Nombraban jueces y les hacían firmar sus renuncias para condicionarlos: a casi 20 años, condenaron a ex funcionarios de San Luis

Fue hace casi 20 años y llegó a ser un escándalo debatido en el Senado Nacional, con Cristina Kirchner encabezando las reuniones. Pero allí no pasó nada y la Justicia tuvo sus tiempos: la Cámara Federal de Casación Penal confirmó días atrás las condenas a seis años de prisión para dos ex funcionarios de San Luis acusados de presionar jueces durante la primera gobernación de Alberto Rodríguez Saá. El mecanismo era el siguiente: los jueces eran elegidos, pero apenas se los nombraba se les hacía firmar sus renuncias en blanco. Unos meses después, a una de esas magistradas la llamaron para exigirle una campaña de desprestigio contra sus colegas, que eran críticos del Poder Ejecutivo local. Cuando ella se negó, la echaron utilizando su carta de renuncia.

La condena recayó sobre el entonces ministro de Legalidad de San Luis, Sergio Freixes, y a su viceministro Mario Zabala. Si, apelaciones mediante, la Corte Suprema de Justicia rechaza el recurso de las defensas, los acusados tendrán que ir presos. Curiosidades al margen: uno de ellos sigue, al día de hoy, siendo funcionario provincial. El otro enseña derecho penal en la academia de policías.

Fue la fiscal provincial Gretel Diamante, hoy una de las juezas que está a cargo del tribunal oral que tiene en sus manos el juicio oral contra el suspendido juez federal de Mendoza Walter Bento, la que hizo la denuncia penal en San Luis. Eso le valió no solo no poder tener éxito en la decena de concursos en los que se anotó, también que entraran a su fiscalía y le dejaran pintada una esvástica por su origen judío, del lado de adentro de la puerta.

Para la principal víctima también hubo amenazas. A Marina Ziliotto, la jueza a la que pidieron el escrache a sus compañeros y a la que echaron por negarse, también la seguían, la visitaban patrulleros y entraron a su estudio de abogada y le escribieron con aerosol verde en su escrito: “Cuidate”.

“Al principio no me animé a denunciar. Yo tenía hijos chiquitos. No fue fácil. Pero la valentía de la fiscal Diamante y la ayuda de organizaciones como Poder Ciudadano nos ayudaron a visibilizarlo. Hasta fuimos a declarar, con mucho miedo, a la comisión de Asuntos Constitucionales en el Senado -le dice hoy a Infobae-. En el Senado no quedó en nada, pero la visibilidad tuvo un efecto protector para las personas que denunciaban. Las amenazas se tranquilizaron. En ese momento no era fácil denunciar. Y pasó mucho tiempo...”.

“Yo tenía 35 años y hoy tengo 52... Si ha pasado el tiempo... Pero hoy siento que valió la pena, aunque sea para los que siguen adentro del Poder Judicial. Yo quedé afuera, mi carrera judicial se terminó. Pero también se terminó con una práctica, es un precedente enorme para las provincias en donde los gobiernos son fuertes. ¿Por qué? Porque la denuncia fue hecha cuando sucedieron los hechos, cuando era muy difícil hacerla. Tal es así que mucha gente se calló la boca, se acomodó y siguen ahí en el Poder Judicial. Pero hay otros que rescato, que después que hicieron eso, pudieron hablar... No es lo mismo seguir siendo cómplice que contar lo que pasó”.

La carrera judicial de Ziliotto terminó y “en ese momento era muy difícil trabajar”. Es más, uno de los hoy condenados le advirtió que “la calle estaba dura para los desocupados”. Pero Ziliotto siguió su carrera como abogada, del otro lado de los estrados. No pudo ser querellante en este proceso. La Justicia le dijo que su pedido era extemporáneo. Pero sus declaraciones la transformaron en víctima.

“Ha sido un proceso muy largo y todavía no está terminado. Pero ya tiene tres sentencias condenatorias: la del tribunal oral y dos de Casación. Aún les queda la posibilidad de plantear un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Confía en que allí también rechazarán su planteo. Recién ahí la condena estará firme y ya no habrá forma de evitar que vayan presos”, afirmó. Hay otro planteo que está en la Corte. Su apelación al expediente administrativo que la dejó cesante y que fue rechazado en los tribunales provinciales.

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La historia comenzó en octubre de 2004. Marina Ziliotto era jueza de primera instancia y había concursado para jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de San Luis. Había dado un buen examen. Sentía que tenía chances. Había quedado ternada. La llamaron a una reunión con el ministro de Legalidad y el viceministro. Y allí le dijeron que tenía que poner su renuncia a disposición del gobernador. Le dijeron que era una formalidad para enviar su pliego al Senado.

Cuando la mujer se mostró sorprendida, le mostraron las cartas que también tenían de otros de sus colegas que aspiraban a ser jueces. Y en ese momento el vicegobernador “se exaltó, comenzó a gritar e hizo referencia a que él había hallado el cuerpo de Gramaglia”, un kinesiólogo cordobés que permaneció 17 días desaparecido y su cuerpo fue encontrado con signos de tortura y sin vida en San Luis. Ziliotto se sintió aterrada y pensó: “Bueno, firmo, total hay otros dos más, y vemos qué hacemos”, según lo relató en la causa judicial.

El segundo capítulo de la causa ocurrió cinco meses después. La Corte Suprema venía de dictar un fallo adverso para los intereses del oficialismo en San Luis, al legitimar el mandato de Daniel Pérsico como intendente de la capital de la provincia de San Luis, en donde habia dos intendentes. El procurador Esteban Righi reclamaba la inconstitucionalidad del llamado a elecciones que hizo Alberto Rodríguez Saá.

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A Ziliotto la llamaron a una reunión y le dijeron que usarían su renuncia si no encaraba una campaña de difamación contra sus colegas del tribunal, que incluía un pedido de jury. Este fue el diálogo que relató Ziliotto con Freixes y ante Zavala, según consta en el fallo de Casación al que accedió Infobae.

-”Qué vergüenza la Justicia, Marina, ¿no?’”

-”Y... estamos mal”

- “El problema en la Justicia, andan todos mal, ¿ustedes saben que no los quiere nadie?”

-”No sé, no nos querrán, que sé yo, pero ustedes tienen la culpa, ¿cómo van a nombrar superiores tribunales como los que venimos teniendo?”

-“Sí, nosotros pensamos mejorar eso, pero primero tenemos que hacer una operación limpieza”

“Ah, ¿si? Y ¿en qué consiste la limpieza?”

-“En echar a todos, tienen que irse la mayoría de los que puedan; los tenemos que correr a la miércoles (...) ¿Qué hay en tu Cámara?, ¿hay mora?”

-“No, no hay mora, está bien la Cámara”.

-“Pero algo tiene que haber...”.

-“No, no hay nada”.

-”Bueno, nosotros necesitamos concretamente que vos hagas una campaña de desprestigio pública contra tus dos compañeros y que les inicies el jury, porque los queremos rajar”

–”No, ¿cómo me pedís eso?”

-“Marina, ¿somos amigos o no somos amigos?”

- “Yo te conozco de los catorce años Freixes, te conozco a vos, a tu mujer, a tus hijos, a tu papá que era camionero, ¿cómo me pedís eso y vos me conocés a mí del pueblo? ¿Cómo me pedís que haga eso? Yo no voy a hacer eso con (Domingo) Flores y (Carlos) Salomón no voy a hacer nada, porque no tengo nada que hacer”.

- “¿Cuánto ganás vos?”,

-“Cinco mil pesos gano”.

Freixes lo mira a Zavala y le dice: “Ja, gana más que yo, mirá, gana más que yo”. Y ahí Zavala abrió la boca para decir: “Si, la calle está muy dura para los desocupados”.

- “Miren, estará dura para los desocupados, yo no me presto para ninguna maniobra de estas, hagan lo que quieran”. Le abrieron la puerta y se fue.

Al día siguiente, Freixes brindó una conferencia de prensa en la que dio a conocer que tres juezas habían puesto sus renuncias a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, entre ellas, Marina Ziliotto, Verónica Alonso y Mónica Corvalán.

Fue Gretel Diamante de Ponce ante la Procuración General de la Nación, en su calidad de agente Fiscal de Primera Instancia Nº 3 de Villa Mercedes, provincia de San Luis, la que denunció una “estrategia sistemática para diezmar coactivamente desde el Poder Ejecutivo de San Luis, la independencia de diversos funcionarios que integraron el Poder Judicial provincial”. Y allí se sumaron los dichos de Ziliotto que no pudo ser querellante.

El caso fue un verdadero escándalo y se llegó incluso a pensar en la intervención del Poder Judicial de la provincia de San Luis. Era 2005 y presidía Néstor Kirchner. En la comisión de Asuntos Constitucionales, a cargo de la hoy vicepresidenta Cristina Kirchner, declaró Zabala. Ziolotto también se presentó sorpresivamente y entre lágrimas aseguró: “Vengo a relatar mi terrible experiencia que acabó con mi carrera judicial”.

En noviembre de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis comprobó que cometieron el delito de “coacción agravada” al obligar a los jueces a presentar sus renuncias en blanco como requisito para ocupar cargos en la estructura del Poder Judicial puntano. En sus alegatos, los fiscales María André y Cristian Rachid habían solicitado 7 años de prisión y 10 de inhabilitación, y realizaron una reconstrucción de los hechos, sosteniendo que “la libertad psíquica de las personas a quienes se les pedía que firmaran las renuncias en blanco estuvo coartada”.

Los abogados defensores de Zabala sostuvieron que no había pruebas directas y cuestionaron todos los testimonios contra su defendido. Mientras que los letrados de Freixes enfatizaron que se trataba de “hecho político” motivado por la camarista federal Gretel Diamante y su pareja, el intendente de San Luis, Enrique Ponce. La defensa de Freixes también postuló: “Esta causa resulta inexplicable sin tener en cuenta la situación política y mediática en la que se desarrollaron los hechos. La causa debe entenderse que fue iniciada en un momento político cierto y determinado en cuyo horizonte convergía una intervención federal al Poder Judicial Provincial que se estimó inminente y la presión que llevaba adelante el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner para doblegar una Provincia díscola y opositor”.

Pero los jueces Alejandro Piña, Paula Marisi y Roberto Nasif condenaron a cinco años de prisión a Freixes, que en ese momento era ministro del Campo y Medio Ambiente de la provincia de San Luis, y a Zabala. Le dictaron la absolución por forzar a la firma de la renuncia bajo la figura de amenazas, por entender que no había habido delito. La sentencia fue apelada por los acusados y por la fiscalía. “La maniobra ilícita efectuada consistió en el sometimiento de los magistrados del Poder Judicial de esa provincia a los designios del Poder Ejecutivo de esa región”, sostuvo en su dictamen el MPF.

En marzo de 2019, la Sala IV de Casación, con la firma de los juece Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, no solo confirmó la condena dictada por el tribunal sino que agravó la pena a seis años al dar por acreditada la figura de amenazas. El fallo dio por acreditado que “Marina Ziliotto como el resto de los aspirantes, no tuvieron la posibilidad de elegir si la opción “asumir con la renuncia ya firmada o no asumir”.

“El proceso de selección de un magistrado se encuentra específicamente regulado y las facultades discrecionales del Poder Ejecutivo, a las que hiciera referencia el Tribunal para descartar la ilicitud de la conducta, están relacionadas con la posibilidad de elección entre varios concursantes propuestos dentro de un marco definido de antemano, pero nunca con la posibilidad de adicionar una exigencia no prevista constitucionalmente. No se encuentra autorizado, bajo ningún concepto, proponer la designación bajo la condición de firmar una renuncia anticipada”, advirtió el juez Hornos, que fue acompañado por Borinsky, al casar el expediente y agravar la condena.

Como se había agregado un nuevo delito, otra sala de Casación revisó las apelaciones por esa figura. Ahora, los jueces Daniel Petrone, Juan Carlos Gemignani y Carlos Maquiques (en disidencia parcial) confirmaron la condena para Freixes y Zabala. “Nos encontramos frente a una maniobra desplegada por ambos, quienes a su vez ostentaban los cargos de ministro y vice ministro de Legalidad y que no puede ser analizada sino bajo perspectiva de haber gestado un plan elaborado en dos etapas independientes y que no podría exigir para su imputación la presencia física de ambos al momento de la ocurrencia”, se advirtió en el fallo.

Las defensas podrían apelar ante a la Corte Suprema de Justicia, su última carta. De ser confirmado, los ex funcionarios deberían quedar presos. Pasaron casi 20 años.

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