Un viejo expediente judicial, que estaba perdido en un cajón, podría ser la clave para imputar al piquetero Emerenciano Sena, procesado y detenido por el asesinato de Cecilia Strzyzowski, por el delito de lavado de dinero. Aquella denuncia la hizo Sergio Schoklender en 2010, cuando todavía estaba al frente del programa Sueños Compartidos. Acusaba al piquetero, entre otros delitos, de someter a la servidumbre a las personas que trabajaban en un predio ubicado sobre la ruta 11. La causa estuvo parada durante casi 13 años pero acaba de ser reactivada con nuevos testimonios. El fiscal federal de Chaco Patricio Sabadini, que investiga el dinero encontrado en la casa de los Sena, sostiene que la trata de personas podría ser el delito precedente del lavado de dinero.
La investigación por supuesto lavado de dinero se disparó a partir de un allanamiento realizado el 4 de junio en la casa de los Sena, donde la Policía local encontró $6.058.190. El dinero estaba escondido en un mueble metálico para herramientas y se trasladó en un camión de caudales. Luego la fiscalía de instrucción, encargada de investigar el femicidio de Cecilia Strzyzowski , se declaró incompetente por el dinero y esa causa recayó en el fueron federal.
Como en otros expedientes por lavado, se pidieron informes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a la Unidad de Información Financiera (UIF), y a varios Registros de la Propiedad y del Automotor. También se libró un oficio a la Secretaría General de Gobierno de la Provincia del Chaco para que informe cada una de las transferencias que recibió el clan Sena.
Pocos días después, el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), un organismo oficial de la provincia del Chaco, confirmó que este año le transfirió $141.395.812,83 a la Fundación “Saúl Andrés Acuña”, que sigue intervenida por el gobierno de Jorge Capitanich. Los pagos comenzaron el 1 de febrero y se cortaron el 2 de junio, el mismo día que fue asesinada Cecilia Strzyzowski.
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Con toda esa información, Sabadini volvió a pedirle en los últimos días más precisiones a la AFIP, pero todavía no hizo un requerimiento formal contra los Sena. “Las causas por lavado llevan tiempo”, advierten en esa Fiscalía.
En paralelo, el fiscal reactivó la causa por trata de personas que había iniciado Schoklender y citó a dos mujeres que ya habían declarado como testigos. Una de las ellas, Marcela Beatriz Leiva, contó cómo llegó al clan Sena y reveló las condiciones en las que trabajaban. “El trato era siempre malo, habían insultos, denigraban a todos los trabajadores, los manipulaban y amenazaban. Los obligaban a ir a las plazas para mostrar la fuerza que tenía el movimiento, les decían que debían llevar a los chicos para que estos aprendan el espíritu de lucha y a la vez sirvan de escudo para que no los repriman”, declaró hace diez días ante la Fiscalía.
No fue todo. “Las condiciones de trabajo eran malas, en el predio donde construían las viviendas solo había un baño hecho de palo y lonas para las mujeres, también debían cumplir guardias de 12 horas para cuidar el predio”, dijo Leiva, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales. Se refería al ex Campo de Tiro del Ejército, ubicado en la ruta 11. Sena tomó esas tierras en 2007 y luego se asoció al Plan Sueños Compartidos, comandado por Schoklender, para empezar a construir unas 500 viviendas.
La mujer dio más detalles: “Comían sentados en el piso, no le tenían permiso para salir ni a comparar hielo para los días de mucho calor. Un día un compañero se descompuso y Emerenciano dio la orden que lo saquen para que no se muera adentro y le suspendan la obra”.
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Leiva ya había declarado contra los Sena. A partir de ese momento, según dijo, fue amenazada, le prendieron fuego el auto, intentaron secuestrar a su hijo, y hasta le balearon el frente de su casa.
La causa judicial arrancó en marzo de 2010, y al comienzo estuvo a cargo del fiscal subrogante Gustavo Corregido. La denuncia original de Schoklender apuntaba a tres delitos:
1) sometimiento a servidumbre a los trabajadores que prestaban servicios en el lugar, a quienes bajo extorsión y amenaza le sacaban parte de sus salarios, los sometían a horarios extendidos de trabajo, sin permitirles salir del predio, también debían asistir a las protestas sociales y desobedecer las directivas de la fundación Madres de Plaza de Mayo, lo que incluyó el cese de actividades
2) sustracción y apoderamiento ilegítimo de ropa de trabajo, equipos de seguridad (cascos, barbijos, antiparras etc), dinero remitido para gastos de alimentación y materiales de contrucción- de aproximadamente 40 viviendas- remitidos por la Fundación
3) usurpación del predio del ex campo de tiro, cuya tenencia había sido conferida por el estado provincial a la Fundación para cumplir la finalidad de los convenios.
“La denuncia fue desestimada en un comienzo pero la Cámara Federal la reabrió por impulso de los querellantes”, explicó una fuente judicial.
Luego de analizar todo el expediente, Sabadini también citó a María Soledad Vega, quien ratificó el maltrato que sufrían los trabajadores. “Un día Marcela Acuña golpeó a una compañera llamada Alejandra cuando estaba trabajando porque decía que provocaba a los compañeros y la humilló después en una reunión ante todos”, recordó.
Para ese entonces, ya había explotado la guerra entre Schoklender y Sena. El ex apoderado de las Madres denunció al piquetero y a “sus punteros” de quedarse con dinero de los obreros y de explotarlos. En respuesta, Sena habló de desmanejos financieros y hasta de “grupos armados” que fueron trasladados al Chaco para amedrentar a los obreros.
“Un día llegó Schoklender a controlar cómo iban las obras y no lo dejaban entrar al predio, le hicieron bajar los pantalones para ver si llevaba armas. Una vez que ingresó comenzó a reclamarle a los Sena por los 12 millones de fondos que había enviado, por las malas condiciones en que estaban lo obreros, Acuña lo enfrentaba y le decía que tenía todos los papeles”, declaró Vega ante el fiscal dos días antes de las PASO.
En los próximos días, el fiscal también citará a Schoklender para que declare como testigo, pudo saber Infobae. El ex apoderado no debería trasladarse hasta Chaco y declararía desde los tribunales de Comodoro Py. Igualmente, ya no tiene interés en esa causa. Está más preocupado por el comienzo del juicio oral por el escándalo de Sueños Compartidos, que todavía no tiene fecha.
La semana pasada, el ex apoderado de los Madres sufrió un duro revés cuando la Corte Suprema desestimó su pedido de sobreseimiento. Ya había perdido la batalla en el TOF 5 y en la Cámara de Casación.
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