El juez que acusó a una prostituta por haberle robado la billetera seguirá en su cargo: el jury no lo pudo destituir

Un jurado de enjuiciamiento resolvió este martes restituir en su cargo al juez de Ejecución Penal Nº 2 de Bahía Blanca, Onildo Osvaldo Stemphelet, que estaba acusado de incumplir los deberes y realizar actos incompatibles con la dignidad.

La Procuración bonaerense reclamaba su destitución, pero el jury no alcanzó la mayoría que se necesitaba para proceder a su apartamiento. Es que insólitamente los legisladores del jury no se presentaron y la votación quedó cuatro a cuatro.

Los encargados de llevar adelante el jury fueron el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Gabriel Torres, los conjueces Gabriela Demaría y María Lorena Mandagarán y los conjueces abogados Aníbal Juan Mathis, Pablo Agustín Grillo Ciocchini, Jorge Pablo Martínez, Julián Alberto Oliva y Pedro Arbini Trujillo. La pata política del jury se abstuvo de participar: Walter Caruso (de Juntos por el Cambio) junto a Susana González y Francisco Durañona, estos dos últimos de Unión por la Patria.

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Según la ley de enjuiciamiento de magistrados de la provincia, para poder destituir a un magistrado se necesita tener mayoría absoluta del total de los miembros, once, por lo tanto se necesitaban seis votos por la destitución. Si los tres legisladores no fueron, solo quedaban ocho votando.

Por la destitución, votó el juez Torres, dos conjueces Demaría y Mandagarán y el abogado Oliva. “Los acontecimientos valorados, analizados e interpretados de manera armónica, permiten sostener, con el grado de certeza propia de un juicio de mérito, que el accionar llevado a cabo por el magistrado enjuiciado se apartó del decoro exigido, como base de la buena conducta, por todo el ordenamiento normativo, incluida nuestra Constitución provincial, para conservar su cargo”, dijo Torres.

“En base a los fundamentos y probanzas, cabe concluir que el magistrado acusado incurrió en mal desempeño en sus funciones cesando de esta manera la “buena conducta” que era la condición indispensable para la preservación de su empleo”, expresó. Y sostuvo que “las conductas, activas u omisivas, comprobadas trasuntan en mal desempeño y, de ese modo, ameritan la destitución del magistrado Stemphelet al no conservar las condiciones de idoneidad mínimas y necesarias para el desempeño de la magistratura en el ámbito de nuestra provincia de Buenos Aires”.

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Otros cuatro abogados, Pablo Agustín Grillo Ciochini, Aníbal Juan Mathis, Jorge Pablo Martínez y Pedro Arbini Trujillo, no creyeron en el testimonio de la víctima. “Toda la secuencia es bizarra -admitió uno de ellos-, sin embargo lo que nos toca juzgar aquí excluye los elementos bizarros que pueda aportar la ‘construcción periodística’ y se circunscribe a qué fue lo que efectivamente puede probarse que haya hecho el acusado, no a lo que podría haber hecho, a lo que razonablemente creemos que habría hecho, o a lo que suponemos que pasó”,

Y agregó: “O que nos persuadan de que existió un allanamiento ilegal y de que el acusado lo ordenó, propició o participó en él. O que nos convenzan de que la Sra. R. B. fue ilegítimamente privada de su libertad y de que el acusado haya ordenado, pedido o al menos sugerido tal conducta. A partir del análisis de las pruebas, encuentro que, en todos los casos, la respuesta es negativa”.

Así las cosas, con cuatro a cuatro, el juez investigado vuelve a su cargo y se deja sin efecto el embargo del 40 por ciento de su sueldo que se dispuso con su suspensión.

Se inició el 15 de mayo de 2019, cuando el juez acudió a un encuentro íntimo previo en un departamento ubicado en la calle Rivadavia al 2200, en la ciudad de Bahía Blanca. Al salir, se dio cuenta que le faltaba la billetera. Entonces, llamó a la Policía.

El caso tomó trascendencia mediática un mes después. El procurador general de la Suprema Corte, Julio Conte Grand, presentó la denuncia al juez Stemphelet por “comportamiento inapropiado y menoscabo a la integridad de una mujer” ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires.

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“No sabía si llamar a la Policía, denunciar. Pensé en irme a mi casa pero me pareció más honesto y digno denunciar el hecho, por más que sabía que esa situación me iba a perjudicar en mi situación familiar, nunca pensé llegar a esta instancia, todavía no asimilo cómo llegué hasta acá”, declaró el juez en el jury. Y admitió que llamó a un amigo policía para saber de qué manera actuar.

La acusación, a cargo del fiscal Lucas Oyhanarte, sostuvo que “no hay dudas de que toleró o, al menos, auspició, este procedimiento irregular donde se afectaron derechos constitucionales básicos de una mujer”. Pero la defensa, a cargo de la abogada María Graciela Cortázar, afirmó que la acusación era “vacía” y que no hubo conductas inapropiadas de parte del juez.

En las dos jornadas que duró el debate, el tribunal escuchó a los policías que actuaron en el procedimiento y también a Jésica, la mujer con la que había estado del magistrado. Hubo incluso una polémica por su declaración: la defensa acusó que la mujer había dicho que no estaba en condiciones de declarar ni presentarse ante el jurado, pero se presentó en una sede fiscal de Bahía Blanca para ser interrogada por zoom.

“Hoy soy ama de casa pero anteriormente trabajaba de escort para mantener a mis hijos”, declaró la mujer que fue protagonista del hecho aquella noche . Al señor lo conocí en aquella época, él me había llamado para prestarle un servicio, fue a mi domicilio y así lo hice”, detalló.

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La fiscalía preguntó si le había pagado el encuentro, que fue respondido en forma afirmativa, y la duración del encuentro, establecida en unos 30 minutos. La mujer detalló que cuando terminó el servicio, el juez se retiró del domicilio pero a los 40 minutos volvió acusándola de haberle robado la billetera y la tarjeta de crédito. “Yo le dije que no le había robado”, expresó. Y preguntó en su declaración: “¿En qué momento se lo iba a robar si estuve en todo momento con él en la habitación?”.

La mujer aseguró que lo dejó pasar para revisar pero, como la billetera no aparecía, él llamó a la policía. Los agentes entraron directamente a la vivienda de la mujer y allí ella afirmó: “Yo no le robé nada al señor”. Y agregó: “Me sentí muy intimidada”. Además, dijo que la llevaron a la comisaría para radicar una denuncia en su contra. En sus palabras, el juez la amenazó. Y afirmó que después de eso apareció “escrachada” en redes sociales y que su familia no sabía cuál era su trabajo.

La defensa del juez también la interrogó y la mujer reconoció que el juez no fue a la comisaría y admitió que no realizó la falsa denuncia. La abogada pidió que le exhibiera el acta que la testigo había firmado en la comisaría. La mujer terminó admitiendo que en aquel momento no la había leído y que había ido voluntariamente a la seccional a lo que agregó que el problema se le generó cuando la noticia se hizo pública. La abogada defensora avisó que podría haber un careo con su cliente.

Al día siguiente declaró el juez acusado. “Al momento de haber advertido que me faltaba el dinero y una tarjeta de crédito cuando estaba en la calle, tuve emociones encontradas dado que no sabía si llamar a la policía, denunciar o no decir nada e irme a mi casa para que nadie se entere de nada”. Y completó: “Me pareció más honesto y digno denunciar el hecho, no dejarlo pasar por más que sabía que esa situación me iba a perjudicar, mi pensamiento era que me iba a perjudicar con mi familia, nunca pensé en llegar a esta instancia”.

Entonces, el magistrado reconoció que se le ocurrió “llamar a un amigo (policía jubilado )” y que le aconsejara cómo proceder. “Fue una comunicación confusa, me cortó y en ese intermedio él llamó al comando de patrullas, cuando se volvió a comunicar ya llegaba el patrullero”.

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Además, subrayó que a los funcionarios policiales de Bahía Blanca no los conocía y les explicó lo que había sucedido. Que sospechaba que una persona con la que había estado minutos antes le había sacado el dinero. Los policías golpearon la puerta, el juez quedó de espaldas al domicilio, a unos metros. Además, declaró que los efectivos lo mandaron a la comisaría y aclaró que iría a la fiscalía. Luego se retiró.

El juez también puso en duda varios de los dichos de la mujer con la que había estado. “Después de declarar en mi contra, ya no necesitó más ser escort, ahora dice que está sola y es ama de casa... ¿cómo cuida a sus hijos? Mi única intención es que se sepa la verdad”, dijo el juez entre lágrimas. El presidente del tribunal lo esperó a que tomara agua y se recompusiese. Le preguntó si iba a responder preguntas y el juez acusado asintió.

La fiscalía insistió en preguntarle cómo fue la escena cuando regresó al domicilio mientras que el juez afirmó que, por su personalidad, cuando se pone nervioso habla cada vez más bajo así que desmintió haberla patoteado.

Además, aseguró que nunca le exhibió su credencial del Poder Judicial porque “siempre estuvo en el cajón de mi escritorio”. Y que aprovechó para decirle al fiscal que lo acusaba que él no fue a la comisaría porque, con la intervención policial, solo le correspondía ser llamado a declarar. Además, expresó que viendo el acta del procedimiento, deduce que la policía solo identificó a la mujer porque estaba indocumentada. “Ella misma dijo que fue voluntariamente”, subrayó.

Llegó el momento de los alegatos donde el fiscal reclamó la destitución. “Su descargo no termina de convencer”, subrayó. Habló de contradicciones de los policías y pidió atender el testimonio de la mujer víctima con perspectiva de género. “El juez realizó actividades contrarias a la dignidad que el cargo impone, no cabe dudas que incurrió en mal desempeño y que, ante la sospecha de haber sufrido un robo -que luego no denunció- el magistrado no dudo en violar la ley o permitir que se viole y avasallar los derechos de una persona en vulnerabilidad”, declaró.

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La defensa reclamó su absolución. “Deben desechar la acusación simplemente porque no se ha podido acreditar cuáles son las conductas que hizo para que se avance en la destitución, los hechos que han quedado acreditados acá de ningún modo comprometen al doctor”, sostuvo su abogada.

Y la letrada agregó que “el fiscal dice que no tenemos por qué no creerle a la testigo”. Y fundamentó: “Sí, hay varias razones por las cuales no creerle ahora, si fue voluntariamente a la comisaría y en el acta se dejó constancia de lo que pasó, no hubo privación de la libertad, más denuncia que avisarle a la policía: no existen buenas razones para creer que estuviera en posición de abusar de su autoridad”.

La defensa también recordó el testimonio del periodista Germán Sasso, que señaló que había investigaciones sobre prostitutas que robaban a sus clientes. “Parece ser que le decían Gatúbela porque el personaje de ficción era ladrona -bromeó-, esa es una buena razón para sospechar que mienta o que, por lo menos, acomoda su versión sobre lo que vivió ese día”, agregó. Y cerró: “Pero aún creyéndole, en este testimonio extemporáneo, tampoco se sostiene con otras pruebas”.

El veredicto llegó este martes: el tribunal no pudo alcanzar una mayoría para dictar una destitución y así, el juez, volverá a su puesto.

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