En un fallo histórico, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Rosario condenó a 16 ex militares y policías a la pena de prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura. La sentencia se dictó en el marco de la causa “Guerrieri IV”, que investigó delitos cometidos durante en centros clandestinos de detención en el Gran Rosario.
Los condenados fueron hallados responsables de una serie de delitos que incluyen homicidio agravado, torturas calificadas, tormentos, desaparición forzada, sustracción de menores y privación ilegítima de la libertad. Las víctimas de la represión ilegal suman 116 personas, de las cuales 54 ya habían participado en tramos anteriores de la “Megacausa Guerrieri”.
Sin embargo, otros 62 casos nunca habían sido juzgados; de ellos, 54 son de desapariciones forzadas o homicidios. Entre estos está el caso de Eduardo Garat, secuestrado el 13 de abril de 1978 en el centro de Rosario. Su caso tiene la particularidad de que recién este año se hizo la audiencia con sus familiares y los hijos del desaparecido declararon por primera vez 45 años después de los hechos.
Los condenados son los ex miembros del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Marino González, Ariel López, Juan Andrés Cabrera, Rodolfo Isach, Walter Pagano y Eduardo Costanzo.
También recibieron prisión perpetua los ex integrantes de la delegación Rosario de la Policía Federal Juan Carlos Faccendini, Oscar Roberto Giai, Juan Félix Retamozo, Roberto Raúl Squiro, Osvaldo Tebez, Enrique Andrés López y Federico Almeder.
Los 16 represores también fueron encontrados culpables, por primera vez en la jurisdicción, por el delito de desaparición forzada. Y para cinco de los ex policías -Faccendini, Giai, Retamozo, Squiro y Tebez- esta fue su primera condena por crímenes de lesa humanidad.
El Tribunal, integrado por María Noel Costa, Mariela Emilce Rojas y Jaime Díaz Gavier, aceptó el pedido de ampliación de la acusación de la fiscalía, a cargo de Adolfo Villate, y querellas, entre ellas la de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y condenó a los acusados por los crímenes sufridos por los hijos e hijas de las víctimas, quienes al momento de los hechos eran menores de edad.
El veredicto fue recibido con alivio y celebración por parte de organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas. La agrupación H.I.J.O.S. Rosario y la delegación local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) también estuvieron entre las querellas particulares que solicitaron la pena.
“Perpetua para todos los represores juzgados en la causa #GuerrieriIV que investiga la desaparición de Susana y Graciela Busaniche, entre otros. Después de 46 años llegó la justicia, tías! Presentes! Seguimos reclamando verdad, sus cuerpos y, si nació, el hijo de la tía Graciela”, celebró en su cuenta de X (ex Twitter) la periodista Gisela Busaniche.
“Se hizo justicia todos los acusados de la causa Guerrieri IV recibieron condena a perpetua en cárcel común. Los juzga un tribunal los condenamos todxs”, publicó la agrupación H.I.J.O.S. Rosario en la misma red social.
El Tribunal informó que los fundamentos del veredicto serán dados a conocer a las partes el próximo 25 de octubre. El juicio había comenzado 13 meses atrás, el 1 de agosto del año pasado. Durante el debate se visibilizó la utilización sistemática por parte del Destacamento 121 de enfrentamientos fraguados para encubrir ejecuciones en la vía pública o de personas que habían sido secuestradas previamente y llevadas a algún centro clandestino de detención. Estos crímenes eran difundidos como enfrentamientos a través de los comunicados oficiales publicados en los diarios, lo que formó parte de la acción psicológica del terrorismo de Estado hacia la población.
Este fue el juicio número 14 que se realiza por crímenes de lesa humanidad en Rosario y el cuarto debate en el marco de la “megacausa Guerrieri”. El Tribunal ordenó mantener las medidas cautelares sobre los acusados y dispuso que, una vez que la sentencia adquiera firmeza, todos deberán cumplir la pena en cárceles del Servicio Penitenciario Federal.
La sentencia adquiere especial relevancia en un contexto donde se están llevando adelante más de 15 juicios orales por crímenes de lesa humanidad en diferentes provincias de Argentina. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue querellante en este caso y es querellante en dos de cada tres de esas causas. Desde la vuelta de la democracia, ya fueron condenados por la justicia más de 1.100 genocidas.
Seguir leyendo:
<br/>
Últimas Noticias
La Corte habilitó a la justicia laboral argentina para juzgar a un organismo internacional de la UNESCO
Una empleada reclamó indemnizaciones y multas tras 17 años de contratos renovados cada seis meses en el organismo dependiente de Naciones Unidas. Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz rechazaron el escudo de inmunidad que invocó el IIPE y confirmaron la competencia de los tribunales del trabajo
Avanza el juicio contra un abogado por prometer impunidad en la causa Cuadernos a cambio de USD 10 millones
La decisión de la Sala III desestimó los argumentos de nulidad de la defensa del letrado y determinó que la responsabilidad penal. Las eventuales consecuencias institucionales serán evaluadas en un juicio oral
Citaron a indagatoria a Ariel Vallejo, dueño de la financiera vinculada a la AFA
Luis Armella, juez federal de Lomas de Zamora, llamó a declarar a gran parte de la estructura de Sur Finanzas. También imputó a otras compañías y dispuso medidas preventivas
Los millones de la AFA: Tapia y Toviggino usaron fondos públicos aunque contaban con “capacidad económica suficiente”
Al procesarlos por retención indebida de aportes, el juez Diego Amarante concluyó que la Asociación del Fútbol Argentino usó los planes de facilidades de pago como “mecanismo de refinanciamiento”. El análisis de las cuentas bancarias y las inversiones cuyos intereses superaban las deudas con el fisco
La Justicia ratificó que el Gobierno debe ejecutar de inmediato la ley de financiamiento universitario
La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar dictada en primera instancia y cuestionó la apelación del Poder Ejecutivo al calificar sus argumentos como “poco serios”. Aseguró que el impacto fiscal de la medida es bajo
