Ahora sí los nuevos acusados en la investigación por el atentado a la AMIA son técnicamente prófugos. “Habiendo transcurrido el término dentro del cual debían presentarse HUSSEIN MOUNIR MOUZANNAR, ALÍ HUSSEIN ABDALLAH, ABDALLAH SALMAN Y FAROUK ABDUL HAY OMAIRI y no habiendo estos comparecido a estar a derecho, por imperio legal corresponde declarar su rebeldía (artículos 288 y ss. Del C.P.P.N.), lo que aquí se resuelve”, escribió este lunes el juez federal Daniel Rafecas, al frente del juzgado federal 6 que investiga el ataque a la mutual judía, ocurrido hace 29 años.
A mitad de junio pasado, el juez Rafecas ordenó la captura nacional e internacional de cuatro sospechosos de haber participado en el atentado. Los buscados son miembros del Hezbollah: Hussein Mounir Mouzannar, Alí Hussein Abdallah, Farouk Abdul Hay Omairi y a Abdallah Salman (alias) José El Reda. Los tres primeros residirían en las zonas de la Triple Frontera, entre las ciudades de Foz de Iguazú y Ciudad del Este. El Reda, que ya está declarado prófugo de la Argentina por la voladura de la Embajada de Israel en 1992, se encontraría en El Líbano.
Fue el fiscal de la UFI AMIA Sebastián Basso quien venía reclamando las detenciones para poder tomarles declaración indagatoria como sospechosos del ataque. A su criterio, está “suficientemente acreditada su pertenencia y/o cooperación con la banda criminal que denominaré brazo armado del ‘Hezbollah’”.
El fiscal Basso formalizó su acusación: imputó por asociación ilícita armada, agravada por su finalidad discriminatoria, y requirió que se convoque al proceso a Hussein Mounir Mouzannar, Alí Hussein Abdallah, Abdallah Salman (a) José El Reda y Farouk Abdul Hay Omairi, al considerar “suficientemente acreditada su pertenencia y/o cooperación con la banda criminal que denominaré brazo armado del ‘Hezbollah’”. La fiscalía sostuvo que debían responder penalmente como “coautores” del atentado “por su pertenencia y colaboración con una banda armada, agravada por su finalidad discriminatoria”.
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El mismo día que en los portales de los diarios anunciaban la orden de captura de los cuatro nuevos buscados, uno de ellos, Mouzannar, salió de Paraguay. La noticia había sido adelantada por su abogado a una radio de ese país. Explicó que su cliente no tenía nada que ver con el ataque y que salió de Paraguay “para alejarse del peligro y que nosotros podamos trabajar tranquilos y no bajo presión”.
Según indicaron a Infobae las fuentes consultadas, el reconocido comerciante de la Triple Frontera está en el Líbano. Salió de Paraguay rumbo a Brasil, y de ahí abordó un vuelo con tickets que compró su esposa vía Doha a Beirut. Desde allí, y con los movimientos de un abogado argentino, hizo saber en la causa que no se fugó, que viaja habitualmente al Líbano para visitar a su madre enferma y que está a disposición para prestar colaboración.
Pero Mouzannar no quiere declarar detenido. Difícilmente pueda concedérsele el deseo, dicen fuentes judiciales a este medio. Está acusado de un crimen que implica detención. Las declaraciones vía zoom que se tomaron en la causa fueron testimoniales, no indagatorias y es extraño analizar la sujeción del imputado al proceso si está fuera del país. Por mucho menos, en cualquier caso, se niegan excarcelaciones.
La causa sostiene que la explosión fue ideada y preparada por quienes por entonces ejercían el poder en la República Islámica de Irán, y que fue ejecutada por la organización terrorista libanesa Hezbollah. Hay ocho pedidos de captura sobre los sospechosos que se resisten a ser indagados por los tribunales argentinos. Algunos de esos imputados, sobre los que pesan cinco alertas rojas de Interpol renovadas hasta 2027, circulan por el mundo sin ser atrapados gracias a pasaportes diplomáticos.
La Justicia argentina sostiene que los funcionarios iraníes considerados responsables de decidir, planificar y ejecutar el ataque fueron: Alí Akbar Hashemi Bahramaie Rafsanjani (a la época de los hechos presidente de la República Islámica de Irán), Alí Fallahijan (por entonces Ministro de Información iraní), Alí Akbar Velayati (en aquel tiempo Ministro de Relaciones Exteriores de la nación persa), Mohsen Rezai (por entonces a cargo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria “Pasdaran”), Ahmad Vahidi (en aquella época a cargo de la fuerza de elite “Al Quds” perteneciente a la Guardia Revolucionaria), Mohsen Rabbani (al tiempo de los hechos Consejero Cultural de la Embajada iraní en nuestro país), Ahmad Reza Asghari o Mohsen Randjbaran (en aquel entonces Tercer Secretario de la representación diplomática iraní en Argentina), y Hadi Soleimanpour (en aquella época Embajador de la República Islámica de Irán en Buenos Aires).
A esa lista se sumó Imad Fayez Moughnieh, por entonces a cargo del Servicio Exterior de la agrupación terrorista libanesa y acusado de dirigir el grupo que atacó la sede de la mutual judía en Buenos Aires. Según se pudo establecer, ya falleció al igual que el ex presidente Rafsanjani y por lo tanto se ordenó sus respectivos sobreseimientos.
Hay un último sospechoso sobre el que la Justicia argentina ha puesto todas las miradas: Samuel Salman El Reda o Salman Raouf Salman, un miembro activo del Hezbollah que vivía en la Triple Frontera y estuvo en Buenos Aires en julio de 1994 cuando ocurrió el atentado. A él se le adjudica haber transmitido información indispensable para la concreción del ataque. Se cree que fue un nexo de los agentes internacionales que actuaron en territorio argentino.
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