Los familiares de las víctimas del ARA San Juan reclamaron este miércoles ante la Cámara Federal de Casación Penal que se revoque el sobreseimiento del ex presidente Mauricio Macri y otros ex funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia, en la causa que investiga si hubo seguimientos y espionajes en el año en que el buque se hundió y se buscaba el paradero de los 44 tripulantes.
La audiencia tuvo lugar esta mañana, en la planta baja del edificio de Retiro. Tres familiares de las víctimas estuvieron presentes ante los jueces. Los abogados de los familiares y la abogada del CELS, Paula Litvachky, en calidad de amigos del tribunal, hablaron en la audiencia reclamando revocar el fallo.
Las defensas, en tanto, presentaron escrito en donde fundaron su posición para mantener la decisión del cierre de la causa. La postura fiscal reclamó anular la resolución de la Cámara Federal y llamar nuevamente a indagatorias para precisarle fehacientemente la acusación, punto que entendió no había sido cumplido en el juzgado de Dolores.
El submarino ARA San Juan implosionó a las 10:55 del 15 de noviembre de 2017, luego de que -según la hipótesis que maneja la Justicia- una explosión en uno de sus bancos de baterías dejara a la tripulación incapacitada para poder maniobrar la nave para llevarla a la superficie. Esa fue la información que surgió más de un año después de aquel día, pero por entonces sólo se tuvo conocimiento de la desaparición de la nave tras días sin dar señales ni ser registrado por los radares. Los 44 tripulantes murieron. Durante un año, los familiares de las víctimas llevaron adelante marchas y movilizaciones exigiendo respuestas.
En ese marco es que apareció la denuncia que involucró a Macri y a los directivos de la AFI. La acusación implicaba haber espiado a los familiares de las víctimas del ARA San Juan a través de fotos, búsquedas en redes sociales, seguimientos e infiltraciones en marchas, cuando ese grupo pedía ayuda para encontrar a sus seres queridos, perdidos en el fondo del mar.
La causa se inició por impulso de la ex directora de la AFI Cristina Camaño y aterrizó en el juzgado federal de Dolores, donde se unió a los expedientes contra el falso abogado Marcelo D’Alessio y el supuesto espionaje a las llamadas bases AMBA que funcionaron durante el gobierno de Mauricio Macri. En octubre de 2021, en medio de la campaña legislativa, Macri fue llamado a indagatoria, la primera causa por la que tuvo que enfrentar un juzgado después de haber dejado el sillón de Rivadavia. Macri negó las acusaciones y acusó al juez de ser funcional al oficialismo.
En diciembre del 2021, el juez de Dolores Martín Bava lo procesó diciendo que el entonces jefe de Estado había ordenado espiar a los familiares de las víctimas, en busca “influir en la situación política e institucional del país, y en especial en la opinión pública y la gestión política del gobierno de ese momento”. La causa pasó a Comodoro Py porque era conexa al llamado expediente D’Alessio. La Cámara Federal porteña se encargó de analizar la decisión de Bava.
El 15 de julio del 2022, los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi revocaron ese fallo y ordenaron el sobreseimiento de los involucrados. Para la Cámara Federal, el delito no existió: a su criterio, las diligencias guardaban relación con la seguridad del presidente y descartaron la hipótesis que había llegado desde Dolores diciendo que se trató de tareas de “inteligencia ilegal” que buscaban controlar las protesta e influir en la opinión pública. El ex presidente celebró el fallo. “La verdad aún puede ganar en la Argentina”, dijo en sus redes sociales.
Los querellantes y la fiscalía apeló. Después de idas y vueltas sobre qué jueces de Casación llevarían adelante la revisión, la audiencia convocada por el juez Yacobucci tuvo lugar esta mañana.
“Hubo un plan sistemático de espionaje que no tiene nada que ver con la seguridad presidencial”, afirmó en la audiencia Luis Tagliapietra, abogado querellante y padre de uno de los 44 fallecidos en el hundimiento del submarino. Afirmó que el sobreseimiento “es infundado y ridìculo”. “Todavía está pendiente saber qué pasó y no vamos a bajar los brazos. Buscamos saber qué pasó con nuestros hijos y usaron todo esto para demonizarnos”, expresó.
La abogada Valeria Carreras, representante de otro grupo de familiares, insistió en que faltan medidas de prueba. “Esta sentencia nos involucra a todos, es arbitraria por la manipulación de la prueba”, remarcó. Y agregó: “si la frase ‘algo habrán hecho’ marcó una época negra a la que no podemos volver, con este fallo se instala la de ‘te espío porque me molestás’”. El abogado Mariano Bergés, que representa a los familiares de las víctimas del pesquero El Repunte, también reclamó revocar los sobreseimientos. Para el CELS, en tanto, el cierre de la causa “convalida a futuro que el Estado se sirva de herramientas excepcionales a su antojo” y subrayó que “lo que se discute es si la Agencia Federal de Inteligencia está habilitada para colaborar en materia de seguridad presidencial”.
Los jueces también analizarán los planteos de las defensas que reclaman mantener los sobreseimientos, según dejaron constancia a través de escritos. Allí están las defensas de Macri, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani y agentes de la AFI.
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