sin que ello implique falta de respeto a la dignidad” del juez que interviene. Es una jugada que se puede hacer sólo una vez. Sin embargo, el planteo fue rechazado. El juez le dijo que, a esta altura, el pedido era “extemporáneo”.
La causa ahora sí se pone en marcha. Se trata de la demanda millonaria que el juez Bruglia presentó contra Alberto Fernández por dañar su honor y dignidad y afectar su imagen pública. La aludida ofensa se disparó cuando el titular del Poder Ejecutivo trató a Bruglia de ocupar un cargo en la Cámara Federal en contra de la Constitución Nacional.
Fue el el 2 de noviembre , desde su cuenta de X, por entonces Twitter, después del fallo de la Sala I de la Cámara Federal porteña en donde se resolvió dejar en libertad a los cuatro integrantes de la agrupación “Revolución Federal”, en la mira de la vicepresidenta Cristina Kirchner desde su intento de homicidio. Para criticar el fallo, el jefe de Estado aseguró que dos de los integrantes de ese tribunal “ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución”.
De inmediato, Bruglia denunció públicamente la “gravedad institucional” de esas manifestaciones, sostuvo que no es ilegítimo, habló de una injerencia sobre el Poder Judicial y sostuvo que los dichos de Fernández son “ofensivos”, “falaces” e “inaceptables. Y anunció una demanda por daños y perjuicios y su renuncia a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional por no haber salido rápidamente a repudiar esas expresiones.
“No estamos ante un hecho de simple ofensa. Estamos hablando de un Presidente de la Nación, descalificando falazmente a un juez de la Nación, utilizando un medio de comunicación masivo y con enorme repercusión social. Es evidente que no se lo puedo permitir”, sostuvo Para Bruglia, Fernández sólo buscó descalificar un fallo que no era de su agrado generando “una estigmatizante, denigrante y humillante imputación” con “absoluta deslealtad” a la verdad.
“No se ha privado el doctor Fernández, especialista en derecho penal en la UBA, de no dejar duda alguna en cuanto a lo que se refiere a mi persona. Prueba de ello es que me mencionó con nombre y apellido, como integrante del Poder Judicial, en mi carácter de juez federal, publicando una seguidilla irreflenable de tweets, al instante mismo de tomar estado público el fallo de Revolución Federal”, agrega la demanda que impulsan los abogados Estela Eva Pastorini y Juan Manuel Blanco.
El camarista reclama un resarcimiento económico de 40 millones de pesos y la retractación pública del jefe de Estado. “No es sustancial para mí la solución patrimonial. No llega a restaurar lo dañado. Es una cuestión de límites, de excesos y de impunidad”. Y, en plan de demostrar su postura y cuantificar el agravio, le pidió a la justicia que confirme si el Presidente es profesor de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, ordene un peritaje que determine los “criterios de realidad” del mandatario y llame a declarar a un grupo de testigos, entre los cuales sobresale la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió.
Ahora, cesada su situación de rebeldía, Alberto Fernández tendrá posibilidad de cuestionar sólo lo que pase a partir de ahora en la causa. El tema ya está en manos del juez, a cargo de resolver el fondo de la cuestión.