El CEO de la fintech Wenance, Alejandro Muszak, se abstuvo de declarar en indagatoria esta mañana durante su presentación vía Zoom ante la jueza de Instrucción Paula González y la fiscal Mónica Cuñarro.
Se determinó que las empresas del grupo Wenance, que operan bajo distintas denominaciones, captaban clientes a quienes ofrecían préstamos mediante publicidad en redes sociales y otros medios. Estos préstamos, a pesar de ser por montos reducidos, poseían altas tasas de interés y se concedían con facilidad y escasos requisitos. Para recuperar el capital prestado, la compañía efectuaba débitos directos de las cuentas bancarias de los clientes. En ciertos casos, estos débitos persistieron incluso después de haber liquidado el préstamo, llegando a vaciar las cuentas de algunos afectados. Por estas razones, se acusa a Muszak de cometer estafas reiteradas y usura.
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Muszak no es el único señalado en esta situación. Por esta razón, la jueza González también convocó a Santiago Hardie -ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri-, Gustavo Molas y Paola Vallone, todos vinculados a empresas asociadas con Wenance. La fiscal Cuñarro, al solicitar las indagatorias, imputó a los acusados de: “…Integrar una organización delictiva, en la que no se descarta la participación de otros individuos, con el objetivo de cometer delitos contra la propiedad de manera sistemática y reiterada, incluyendo defraudaciones mediante el uso no autorizado de datos personales”. Los hechos investigados datan desde 2016.
Muszak intentó postergar las indagatorias presentando acuerdos de mediación civil con 46 afectados, incluyendo a algunos de los denunciantes. Propuso aplicar la conciliación y reparación integral del daño para detener la acción penal, conforme a la legislación vigente.
Sin embargo, la fiscal Cuñarro se opuso a la solicitud de conciliación. Argumentó que Wenance otorgó préstamos a individuos que no cumplían con los estándares del sistema bancario tradicional, cobrándoles tasas de interés exorbitantes. Además, señaló que los montos acordados en las mediaciones eran mínimos en comparación con los perjuicios causados a las víctimas. Cuñarro describió la petición de suspensión como una táctica “dilatoria”.
Dado que el acuerdo de conciliación requiere la aprobación del Ministerio Público Fiscal, la jueza González desestimó la solicitud y procedió con las indagatorias. Muszak optó por el silencio, un derecho que asiste a todos los imputados y que no implica culpabilidad.
La jueza González programó las indagatorias de Hardie para el 24 de agosto. Molas declarará el 30 de agosto. En el caso de Vallone, fue citada para el 31 de agosto, pero aún no ha sido notificada. Se encomendó a la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal que la localice. Si no se logra contactar a Vallone en breve, se podría emitir una orden de captura.
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