Avanza una investigación conjunta entre Chile y Argentina contra una banda transnacional dedicada al contrabando

Una organización de contrabando transnacional con operaciones en Argentina y Chile está siendo fuertemente investigada por un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), conformado por magistrados y funcionarios de ambos Ministerios Públicos Fiscales. Hasta el momento, luego de casi 50 allanamientos desplegados en el lado argentino, fueron detenidas cuatro personas y 27 quedaron imputadas por distintos delitos federales ligados al tráfico de mercadería y lavado de activos, entre otros, presuntamente ocurridos en una amplia e inhóspita zona de la Patagonia.

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), la investigación que avanza desde este lado de la cordillera está a cargo del juez federal de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, quien junto al fiscal Julio Zárate trabajan la principal hipótesis criminal: el despliegue de una banda dedicada al contrabando de mercaderías de toda índole, que abarcan desde estupefacientes hasta cigarrillos y cubiertas de auto, traficadas desde diversos pasos fronterizos no habilitados, situados en las localidades de 28 de noviembre y Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz.

La organización, también investigada por operaciones de lavado de activos, trata de personas y tráfico migratorio, tenía a las localidades de El Calafate, Río Gallegos y Puerto Julián, también en Santa Cruz, como base y núcleo de las decisiones. A su vez, utilizaba las ciudades de Puerto Natales y Punta Arenas para operar desde el sur de Chile.

La investigación en tándem comenzó el 2 de noviembre de 2021 y ya lleva un total de 49 allanamientos en ocho ciudades de la Argentina y 22 en el país vecino. Los últimos procedimientos en Argentina se concretaron la semana pasada y, según precisó el MPF, demandó un gran desplazamiento de 284 gendarmes, 35 prefectos y 30 policías federales. ¿Los resultados? El secuestro de armas, municiones, dinero en efectivo -casi 50 millones de pesos, 55 mil dólares y 5,7 millones de pesos chilenos, entre otras monedas-, neumáticos, estupefacientes, 19 vehículos -algunos de alta gama- y otras mercaderías ingresadas de manera ilícita por la frontera.

Cuatro personas quedaron detenidas y 27 fueron imputadas con cargos federales. Para llegar a ellas, la investigación requirió tareas de logística e inteligencia criminal delineadas por distintas fuerzas de seguridad, que llevaron a cabo una serie de seguimientos en lugares inhóspitos de difícil acceso e intervenciones telefónicas. A través de ellas se logró establecer que el tráfico de neumáticos y estupefacientes -entre otros cargamentos- se concretaba desde diversas estancias privadas ubicadas de forma estratégica en zonas limítrofes, a pocos kilómetros de la Ruta Nacional 9 de Chile, regenteadas por integrantes de la organización transnacional.

Además, la banda contaba con su propio sostén logístico con el que materializaban las operaciones ideadas: empresas de transporte con vehículos de todos los portes diseminados en distintas zonas de la Patagonia. Las ganancias, por lo demás, solían ingresar al mercado legal a través de facturas apócrifas -con la intervención de distintas personas jurídicas- con las que buscaban canalizar todo el dinero ilícito obtenido. También se registraron, presuntamente con el mismo propósito, compras de vehículos de alta gama, boliches, bares, carnicerías y madereras, entre otros negocios comerciales.

De las investigaciones también participan las procuradurías de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y de Narcocriminalidad (PROCUNAR) junto a las direcciones generales de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI) y de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRDAB). De momento, los avances de la pesquisa presentan indicios que sugieren el posible auxilio de miembros de Gendarmería Nacional en las maniobras delictivas llevadas adelante por la red criminal, integrada por personas de nacionalidad argentina y chilena.

Los allanamientos del pasado miércoles propuestos por el fiscal subrogante Zárate y ordenados por el juez Vázquez apuntaron contra domicilios particulares de sospechosos, depósitos, estudios contables, comercios mayoristas de cigarrillos y unidades militares. A su vez, se labraron oficios a distintos organismos nacionales para que presenten documentación vinculada a la investigación penal.

En tanto, en el país vecino se llevaron a cabo 22 allanamientos y 16 detenciones por delitos de tráfico de drogas, lavado de activos, contrabando y tráfico de migrantes. La Fiscalía de Punta Arenas, dependiente de la Fiscalía Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, es la contraparte del fiscal federal Zárate, con quien integran el grupo colaborativo del ECI.

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